Un observador ajeno a Venezuela que lea las noticias económicas y escuche e interprete a los voceros en materia de política monetaria o fiscal, probablemente sentirá una sensación de asombro y desconcierto por los disparates que expresan esos funcionarios. Y es que definitivamente Venezuela con el gobierno de Hugo Chávez encabeza la lista de los países que en América Latina tienen la burocracia pública más incompetente y tal vez también la más corrupta.

Son varios los personajes del gobierno que por lo que dicen y hacen ya forman parte del mundo del folclor venezolano, al menos en materia de economía y finanzas. Así, por ejemplo, durante 2007, la diputada Hiroshima Bravo, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional estuvo planteando que había que enjuiciar a quienes expresaran que la meta de inflación de 17% establecida por el gobierno no se cumpliría, porque esas apreciaciones creaban desestabilización. Igualmente planteó la diputada Bravo encarcelar a los que hablaran de un tipo de cambio diferente del oficial, desconociendo el hecho de que el Ministerio de Finanzas estuvo realizando operaciones de deuda pública al tipo de cambio del mercado paralelo. Quien fungía como portavoz oficioso del gobierno en materia de política monetaria, el director del BCV, Armando León, tuvo la ocurrencia de argumentar que "técnicamente el mercado paralelo del dólar no existía" y que su precio era insignificante porque en dicho mercado de realizaban menos del 5% de las transacciones externas de la economía venezolana y que la economía había entrado en una nueva etapa. El resultado de ese desacierto fue que el precio del dólar escaló hasta Bs/US$ 6.500, ante la mirada cómplice de las autoridades financieras.

Ahora, con motivo del brote inflacionario que sufre Venezuela, la confusión en las filas del gobierno y del BCV no puede ser mayor. El ex ministro de Finanzas, Rafael Isea tuvo el descaro de oficializar en la ley de Presupuesto de 2008 una meta de inflación de 11%, cuando el antecedente inmediato en materia inflacionaria fue 22,5% que registró el alza de los precios en 2007. Posteriormente, ya en funciones el ministro de Planificación, Haimad El Troudi corrigió la meta y la situó en 19,5%, la cual como es evidente no se va a cumplir. La tasa de inflación anualizada de Caracas alcanzó a 32,2% en junio de este año. El directorio del BCV ha guardado un silencio cauto y como el gran Mario Moreno, Cantiflas, ni niega ni afirma. Quien si salió con un cuerpo coherente de medidas para enfrentar la inflación fue el ministro de Agricultura y Tierra, Elías Jaua, quien parece haber dado con la solución a un problema muy serio que ha ocupado mentes prodigiosas de economistas alrededor del mundo. La cura para la inflación en Venezuela consiste en que los consumidores regateen el precio con los vendedores. Nada de políticas en los ámbitos monetario, fiscal, cambiario o de política comercial. Venezuela es distinta y por serlo, también distintos han de ser los remedios a los males. Es mejor que sea el ministro Jaua quien ilustre a los lectores con su explicación: "En el Gabinete Económico se analizó qué hacer con la guarimba económica". Más adelante es preciso con su teoría sobre el combate a la inflación: "Si todos comenzamos e regatear, los especuladores van a comenzar a sentir presión (…), la culpa no le puede achacar al gobierno, no es culpa del gobierno…". Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la inflación, en un país donde no existe política macroeconómica?, ¿Quién imprime dinero en exceso?, ¿Los comerciantes e industriales?

Quizás en ese gabinete que analiza la guarimba económica no han tenido tiempo de revisar el incremento de la liquidez monetaria en los últimos cuatro años, tampoco la trayectoria del gasto y su financiamiento con la doble monetización de las reservas internacionales que el gobierno confiscó al BCV, ni menos todavía analizar los cuellos de botellas a la producción que están causando el control de precios y de cambio.

En esta cruzada regateadora contra la inflación, el ministro Jaua debe tener el apoyo incondicional del presidente del Indecu, Eduardo Samán, quien ha emitido una especie de decreto de guerra a muerte contra las empresas nacionales. Samán, conjuntamente con Jaua, está innovando en materia de economía con su explicación sobre la inflación. Para él el asunto es político, así de simple. La erradicación de la inflación en Venezuela requiere de nuevas instituciones: el poder comunal y la contraloría social. Que sea Samán quien explique el fenómeno de la inflación: "La contraloría social debe ejercer el poder que le ha dado el Estado para impedir que comerciantes inescrupulosos les quiten sus salarios con precios que son excesivos, por lo que deben exigir precios justos". Seguidamente expone Samán: "Se trata de que las instituciones del Estado transfieran el poder al pueblo, para que sean los ciudadanos quienes hagan presión en los comercios para que les bajen los precios". Una pregunta ingenua para Samán: ¿A quienes les compran esos comerciantes que venden caro sus productos?, ¿No será plausible imaginar que el productor le vende a mayores precios a esos comerciantes y que los productores a su vez compran también más caro a otros proveedores?, ¿Cómo se llama ese proceso generalizado de alzas de precios, señor Samán?

Cuando los soviets eran gobierno en Rusia,, después de 1918 se desató una hiperinflación que hizo tambalear a la revolución y provocó posteriormente la adopción de medidas, entre otras la sustitución de la moneda. Durante el primer gobierno de Daniel Ortega, con el sandinismo en el poder, la inflación llegó a 33.000%. La inflación que no distingue ideologías, suele atacar muy duro en países como Venezuela, indisciplinados fiscal y monetariamente y donde además las instituciones económicas están corrompidas y carecen de reputación y credibilidad. Ya veremos si en algún mes por venir los precios se desaceleran, el mérito será para el gobierno, pero cuando vuelvan a subir la culpa será de los comerciantes. Así es que se crea una nueva teoría económica: la del regateo.