Quienes
militamos en las filas del progreso social, la equidad y la
democracia como fórmula de gobierno, tenemos profundas
críticas al modelo de Estado que el gobierno de Hugo Chávez
está configurando en Venezuela. Inexplicablemente Hugo
Chávez tiene metido en la cabeza que el socialismo es
sinónimo de propiedad estatal de los medios de producción y
es esa creencia, anclada en el pasado lo que lo está
llevando a Venezuela a convertirse dentro de poco tiempo en
una especie de parque jurásico donde van a quedar los
despojos del amasijo de empresas públicas quebradas, como ya
se vislumbra en la región de Guayana, en lo que una vez
fueran catalogadas como empresas básicas. En el mundo
moderno no existe el concepto de empresa básica: lo básico
es el talento humano y ese se adquiere con educación de
calidad.
Desde 2003,
Chávez ha emprendido una carrera alocada de expropiaciones y
confiscaciones de empresas, fincas, edificaciones y terrenos
y ahora acumula una deuda que la estrechez fiscal producto
del despilfarro de ingentes recursos petroleros, no le
permite pagar. Le debe a medio mundo y corre el riesgo
cierto de perder los juicios con las compañías petroleras
estatizadas. Venezuela tiene un Estado que se ha
transformado en el principal propietario de los medios de
producción, tanto los producidos como las fábricas como lo
no producidos como la tierra.
El ámbito
empresarial del Estado no cesa de crecer y con ello las
obligaciones financieras de ese conglomerado de empresas que
consecutivamente arrastra pérdidas que alguien debe
financiar. Debe advertirse que parejo a la expansión de las
empresas públicas se ha estructurado una burocracia
sumamente ineficiente con elevados sueldos que actúa como
sanguijuela pegada del presupuesto nacional. A partir de
2007, tras las estatizaciones de la Electricidad de Caracas,
la CANTV, Lácteos Los Andes y una cadena de frigoríficos, a
las que siguió Sidor y las empresas del cemento, el gobierno
decidió recientemente confiscar las empresas que prestaban
servicios a PDVSA en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo
al igual que las compañías de almacenamiento en los puertos
de Venezuela para crear Bolipuertos, en una asociación
paritaria con el gobierno de Cuba, que de administración y
gerencia de puertos debe saber lo mismo que el gobierno de
Burundi de energía atómica. A quién se le ocurre que una
economía cerrada como la cubana, que exporta poco e importa
menos de lo que exporta, pueda tener personal capacitado
para manejar los puertos de Venezuela. Si Chávez quiere
seguir con la fiesta de darle plata a Cuba que lo haga
directamente y no mediante actos simulados de empresas
mixtas de maletín.
El caso es
que la ampliación del Estado empresarial está arrastrando a
las finanzas públicas de Venezuela a situaciones
deficitarias con lo cual lo se está a endeudando
masivamente. En el primer semestre de 2009, la deuda pública
aumentó más de US$ 8.000 millones y se estima que va a
seguir creciendo. Lo peor de todo está en el sacrificio de
lo social. En tanto que el Estado trata de producir acero,
aluminio, hierro, cemento, vehículos, mantener flotas de
aviones comerciales, líneas de trasporte público, elaborar
harina de maíz, aceites, franelas y camisas, empacar arroz y
granos, montar areperas, administrar hoteles, teleféricos
entre otras actividades, la salud, la educación, la
infraestructura y la seguridad personal están abandonados.
El drama de las parturientas a las puertas de los hospitales
es un hecho cotidiano y tuvo que atreverse una señora a
señalarle al Presidente de la República la tragedia de un
familiar el domingo 9 de agosto de 2009 para que se ordenara
el clásico operativo en los hospitales. Mientras la gente
humilde tiene que sufrir en los hospitales públicos, los
funcionarios disfrutan de sus pólizas privadas de cirugía,
hospitalización y maternidad, comenzando por el mismo
presidente cuya familia acude a las mejores clínicas de
Caracas.
En lo
relativo a la educación, es verdaderamente una tragedia la
situación de los colegios públicos: la planta física
presenta deterioros apreciables, la dotación de materiales,
incluyendo computadores es nula y los sueldos de los
maestros y profesores es vergonzoso. Con razón los hijos de
los altos jerarcas del gobierno estudian en colegios
privados. La seguridad social en Venezuela es inexistente
porque después de siete años de aprobada la Ley Marco,
todavía el subsistema de pensiones no ha sido sancionado por
la Asamblea Nacional y sin pensiones no hay seguridad
social. En cuanto a la infraestructura del país,
básicamente se cuenta con la misma red de autopistas que
hace quince años y gracias a la continuidad de las obras de
los metros en algunas ciudades, la situación no es peor. No
hay correspondencia entre los ingresos recibidos y la obra
realizada.
Un nuevo
proyecto político en Venezuela tiene que tomar como
referencia al Estado social como sustituto superior de este
mamotreto en que ha degenerado el Estado empresarial. Se
sirve mejor al pueblo con educación, salud y seguridad
social que con empresas industriales y comerciales que solo
han servido para enriquecer a unos pocos.