La presentación del proyecto de reforma constitucional por parte del presidente Hugo Chávez representa un paso adelante en su propuesta de establecer en Venezuela un régimen socialista muy semejante a lo que fueron los episodios del socialismo real, cuyo cadáver insepulto lo representa el Gobierno de Cuba. No se trata de un socialismo moderno, acorde a estos tiempos, sino una combinación fatídica de las aberraciones más prominentes que caracterizaron a la concepción soviética, marcada por tres elementos: el estatismo, la concentración del poder y el culto a la personalidad.

Al analizar el texto sugerido se puede concluir que el mismo representaría un golpe de Estado legalizado por cuanto se intenta presentar como una reforma lo que en realidad es una modificación radical de la estructura política y económica de Venezuela, asunto que debería ser materia de una Asamblea Nacional Constituyente. En efecto, en los principios fundamentales de la Constitución Nacional se establece en su artículo sexto, lo siguiente: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. La incorporación de una ideología política, en este caso el socialismo, como doctrina del Estado y religión política, contraviene el postulado según el cual “el gobierno será siempre democrático”. De igual manera, la intención de reelección continua atenta contra la premisa de forma de gobierno alternativo, igual consideración puede hacerse del empeño en volver a centralizar la toma se decisiones en manos del gobierno central, mediante especies de comisionados de la Presidencia de la República que suplantarían a los actuales alcaldes y gobernadores. Por todas estas y otras consideraciones no se está frente a una reforma constitucional sino más bien ante viraje en el establecimiento socio político de Venezuela.

En lo relativo al modelo económico en el artículo 112 del proyecto de Reforma, su signo es la ambigüedad al pautarse que: “El Estado promoverá el desarrollo de un modelo económico productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales…”, todo ello con el objeto de crear “las mejores condiciones para la construcción de una economía socialista”. Acá de desconoce el significado de de un modelo “productivo, intermedio”. Productivo no ha sido el signo de la política económica que se ha aplicado en Venezuela, sino más bien todo lo contrario al privilegiarse las importaciones con el propósito de desplazar la producción nacional y forzar la quiebra de los empresarios nacionales y con ello abrir espacios a capitales extranjeros tanto estatales como privados de gobiernos afines al de Venezuela. En cuanto a lo concerniente a “modelo intermedio”, solamente el Presidente Chávez está en condiciones de explicar su significado. ¿Intermedio entre qué?, ¿Cuál es el comienzo y el final en este galimatías económico? Por otra parte, lo que se llama economía socialista, no es tal en el sentido de la propiedad social, toda vez que lo que se ansía es que el Estado sea en gran propietario de los medios de producción y los trabajadores simples empleados a sueldo de un gobierno que se convertiría en el gran patrono de Venezuela. Esto no tiene diferencias sustanciales con los experimentos de socialismo que existieron hasta comienzo de los noventa cuando de derrumbó la antigua Unión Soviética.

La prohibición de los monopolios ha sido una constante de las normas constitucionales de Venezuela, al menos desde 1961. Sin embargo, en la proposición del Presidente Chávez se desestima la promoción de la competencia como antídoto esencial para que prosperen prácticas de cartelización de los precios que al final acaban perjudicando a los consumidores e incentivando la concentración del capital. Por ello, en lugar de legislar mediante artículos excesivamente largos y enrevesados, debería dejarse claramente asentado que si bien el Estado combatirá los monopolios lo hará con el auge de la competencia y los estímulos al surgimiento de nuevas empresas y no a través de regulaciones que conspiran contra el crecimiento de la actividad económica privada, sea esta pequeña, mediana o grande. Por lo antes expuestos no debe albergarse dudas acerca de los peligros que para Venezuela significa la aprobación de este disfraz de reforma constitucional.