Las
cifras de inflación de Venezuela muestran que el país está
experimentando un proceso sostenido de alza de precios, que
puede traducirse en una desaceleración de la tasa de
crecimiento económico y en una depreciación todavía mayor de
la tasa de cambio del mercado paralelo o eventualmente en
una devaluación del tipo de cambio oficial. Después de haber
afirmado a largo de 2006 que la inflación estaba bajo
control y que alcanzaría la meta establecida en el rango de
10%-12%, las autoridades económicas no les ha quedado otra
opción que anunciar un nuevo plan antiinflacionario dirigido
a mitigar la inflación. Antes, sin embargo, han culpado a
los especuladores del incremento de los precios de bienes,
como ya es usual en una Venezuela donde quienes diseñan y
aplican la política económica siempre recurren a un tercero
para evadir sus responsabilidades.
Lo cierto es que la inflación está amenazando seriamente con
descarrilar la economía venezolana y el gobierno se decidió
a actuar. Aunque no se ha esbozado todavía con claridad, el
paquete económico procura la adopción de un conjunto de
medidas que atacan las manifestaciones de la inflación pero
no sus causas. Así, la propuesta del gobierno apunta desde
el lado monetario a un aumento del encaje legal aplicado a
los depósitos oficiales en el sistema bancario con el objeto
de incidir levemente sobre el dinero en circulación. También
se ha discutido un alza moderada de la tasa de interés
pasiva con el objeto de limitar la expansión del consumo.
Desde el punto de vista fiscal, lo que se conoce del plan se
orienta a la emisión de deuda por parte de PDVSA y el
gobierno mediante títulos emitidos en dólares pero pagaderos
en bolívares, con el propósito de sustraer liquidez del
sistema y con ello atenuar las tensiones sobre los precios.
Se ha anunciado la eliminación del IVA para ciertos
productos y en general para el circuito de producción y
comercialización de la carne, aunque ello luce
contradictorio con el objetivo de aumentar el precio de la
gasolina para de esta forma dotar de más fondos al gobierno.
Desde el punto de vista de la política cambiaria, se ha
desmentido por inconveniente la implantación de un sistema
de cambio dual, lo que implicaría, de hecho, una devaluación
de la moneda. Se acordó aumentar el cupo de divisas para lo
viajeros y las compras electrónicas. Otro elemento
constitutivo del plan es el relanzamiento de Mercal, dado la
caída de sus actividades comerciales durante 2006. En lo
relativo al comercio, es donde se aprecia con mayor claridad
la fundamentación del plan antiinflacionario: agilizar las
entregas de divisas para aumentar las importaciones y de esa
manera abastecer el mercado interno
.
Siguiendo una política de ensayo y error, a mediados de
2006, Rodrigo Cabezas, entonces presidente de la Comisión de
Finanzas de la Asamblea Nacional y María Cristina Iglesias,
Ministra de Industrias Ligeras y Comercio, acordaron, según
instrucciones del presidente Chávez, meterle la lupa a las
importaciones, en vista del exponencial ascenso de lo bienes
de origen externo, que afianzaba la economía de puertos
instalada en Venezuela. Cuando se anticipaba que la
inflación tomaba una ruta creciente, Rodrigo Cabeza de dio
la media vuelta y planteó que había que aligerar la entrega
de divisas por parte de CADIVI para contener la inflación.
El resultado de esta política contradictoria fue que el
Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio excluyó de la
lista de divisas preferenciales artículos tales como insumos
médicos y odontológicos, productos de tocador, entre por
considerarlos suntuarios. Adicionalmente, ha habido un
notable retardo en la entrega de licencias de importación
para bienes cuya producción nacional es insuficiente, todo
lo cual ha potenciado la escasez
En la generación del cuadro inflacionario que actualmente
sufre la economía venezolana, a parte de las presiones
originadas en un claro exceso de demanda como resultado de
un gasto público que se expande a un ritmo insostenible, y
la disminución de la tasa de interés, no debe olvidarse la
significativa caída de 7,0% de la producción agrícola en
2006, no obstante los ingentes recursos que fueron asignados
a través del presupuesto nacional, Fonden y PDVSA. De esta
manera, la confrontación de un aumento de la demanda con una
menor oferta, no podía resultar sino en un aumento de
precios, como efectivamente se ha verificado, aunque lo
teóricos de la nueva economía en Venezuela llamen a ese
fenómeno especulación.
