Ante el naufragio del sistema de control de cambios aplicado desde febrero de 2003, dos eventos han venido a complicar el manejo de la política cambiaria en Venezuela. Por una parte la decisión de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) de restringir la entrega de divisas y por la otra la aprobación de la reforma de la Ley de Ilícitos cambiarios promovida por la diputada Hiroshima Bravo. El coronel Manuel Barroso, jefe de Cadivi, está aplicando las primeras medidas con el objeto de acentuar el racionamiento en la entrega de la moneda extranjera para lo cual las restricciones a los viajeros es apenas el comienzo. En efecto, el coronel Barroso es un hombre muy poderoso, toda vez que tiene en sus manos nada más y nada menos que la asignación de los dólares, esenciales para que las empresas y las personas realicen sus transacciones externas. Todo ha surgido porque los viajeros e importadores mantienen un permanente exceso de demanda de divisas, lo que en la visión del jefe de Cadivi se aprecia como una irregularidad, por cuanto se usarían los cupos de quienes viajan para luego ser transados en el mercado de permuta. La solución que ha ideado el coronel Barroso es limitar la entrega de dólares a quienes procuran viajar a destinos tales como Aruba, Curazao y Panamá, porque de acuerdo con su criterio nadie puede usar en esos países la cantidad de US$ 5.000 en menos de una semana. De esta manera, el coronel Barroso pasa a determinar lo que una persona de manera libre puede hacer con su dinero.

Es importante recordar a quienes lo han olvidado que medidas de ese tenor fueron adoptadas en la época del control de cambio que estuvo vigente entre febrero de 1983 y febrero de 1989 cuando los administradores de la entonces Oficina de Cambios Diferenciales (Recadi) razonaban igual que el coronel Barroso, sin ir a la causa del problema. El fondo del asunto no es muy difícil de explicar. Debido al esquema de control de cambio, como era de esperarse, se ha abierto una brecha entre la tasa de cambio oficial y la no oficial, situación que motiva todo tipo de actividades de arbitraje, es decir, la compra de la divisa a un precio y su venta a otro diferente. El tipo de cambio oficial está abiertamente sobrevaluado, lo que quiere decir que el poder de compra del bolívar es mayor en el exterior que en Venezuela por la obvia razón que la inflación en Venezuela es cuatro veces mayor que la inflación internacional, lo que se expresa en el hecho que a los venezolanos los productos importados nos lucen muy baratos. En consecuencia, el bien más asequible para quienes pueden acceder a él es el dólar del mercado oficial y de allí el exceso de importaciones y la vorágine de viajeros ansiosos de usar intensivamente su cupo de divisas, toda vez que hacer turismo en cualquier lugar del mundo es más económico que hacerlo en Venezuela. Se viaja, se traen las divisas que sobran y con ellas, en vista del diferencial cambiario, se cancela el gasto y todavía queda una ganancia.

Ese diferencial cambiario lo formó el mismo gobierno cuando posibilitó que se negociaran las acciones de la CANTV en el mercado externo con lo cual resultaba un tipo de cambio implícito de la operación que se tomaba como referencia para la cotización de un mercado paralelo incipiente. Esa conformación del mercado paralelo se oficializó con la reciente colocación de los Bonos El Venezolano por parte del Ministerio de Finanzas, de lo cual resultó una tasa de cambio cercana a Bs/US$ 5.800 lo que implicó el reconocimiento de la devaluación del bolívar. De esta manera, el mercado paralelo o de permuta existe como una creación del gobierno porque además ha sido el Ministerio de Finanzas, primero bajo la conducción de Nelson Merente y luego de Rodrigo Cabeza, quien ha colocado bonos argentinos a la tasa de cambio oficial para posteriormente ser negociados a la tasa de cambio paralela.

La solución a la brecha cambiaria no pudo ser peor y provino de la misma diputada que hace unos meses propuso sancionar con cárcel a quienes se atrevieran a decir que la meta de inflación de 12% establecida por el gobierno para este año, no se cumpliría. Ella planteaba que la manera en que no hubiese inflación consistiría en que no se mencionara una cifra distinta a la que había anunciado el gobierno. Resulta que ahora la diputada Hiroshima Bravo ha propuesto que se prohíba y sancione con una multa elevada, la mención, por cualquier medio, de la cotización del valor del dólar en el mercado de permuta cuando éste es una realidad tal como la existencia de la ley de la gravedad, con la cual uno puede estar en desacuerdo pero con ello no niega su vigencia. Todas estas restricciones lo único que van a producir es un ensanchamiento entre los tipos de cambio al introducirse una prima de riesgo que será cargada al precio de la divisa.


Sería aconsejable que la primera actividad de la Asamblea Nacional en sus sesiones del próximo año sea el dictado de un curso elemental de economía para sus integrantes.