Desde 2004, el modelo económico seguido por la administración de Hugo Chávez ha tenido dos ejes: el aumento del rol del Estado como propietario de los medios de producción y su consiguiente acumulación del capital en manos del sector público y una regulación excesiva de la actividad económica privada. Ello coincidió con un comportamiento extraordinariamente favorable de los precios del petróleo cuyas cotizaciones pasaron de US$ 32,8 por barril en 2004 hasta US$ 86,7 por barril en 2008. Sin embargo, desde julio de 2008 cuando los precios tocaron el techo de US$ 132 por barril, se ha observado una clara tendencia a la caída a pesar de los recientes recortes de producción en el seno de la OPEP, lo cuales por primera vez han resultado inefectivos para contener la declinación de los precios.

 

Con altas cotizaciones de los precios petroleros, el Estado venezolano se creyó muy rico y el presidente de la República retaba a quienes querían vender las empresas al gobierno a que lo hicieran porque él pagaba con dinero constante y sonante. Era el Hugo Chávez que pensó que podía comprar al mundo si el mundo le ofrecían en venta. Así, nacionalizó las empresas de la apertura petrolera donde están involucradas Conoco-Phillip, Chevron-Texaco y la Mobil, las cuales no ha pagado todavía. Posteriormente adquirió la CANTV, la Electricidad de Caracas, Lácteos los Andes, entre otras empresas, antes privadas, ahora públicas. Fue más allá Chávez y desafió al consorcio Ternium Techint propietario de Sidor y a las empresas de cemento, Cemex, Holcim y Lafarge con su adquisición. El desacuerdo con los propietarios de Sidor y las empresas cementeras coincidió con el declive de los precios petroleros y allí comenzaron los problemas para el modelo estatal. También dio el presidente Chávez un  paso el falso al pretender estatizar el Banco de Venezuela, lo que no se ha concretado por que el gobierno se está quedando sin el flujo de caja necesario para financiar esa compra, aunque en el camino le hizo un daño terrible a ese banco que perdió buena parte de su cartera de crédito y sus depósitos. La última ocurrencia sucedió en una noche de inspiración cuando se percató el presidente de que el Centro Comercial Sambil de la Candelaria también debía ser expropiado, lo que no paso de ser una bravuconada porque sencillamente no tiene recursos para hacerlo.

 

Pero Hugo Chávez podría dar un viraje. En lugar de pagar esas estatizaciones de empresas en efectivo, puede estar tentado a confiscarlas o equivalentemente a pagarles a sus propietarios con bonos de la deuda pública o con bolívares devaluados por la inflación. Ello evidentemente colocaría en otros términos la situación política y desenmascararía al gobierno en toda su intención.

 

El modelo económico fundamentado en la propiedad estatal de los medios de producción llega a su final con la caída de los precios petroleros y con  la contracción de la economía cuyos síntomas ya se comienzan a percibir. Efectivamente, según la información del BCV, durante el cuarto trimestre de 2008 (ver gráfico) el ritmo de crecimiento económico se tornó más lento como señal de que la economía en 2009 va a experimentar una declinación al apagársele el motor del gasto público que estuvo trabajando a marcha forzada entre 2004 y 2008. En un contexto de falta de estímulo a la inversión privada, es de esperar que el potencial de crecimiento de la economía  se haya resentido como lo atestiguan los datos del ente emisor.

 

A ello se agrega el endurecimiento de las regulaciones de precios y del control de cambios. El primero está liquidando la rentabilidad de la industria y cuestionando su capacidad de producción en tanto que el segundo está estrangulando la  economía al restringirse la entrega de divisas  preferenciales, lo que se refleja en la insuficiencia de insumos, bienes de capital y bienes de consumo, que los burócratas de Cadivi consideran, desde sus cómodas y lujosas oficinas, como bienes no esenciales. De está forma, aquel gobierno soberbio, otrora rico, que todo lo podía, ahora ha caído en una situación de virtual mora con sus proveedores de bienes y servicios a quienes no les paga porque no tiene fondos. No se trata, en consecuencia, del fracaso de una política sino más bien de un modelo de desarrollo que estimó que el Estado puede sustituir a la sociedad como fuente de creación de la riqueza. Cuando el gobierno compra una empresa no crea nueva riqueza, lo que propicia es un cambio de dueño de los activos previamente existentes, y de múltiples propietarios se pasa a un solo, el monopolio del Estado y con ello crea una nueva casta de capataces, quienes fungen como administradores de esas empresas, que se disputan los bienes como si se tratase del reparto de un botín.