Cada
vez más el gobierno de Hugo Chávez se parece al que presidió
Salvador Allende en Chile y cuyo modelo, al hacer crisis
entre 1972 y 1973, facilitó el golpe de Estado que se venía
fraguando y que encontró condiciones ideales en un manejo de
política económica totalmente equivocado. Claro, Allende,
hombre profundamente democrático, no contaba con los
extraordinarios ingresos externos que tiene la
administración de Chávez para capear la coyuntura ni tampoco
la oposición venezolana está unificada como lo estuvo la
chilena que conspiró contra Allende. Existe la sensación en
Venezuela que, no obstante los elevados recursos petroleros
que entran a raudales a las arcas públicas, al gobierno se
le está escapando el manejo de la situación económica y
financiera. Cada día surge una toma de alguna empresa o
finca sin justificación alguna, situación que paraliza la
producción y profundiza la incertidumbre al tiempo que los
organismos encargados de aplicar la ley se muestran
inmovilizados para restaurar la convivencia obrero-patronal.
Un caso emblemático es el de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor)
la cual en tres meses ha enfrentado nueve paralizaciones por
la interminable discusión de un contrato colectivo, lo que
se convirtió en una excusa para su estatización, con lo cual
se da un paso más en el control estatal de la economía
nacional. A ello hay que agregar la toma de la empresa
FEMSA-Coca Cola por parte de ex trabajadores que reclaman el
pago por los servicios prestados. Aunque el TSJ ha
facilitado un acuerdo, un grupo envalentonado impide la
manufactura de las gaseosas y las labores de miles de
empleados que pueden ver en peligro sus puestos de trabajo.
Una diputada del estado Táchira llegó a sugerir la
nacionalización de la empresa.
La industria automotriz y de auto partes no escapa del
descontrol. Por una disputa laboral en la empresa Metalpress,
la producción de vehículos Mitsubishi y Hyundai se encuentra
detenida, con lo cual se ha exacerbado la escasez de
automóviles con la consiguiente elevación de los precios. De
esta manera, un problema con un proveedor, Metalpress, se
transforma, por la falta de autoridad, en un factor de
perturbación de las actividades de industrias fundamentales
para Venezuela. Situación similar se vive en la compañía
Toyota, que ha tenido que lidiar con dos situaciones
embarazosas. Por una parte, la negativa de Cadivi de
entregar las divisas en cantidad suficiente para cubrir un
mercado automotor en crecimiento y, por la otra, el barullo
que ha armado un sindicato que cada vez que le viene en
ganas paraliza la producción de esa industria, sin que las
autoridades laborales garanticen la continuidad de las
actividades en la planta ubicada en la ciudad de Cumaná.
Pero si esto no bastara, la empresa Firestone ha sido presa
de conflictos entre un sindicato que se postula como
bolivariano y con ese título en la mano quiere desconocer al
sindicato electo, lo que llevó a la toma de la planta
situada en Valencia y al cese de la producción de cauchos,
lo que a su vez ha afectado la producción de vehículos de la
General Motors, Chrysler y Toyota. Ahora es un grupo de ex
trabajadores los que obstaculizan las actividades normales
de la empresa, sin que el gobierno restituya el orden y
aplique la ley.
Hasta hace poco, el comercio fronterizo con Colombia estuvo
detenido tras la muerte de Raúl Reyes, Jefe de las FARC, lo
que se tradujo en mercancías que se dejaron de exportarse e
importarse. Más recientemente, la pesca industrial recibió
un golpe mortal con la prohibición de la captura de especies
marinas con embarcaciones retropescadoras. Aunque
ciertamente, si la faena de estas embarcaciones no se regula
adecuadamente pude ocasionarse daños al ecosistema, pero
pretender que la pesca a cordel puede abastecer al mercado
interno de pescado y frutos del mar no pasa de ser una
ilusión. En todos los países del mundo existe la pesca de
arrastre con los controles del caso por parte del Estado. La
consecuencia es que ya comienza a escasear el pescado.
A todo lo anterior se ha sumado un desconcierto en el manejo
de las finanzas públicas con colocaciones de bonos y notas
estructuradas cada quien por su cuenta sin la debida
coordinación, pero con un elemento común, la
discrecionalidad, corrupción y el manejo de información
privilegiada. Por una parte, la Electricidad de Caracas
adjudica a dedo más US$ 600 con un tipo de cambio implícito
de Bs/US$ 3.700 y por la otra el Ministerio de Finanzas se
apresta a lanzar una emisión de bonos que supone, en los
hechos, una devaluación. Esto sugiere que el presidente
Chávez no está al control de este gran caos en que se
encuentra Venezuela. Si él no puede o no quiere poner
concierto en el desconcierto, alguien debe hacerlo.