Desde mediados de 2008, pero especialmente a partir de septiembre, el gobierno de Venezuela y distintos entes públicos han venido aplicado una política que consiste en no pagarle a los proveedores de bienes y servicios, al punto tal que se ha acumulado una deuda que fácilmente excede los US$ 10.000 millones. Esos compromisos no pagados permiten aseverar que se está en precian de un Estado maula, que contrata servicios y demanda bienes pero que no paga por ellos. La lista de los principales renglones de esas deudas se detalla en el cuadro anexo. Se ha configurado de esta manera una situación muy peligrosa para pequeñas y medianas empresas con cuentas por pagar por parte del gobierno que está obligando a esos establecimientos a endeudarse con bancos para poder cancelar la nómina y seguir operando a la espera de que los funcionarios públicos se dignen a pagar. Las principales deudas se concentran en PDVSA, empresa que mantiene un cepo financiero en contra de sus contratistas y suplidores por cuanto gastó buena parte de su flujo de caja en la financiación de la campaña con motivo de la enmienda y ahora dice carecer de recursos. La paralización de los taladros de empresas que prestan el servicio a PDVSA es una situación que amenaza con crear hechos de conflictividad por la gran cantidad de desempleados que se están generando. Es tan grave la situación de PDVSA  que en buena parte de las clínicas y hospitales privados no se atiende a sus trabajadores en virtud de los montos acumulados por servicios prestados y no pagados. Mientras eso ocurre a los trabajadores, la directiva de PDVSA que tiene seguro médico internacional no confronta esos problemas.

 

Otro caso es el de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), cuyo atraso en los pagos está llevando a la quiebra al establecimiento de pequeñas y mediadas industrias de esa región, además de las clínicas a quienes no se les cancela las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad, todo lo cual ha conformado una situación socialmente explosiva en el estado Bolívar. Algo similar puede decirse de los ministerios y entes descentralizados que mantienen deudas que ya están llegando a límites intolerantes para las empresas que de buena fe contratan con el Estado.

 

Todo ello se agrava con los contratos colectivos vencidos que no se han negociados durante cinco años, lo que también se ha constituido como deuda que debe ser solventada por el gobierno, quien aduce que no tiene fondos disponibles para cancelar esos pasivos laborales. Ello resulta contradictorio para un gobierno que ha insistido en que la  crisis no afecta ha Venezuela y que el país cuenta con fondos para hacerle frente. Si el gobierno tiene esos recursos, ¿por qué se atrasa en los pagos?

 

Las razones son dos y una su consecuencia. En primer lugar, el gobierno en realidad no cuenta con ingresos fiscales suficientes  para hacerle frente a la financiación de un Estado gigantesco que cada bolívar que genera la economía se lo traga sin que su uso se traduzca en producción efectiva. La segunda razón estriba en el hecho de que al no pagar el gobierno se financia y le exprime el bolsillo al sector privado. En un ambiente inflacionario, el atraso en los pagos en un mecanismo de financiamiento ideal para los deudores, en este caso el gobierno. Con una inflación promedio de 35%, la falta de pago oportunamente desvaloriza la deuda del gobierno y cuando el proveedor del Estado logra cobrar ya el dinero vale un cuarta parte menos al caer  su poder de compra debido a la inflación.  La consecuencia: el incentivo a la corrupción en una Administración Pública carcomida por el peculado. Al retenerse los pagos, el funcionario corrompido se ofrece como tramitador y agilizador de las facturas pendiente de pago, pero con el cobro de la comisión debida, sin la cual se vuelve a trancar el proceso de pago al contratista. Se ha estructurado así especies de mafias que prometen aligerar la cancelación de las facturas con el respectivo cobro por adelantado. Nadie denuncia públicamente porque si lo hiciesen se acaba la posibilidad de volver a contratar con el Estado y porque además se sabe que ello es una causa perdida en un país donde para todos los fines prácticos no existe la Contraloría General de la República y los tribunales están al servicio del gobierno y su partido.