Un banco central sin credibilidad no le sirve a una sociedad y son menos útiles cuando sus autoridades son mediocres. Con motivo de la espiral inflacionaria que sufre Venezuela, es patético el análisis que surge desde las alturas del poder del Instituto Emisor. Eso representa una verdadera lástima para Venezuela, los venezolanos y la gente que sigue los asuntos económicos y financieros. En mayo de 2008 la inflación nacional pegó un brinco al pasar de 1,7% en abril a 3,2% durante ese mes. Nótese que la tasa de inflación casi se duplica (de 1,7% a 3,2%). Este fue el análisis que entonces hizo el Directorio del BCV: "El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró en el mes de mayo una variación de 3,2%" Obsérvese que no se califica el incremento de la inflación, simplemente se describe el hecho, como debería ser. En junio de 2008, la tasa de inflación se situó en 3,2%, menor en 0,8 puntos porcentuales a la del mes de mayo la cual se ubicó en 2,4%. En esta ocasión, el Directorio del BCV, como si fuesen empelados del Ministerio de Información, realizó la siguiente valoración de la inflación: "El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró en el mes de junio una variación de 2,4%, significativamente menor a la registrada en el mes anterior (3,2%)". ¡Significativamente menor porque la disminución fue de menos de un punto porcentual!. Pero cuando la inflación casi se duplica en mayo se guarda silencio. Esta forma de ver el asunto de la inflación por parte de las autoridades del BCV sugiere dos cosas: la primera, que les hace falta un curso de estadística elemental para que puedan precisar el contenido de la frase "significativamente" y la segunda que lo hagan con la intensión de confundir y engañar la público. Una tercera opción es que la respuesta sea una combinación de las dos, es decir, de ignorancia y mala fe.

Sin embargo, hecha esta aclaratoria, el problema que ocupa este espacio es el caso de la subida de los precios de los alimentos, la cual está golpeando con fuerza inusitada a los estratos más pobres de la población. Según cifras del BCV, el ritmo de aumento de los precios se ha acelerado hasta alcanzar 49,6% en junio de 2008, respecto a junio de 2007, como se aprecia en el gráfico. Los grupos más pobres de la población destinan casi la mitad de su ingreso a la compra de alimentos lo que refleja que la incidencia de la inflación está recayendo con mayor fuerza justamente en esos sectores pobres. Este fenómeno de alzas de precios de los alimentos pareciera tener dimensiones globales, pero tiende a ser más severo en aquellos países que cancelaron su actividad productiva y desincentivaron la producción agropecuaria, tal como ha ocurrido en Venezuela, que para todos los fines prácticos es una economía de puertos, abierta a las importaciones y cerradas a las exportaciones. Por tanto, la expansión de la demanda, producto de los mayores niveles de gasto, no encuentra respuesta en un sistema productivo privado hostilizado por el gobierno, con regulaciones de precios y de cambio, acoso por parte del Indecu y por los burócratas del Ministerio del Trabajo. A ello hay que añadir, una política agrícola basada en una creencia anclada en el pasado, que considera que Venezuela es un país feudal, como si estuviésemos en los tiempos de Ezequiel Zamora, en 1859 durante la guerra federal y que por tanto hay que arrasar con las fincas y haciendas, mediante confiscaciones, ocupaciones y expropiaciones. Eso es lo que ha realizado el Instituto Nacional de Tierras y el resultado ha sido un estancamiento de la producción agropecuaria de Venezuela, no obstante los cuantiosos recursos destinados al agro, la mayoría de los cuales se ha perdido en proyectos gaseosos como los gallineros verticales, los cultivos hidropónicos, los fundos zamoranos y ahora las empresas de producción social de propiedad estatal. Buena parte del dinero aplicado a la actividad agrícola ha ido a parar a los bolsillos de falsos empresarios del campo, antes adecos y copeyanos y ahora desdoblados en chavistas fanatizados.

Sin incentivos no hay producción. Esa máxima de la economía es desconocida por los ministros, quienes piensan que la buena voluntad es sustituta de políticas públicas apropiadas. Para levantar la producción, los productores del campo requieren certidumbre sobre los derechos de propiedad, financiamiento, mercados seguros y estables y reglas claras del juego. La restricción que enfrenta Venezuela es cómo hacer para que el gobierno entienda que la propiedad estatal de los medios de producción es un pasaporte seguro que condena al país a la improductividad, el despilfarro de recursos y la escasez. Mientras más se tarden en comprender esta lógica básica de funcionamiento de un país civilizado más elevados serán los costos económicos y sociales.