Con motivo de la resolución del Ministerio de Finanzas del 19 de mayo de 2008 donde obliga a los bancos a vender las notas estructuradas denominadas en bolívares en un plazo de noventa días, muchas han sido las voces que se han alzado sugiriendo que ello pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero nacional. Esa percepción se ha agravado por la decisión de la cartera de Finanzas de obligar a que los estados financieros de las instituciones financieras reflejen públicamente la pérdida patrimonial en que incurrirían cuando liquiden esas notas estructuradas a un precio muy inferior al de su adquisición. Se trata de que los bancos pueden experimentar la liquidación de parte de sus activos lo cual en algunos casos comprometería todo el patrimonio de ciertos bancos, y de esta manera estas instituciones o se recapitalizan o pasarían a manos del gobierno. Así de simple.

Todo este asunto de las notas estructuradas y sus nocivos impactos en la economía comenzó cuando de manera ilegal se reformó la Ley del BCV en julio de 2005 y se creó el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Con las reservas que le fueron confiscadas al BCV y los recursos entregados por PDVSA a ese fondo, bajo las administraciones de Nelson Merentes y Rodrigo Cabeza como ministros de Finanzas, se adquirió deuda de terceros países, riesgosos, tales como Ecuador y Argentina: Dicha deuda posteriormente fue empaquetada, conjuntamente con deuda de Venezuela, para constituir las ya famosas notas estructuradas. La adjudicación de esas notas de forma discrecional por parte de los ministros de turno se convirtieron en una operación muy rentable para la banca toda vez que se compraron a lo largo de 2006 y 2007 a un tipo de cambio promedio cercano a los Bs 3.500 por dólar para luego ser vendidas en el mercado paralelo a aproximadamente Bs. 5.500 por dólar. Estas operaciones no se pudieron realizar sin el consentimiento expreso del presidente Chávez, quien en última instancia es el responsable de las finanzas públicas. Todavía más, desde el segundo semestre de 2007, debido a la política diseñada por Armando León desde el BCV y Rodrigo Cabeza desde el Ministerio de Finanzas, se permitió que el tipo cambio escalará hasta la frontera de Bs. 6.500 por dólar, bajo el argumento absurdo de que ese tipo de cambio era insignificante para la economía. Por esa razón, algunos bancos llegaron a comprar las notas estructuradas a un tipo de cambio inferior a los Bs. 5.000 por dólar. Ahora con el tipo de cambio en el entorno de Bs. 3.300 por dólar ya no hay ganancia sino pérdidas cuantiosas. Se estima que el sistema financiero venezolano tiene en su poder alrededor de US$ 5.000 millones en esas notas, de manera que una venta forzada en un plazo que expira el 19 de agosto puede implicar una caída del precio de esos títulos valores con lo cual la pérdida se haría a un mayor. Para algunos bancos ello puede significar su salida del mercado debido a que su capital no resiste semejante pérdida patrimonial y para el gobierno se le abriría una oportunidad única de materializar una vieja pero peligrosa aspiración: la estatización progresiva del sistema financiero. Porque un gobierno que ya dio ese salto en el caso de Sidor y las empresas cementeras puede hacerlo igualmente con los bancos. ¿Por qué no?

Es increíble que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras haya permitido que los bancos en Venezuela hayan tomado un riesgo tan monumental al tener algunos de ellos notas estructuradas por un valor que en algunos casos constituye el 400% del capital del banco. Más inadmisible aún es el caso de la banca que se dejó agarrar en una política de colocación de deuda por parte del gobierno, dando por buena la palabra de Merentes y Cabeza y al asumir el teniente Rafael Isea, aunque siguieron los vicios y los negociados, cambiaron las condiciones del juego, bajó abruptamente el precio del dólar paralelo y con ello cesó la especulación cambiaria que habían estimulado los ministros anteriores. Sin embargo, el error de determinados banqueros no puede taparse con un error más grande al sugerirse que la mejor forma de expiar la culpa es que el Estado se apodere de los bancos en problemas. El Ministro de Finanzas no puede propiciar ese paso hacia el vacío porque ello podría propiciar un retiro masivo de depósitos del público presintiendo que su dinero va a ser usado como caja chica del gobierno y de su partido, tal como sucede con PDVSA. Así, el precio del dólar volvería a escalar y la inflación se exacerbaría. Alí Rodríguez no debe volver a cometer la equivocación que hizo en PDVSA cuando despidió injustamente a más de 22.000 trabajadores bajo el falso supuesto de que todos eran conspiradores. Es suicida que Rodríguez tome el camino de Caldera en 1994, quien creyó que con la intervención a puertas cerradas del Banco Latino de Pedro Tinoco estaba dándole la estocada final a Carlos Andrés Pérez y su financista. Si lo hace podría estar propiciando una crisis innecesaria pero de importancia, porque ese tema de las notas estructuradas puede ser objeto de medidas financieras que no impliquen la estatización de ningún banco. Si en Venezuela, se llegase a estatizar buena parte de la banca hoy atrapada en la madeja de las notas estructuradas los venezolanos debemos salir a defender a las instituciones bancarias porque estaría en juego algo sagrado: los dineros de los depositantes. Hay que evitar la crisis con mejores instituciones, clausurando el pozo séptico del Ministerio de Finanzas y con bancos concentrados en la intermediación financiera.