La simple
observación de la estructura salarial de Venezuela sugiere
que existe una enorme injusticia entre los diferentes tipos
de empleados públicos y en las distintas categorías de
cargos de los servidores del Estado. Para quienes profesamos
la igualdad de oportunidades y estimamos la justicia social
como principio y referencia vital, es absolutamente
intolerable las profundas diferencias entre las
remuneraciones de profesionales con elevada calificación y
las que devengan jefes de institutos, presidentes de
empresas del Estado, ministros o diputados. Una sociedad se
orienta por postulados de solidaridad cuando remunera
adecuada y efectivamente a su capital más preciado, sus
recursos humanos, y no cuando hace de la retórica y la
demagogia un episodio de permanente hipocresía. Tan valioso
para un país es la labor que desempeña un general o coronel
de la FAN como el de un maestro o un médico y por tal razón
no debería existir discrepancias sustanciales entre los
sueldos que se perciben, a menos que para la sociedad que
financia esos salarios con sus impuestos sea más importante
el acto bélico que la acción de enseñar, educar y salvar
vidas. Similarmente, una jornada de trabajo educativa o
sanitaria debería tener mayor ponderación de una comunidad
como la venezolana que la faena de diputados cuyo único
hecho relevante consiste el levantar la mano como señal
aprobatoria de una instrucción recibida, por un poder
distinto del legislativo.
Buena parte
del deterioro del ingreso de los asalariados obedece a un
alza sostenida de los precios, de forma tal que el poder de
compra no resiste el ritmo que la inflación le marca a la
economía en Venezuela. Sin embargo, en un ambiente
inflacionario la manera de preservar el salario real es
ajustando el salario nominal o garantizando un esquema de
seguridad social que se traduzca en mayor capacidad de
compra para los asalariados, en el entendido de que un
trabajador con una amplia protección social no tendría que
realizar gastos adicionales en atención médica, educación,
recreación y esparcimiento. Pero ello dista mucho de ser el
caso de Venezuela, donde en los hechos la salud pública
mantiene deficiencias estructurales que ha hecho de las
pólizas de salud privadas la razón de ser de la prestación
de los servicios médicos. Por ello, entre otras razones, los
trabajadores en Venezuela deben dedicar parte de su salario
al financiamiento de sus propios planes de salud. Lo mismo
sucede en la educación, donde los estándares de calidad y
extensión del servicio que ofrece el Estado venezolano han
desmejorado tanto que ha forzado a parte importante de las
familias a procurarse por sus medios la educación de sus
hijos.
La
consideración sobre la estructura salarial en Venezuela
pareciera indicar que existen empelados de primera y
empleados de tercera categoría, como se aprecia en el
cuadro.
Remuneraciones totales mensuales
|
Bolívares |
Nivel educativo |
Presidente de PDVSA |
55.000.000 |
Licenciatura |
Coronel de la FAN |
2.800.000 |
Licenciatura más cursos |
Diputado |
6.000.000 |
No hay un criterio definido |
Profesor universitario categoría
agregado |
2.500.000 |
Licenciatura más postgrado |
Médico especialista |
1.300.000 |
Postgrado |
Maestro |
1.100.000 |
Licenciatura más cursos |
Incluye:
primas de antigüedad, aguinaldos, bono de vacaciones y otras
compensaciones.
Esa
aberración en la composición de las remuneraciones es
indigna para un país que enarbola la igualdad como premisa y
valor social, por cuanto lo que está generando es una
discriminación que hace a esa sociedad absolutamente
inviable, al destruir el incentivo y la motivación al
trabajo. Cuando esos incentivos desaparecen lo único que le
queda al gobierno es el exhorto al sacrificio y la apelación
absurda a gestas heroicas para tratar de llenar el vacío
que no puede ser cubierto con una remuneración apropiada.
Lejos de esta descripción subyace la sugerencia de que todos
los empleados deban percibir el mismo sueldo. Se trata más
bien de ir avanzando progresivamente hacia un esquema que
favorezca la capacitación laboral y con ella las mejoras de
las remuneraciones sin que se observe las odiosas
diferencias salariales entre el personal con similares
calificaciones. Así, hay que imprimirle una nueva tónica,
cargada de principios justicieros, a la política salarial en
todas las instancias de la Administración Pública Nacional
si es que de verdad de aspira a un país más igualitario.
* |
Artículo publicado originalmente en el vespertino Tal
Cual |