Desde hace más de un año he venido advirtiendo que el plan económico y político de Hugo Chávez está incompleto si el Gobierno no toma el control del sistema bancario nacional. La razón es obvia: el nivel de gasto público en que la administración de Hugo Chávez ha situado la economía venezolana requiere de infusiones permanentes y crecientes de liquidez para lo cual los ingresos petroleros y no petroleros se han tornado absolutamente insuficientes. Ya el Gobierno despojó al BCV de una buena parte de las reservas internacionales hasta el extremo de hacer del instituto emisor de Venezuela la caricatura de un banco central, al dejar al bolívar debilitado y con elevadas expectativas de devaluación. Ahora Chávez va por los bancos privados. Ello se corresponde con una concepción de la política y la economía donde el Estado, en lugar de la sociedad, es el eje central alrededor del cual debe girar la economía y la vida de las personas. El socialismo del siglo XXI, al igual que los experimentos fracasados del siglo XX, tiene una matriz profundamente estatista.

El Estado venezolano ha venido armando un verdadero conglomerado de entidades financieras que en el corto plazo se constituirían en el factor hegemónico de la actividad bancaria nacional, tanto por el volumen de depósitos como de créditos. Pero esta estructura bancaria es insuficiente para los fines de su revolución, según el criterio de Hugo Chávez, y por esa razón ha planteado que los bancos privados pasen a manos del Estado. Una consideración sobre las regulaciones que el Estado ha establecido al sector financiero sugiere que ya el control es lo suficientemente estricto y amplio. Pero todavía falta más. Del total de la cartera de crédito de la banca, 37% debe destinarse a aquellos sectores previamente definidos por el Gobierno, entre los cuales destacan los financiamientos a la actividad agrícola, a la pequeña y mediana industria, la construcción y adquisición de viviendas y al turismo, a tasas de interés preferencial. Adicionalmente, la banca debe mantener en promedio el BCV 20% de sus captaciones en forma de encaje legal obligatorio. A todo esto hay que sumar la decisión del BCV de fijar las tasas pasivas en 6,5% y 10% para los depósitos de ahorro y a plazo, respectivamente y 28% máximo para los créditos. Por si esto no fuese suficiente, el banco central también instituyó regulaciones a las comisiones que cobran los bancos por sus servicios. De esta manera, el negocio bancario en Venezuela está significativamente controlado por el Estado. Pero nada de esto basta, Hugo Chávez quiere más. Durante el año 2006, la banca venezolana cumplió con creces el financiamiento agrícola, a las pequeñas y medianas industrias y al sector de la construcción. Con todo y ello, la producción agropecuaria de Venezuela disminuyó 6%. Pero esos inmensos recursos destinados al agro tampoco satisfacen a Hugo Chávez. Mas allá de desviar la tención sobre la inflación y la escasez de los alimentos, con el anuncio de estatizar la banca Hugo Chávez pretende arrinconar a los banqueros para que acepten más regulaciones tales como el aumento de los créditos obligatorios a sectores económicos de interés para el Gobierno y además para que transfieran parte de la ganancia de los bancos en forma directa para que sea utilizada a discreción por parte del Presidente de la República, con la excusa de que sería utilizada en programas sociales. Con ello, en una primera fase, se decretaría la estatización virtual de la banca sin que el Estado tenga que hacerse cargo de la administración del negocio bancario. Los banqueros serían especie de funcionarios adscritos al Ministerio de Finanzas y la Presidencia de la República.

Esta estrategia entraña un riesgo evidente: la suspicacia de los depositantes acerca del manejo de sus fondos por parte de un sistema financiero excesivamente regulado por el Estado. Ello minaría la salud financiera de los bancos lo que podría traducirse en la búsqueda de nuevas oportunidades para que los ahorristas coloquen su dinero fuera de Venezuela.

Los episodios más recientes de estatizaciones de la banca en América Latina, en particular las mexicanas y peruana en la década de los ochenta, culminaron a la postre con la devolución de los bancos a sus antiguos propietarios ante las dificultades que confrontó el Estado para su manejo eficiente. En Venezuela, con un Gobierno plagado por la corrupción y con carencias fundamentales de personal calificado en el manejo de la Administración Pública, la estatización de la banca puede llevar a un evento impredecible de falta de confianza en el sistema financiero estatal.