Cada vez cobra más fuerza una interpretación que sugiere que la dirección y el curso de la economía venezolana en realidad se encaminan hacia una forma especial, el capitalismo de Estado. Esta especial manera de organizar la economía fue definida por Vladimir Lenin de la siguiente manera, en 1922: “El capitalismo de Estado es el capitalismo que existe bajo un régimen capitalista, cuando el poder estatal subordina directamente a sí mismo estas o las otras empresas capitalistas”. Esta es una buena definición pero claramente incompleta, en la medida en que puede existir competencia entre distintas empresas, entre si o entre las empresas estatales y las privadas. Sin embargo, tal vez la precisión que habría que hacer en Venezuela es que no se trata de un simple capitalismo de Estado, sino más bien de capitalismo monopolista de Estado, que es una etapa más evolucionada. No es fácil encontrar un tratamiento del tema. Fue el francés Paul Boccara quien en su trabajo de 1966, Introduction à la Question du Capitalisme Monopoliste D´Etat, quien mejor trató el tema. Boccara concibe la formación del capitalismo monopolista de Estado como parte de la fase imperialista, cuando se pasa de la propiedad de las corporaciones a la propiedad concentrada de los medios de producción fundamentales en manos del Estado, el representante del verdadero poder. Así, el Estado asume funciones típicamente capitalistas de producción de bienes para el intercambio, llamados mercancías.

La versión más clara del capitalismo monopolista de Estado en Venezuela la constituye PDVSA. Esta empresa es totalmente propiedad estatal y produce un bien, petróleo crudo, que se vende como mercancía en el mercado mundial, extrayendo una altísima cuota de ganancia en esa transacción. Los trabajadores de PDVSA son simples asalariados, que reciben una remuneración, alto o bajo, eso no importa. El asunto es que la clase trabajadora no es propietaria de la empresa y nada decide de su gestión. Los dividendos de la compañía, se distribuyen a su único accionista, el Gobierno Nacional una vez cubiertos sus costos, entre ellos los pagos de sueldos y salarios. Pero eso ha sido así, poco ha cambiado, salvo el ámbito amplificado de lo que hace PDVSA.

La acción del capitalismo monopolista de Estado hay que verla no solamente en lo relativo a la propiedad, sino también a la regulación total de la economía. Esa regulación en Venezuela comprende la fijación de los precios fundamentales de la economía, tales como el tipo de cambio, los salarios, la tasa de interés, las comisiones bancarias, los precios de bienes y servicios, el acceso a las divisas, entre otros. Además se trata de regulaciones prolongadas que se hacen parte de la manera de entender y dirigir la economía. Ahora bien, el Estado como propietario de medios de producción ha avanzado significativamente y en sectores como el de alimentos, tanto en su elaboración como en su comercialización, su adelanto es notorio. Pero tal vez donde mayormente reside el poder monopólico del Estado es en lo referido a los insumos industriales. El Estado actúa como un monopolista absoluto en la producción de alúmina y aluminio, a través de sus empresas Alcasa, Vanalum y Bauxilum, en las cuales los trabajadores son asalariados puros. Algo similar ocurre en la producción de las empresas del cemento tras su estatización. El total del cemento producido en Venezuela lo manufactura un conglomerado estatal, donde la fuerza de trabajo se vende al patrono Estado a cambio de un salario. En el caso del mineral del hierro, también con la empresa Ferrominera se estructura un monopolio. En lo concerniente al acero, existe un virtual monopolio en manos de Sidor, empresa que era social y ahora es estatal. La fase industrial del petróleo que implica la elaboración de combustibles y otros derivados es igualmente un monopolio estatal, donde, de nuevo, la clase obrera de los complejos petroquímicos la conforma asalariados, que no tienen ninguna participación accionaria en esas empresas.

En el caso de los telecomunicaciones, en telefonía fija existe un monopolio por parte de la empresa CANTV mientras que en la telefonía móvil la situación es de un virtual duopolio, al repartirse dos empresas, una de ellas estatal, más de 90% del mercado. En los medios de comunicación social, la situación es más difícil de analizar. Aunque formalmente no existe monopolio en la propiedad, ni de la radio ni la televisión, si lo hay en el espectro radioeléctrico y aún más en su uso. Encadenar durante horas y con elevada frecuencia a la audiencia con mensajes del gobierno o del presidente, es una forma de monopolio, que actúa como si el Estado fuese el propietario que toma para si los canales y las radios con un mensaje y lo difunde sostenidamente el tiempo que quiera y el horario que escoja, esto sin contar con las emisoras privadas que se pegan a las transmisiones oficiales aún sin que haya cadena nacional.

En el sistema bancario, la regulación del Estado es sustancial y también lo está haciendo en la propiedad. Ya el Estado controla de forma directa más de un cuarto del sistema financiero, tanto en depósitos como en créditos. Pero ese control se complementa con las carteras dirigidas donde casi 40% de los depósitos captados por los bancos tiene que canalizarse hacia actividades seleccionadas por el Estado a lo que hay que añadir, la fijación de las tasas de interés y las comisiones bancarias también por parte del Estado. Muchos banqueros no saben que en realidad ellos son buenos administradores y que el verdadero poder financiero lo tiene el capitalismo de Estado. La revolución bolivariana degenera hacia la forma más agresiva de capitalismo.

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