Con la evidente demostración de adecuar la Constitución Nacional al ejercicio unipersonal y autocrático de todos los Poderes Públicos por parte del Presidente de la República, la Asamblea Nacional no sólo decide renunciar a sus facultades constitucionales otorgándole poderes habilitantes al Jefe del gobierno para elaborar leyes en todas la materias que considere convenientes a sus intereses caudillescos, sino que también resuelve dotarlo de una nueva Constitución que le permita justificar todo tipo de violaciones a los derechos ciudadanos.

Después de una aparente discusión en la calle, a la que sólo asistían militantes del nuevo Partido de gobierno y en la que eran rechazados y hasta atropellados aquellos venezolanos que se acercaban a las asambleas convocadas con fines aclamacionistas, la mayoría oficialista se reúne en Comisión Especial para aprobar el mandato del Jefe Único. Y no conforme con darle el visto bueno a las modificaciones de los 33 artículos que pide el Presidente de la República, suficientes para colocar en sus manos un suprapoder centralizado y vertical, decide agregarle 25 artículos más, que seguramente fueron enviados por el Comandante en Jefe, para no dejar lugar a dudas de que el socialismo del siglo XXI lo tratarán de imponer mediante una aparente legalidad.

La nueva Constitución deja de ser un problema exclusivamente jurídico, para convertirse en el gran desafío político a la conciencia democrática de los venezolanos y al papel de los organismos internacionales, que como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU han suscrito acuerdos en defensa de la democracia, firmados y ratificados por todos sus integrantes, incluyendo al gobierno de nuestro país.

Las múltiples violaciones a diferentes artículos de la Constitución vigente han sido demostradas y denunciadas por especialistas en la materia a escala nacional e internacional, por lo que queda en manos de los venezolanos -incluyendo a los chavistas que comienzan a verse retratados en los juicios que el Jefe Único de la Unión Soviética, el camarada Stalin, le hizo a los disidentes, militantes del Partido Comunista, que osaron contrariar los dogmas y decisiones personales de sus Comandante en Jefe -emprender toda forma de lucha legal, constitucional, para impedir la instauración de una dictadura legalizada.

De allí que no debe resultar incompatible la protesta en la calle, la reiteración de la denuncia por inconstitucional del intento de aprobar una Nueva Constitución violando las disposiciones que la Carta Maga vigente establece para su reforma, ante el Tribunal Supremo de Justicia y organismos internacionales competentes, y la convocatoria por miles de ciudadanos de una Asamblea Nacional Constituyente, tal vez la salida que encuentre mayor consenso, porque llevaría implícito la invitación o convocatoria a la reconciliación nacional.