Una valoración de las medidas anunciadas sugiere que si no
se corta de manera sostenida el exceso de liquidez monetaria
en la economía, los precios van a continuar subiendo, aunque
se amenace con cárcel a los acaparadores. Una insuficiencia
liquidez pude resultar inconveniente para el financiamiento
del crecimiento de la economía. Pero un exceso de medios de
pagos indefectiblemente se traduce en inflación auque sea
con cierto retardo. Para que la economía pueda soportar un
menor ritmo de aumento de la cantidad de dinero,
necesariamente debe estabilizarse el gasto público al
imponerse una regla fiscal muy sencilla que haga crecer las
erogaciones con base en la meta de inflación y la expansión
de la actividad económica. De esta manera la masa monetaria
sería justamente aquella que demanda la economía. Por otra
parte, el BCV debe acordar una estrategia de alzas moderadas
pero sostenidas de la tasa de interés de los instrumentos de
política monetaria para así propiciar un aumento de la
estructura de las tasas de interés de la economía. Sin esas
dos medidas fundamentales las demás serían insuficientes
para secar el dinero excesivo del cuerpo económico porque
con importaciones se alivia transitoriamente la candela de
la inflación pero no se apaga el fuego que la genera.
Finalmente, un pacto antiinflacionario que no cuente con el
concurso del sector privado venezolano que produce el 70% de
los bienes y servicios que se transan en el país, está
condenado al fracaso porque esas agrupaciones de empresarios
de papel que ahora proliferan en Venezuela a la sombra de
los contratos con el Estado, no son otra cosa que captadores
de renta que nada producen. Un paso inicial de ese pacto
debe partir por reconocer que los controles de precios y de
cambio son ineficaces y que debe corregirse prioritariamente
el desabastecimiento para lo cual, aunque sea duro decirlo,
debe producirse un ajuste de los precios que tienen más de
dos años congelados para así restaurar la rentabilidad del
sector agro-industrial de Venezuela.
Habló Maza Zavala
En su partida como director del BCV, el doctor Domingo Maza
Zavala está soltando cosas interesantes referidas al manejo
de los recursos públicos. El caso más notorio es lo que ha
sucedido con el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden),
creado a partir de la transferencia de las reservas
internacionales del BCV al gobierno con el objeto de
financiar el déficit fiscal. Hasta ahora muy pocos saben
cuanto ha ingreso y cuanto se ha gastado de los ingreso
recibido. La gestión de Nelson Merente en la cartera de las
finanzas públicas estuvo signada por una opacidad total que
le impidió al entregar el despacho rendir cuenta de los
fondos administrados por Fonden. El caso es que Fonden es
una especie de caja negra que se administra al margen de
cualquier principio de transparencia, se desconoce sus
operaciones y sus estados financieros. Pero, al despedirse,
el doctor Maza dijo algo fundamental: Fonden está usando las
divisas recibidas del BCV para volverlas a convertir en
bolívares, con lo cual con los mismos dólares se crean dos
veces bolívares, práctica ésta absolutamente ilegal. Si en
Venezuela existiesen órganos contralores de las acciones del
Poder Ejecutivo hace rato el caso de Fonden hubiese motivado
una averiguación administrativa a los involucrados en su
administración.
Las medidas económicas
1. El gobierno y PDVSA se aprestan a realizar una emisión
por US$ 5.000 con el objeto de drenar liquidez, como parte
del paquete de medidas contra la inflación. Se trata de
títulos en dólares pagaderos en bolívares. Estos
instrumentos son una extraordinaria oportunidad para comprar
divisas legalmente a un tipo de cambio superior al oficial
pero significativamente inferior al del mercado paralelo.
Con el descuento aplicado es posible que el tipo de cambio
de la operación se ubique en el entorno de Bs. 2.400 por
dólar, lo que constituiría una buena negociación.
2. El anuncio del aumento del cupo de viajeros y las compras
electrónicas no tendrán un impacto significativo sobre el
exceso de liquidez existente.
3. La decisión de mantener los ingresos petroleros en
divisas mientras se ejecuta el gasto en realidad lo único
que produce en un manejo de los recursos más acoplado con el
gasto, pero en modo alguno representa una acción que
restringa la liquidez de la economía por cuanto al
realizarse el gasto público los dólares tendrán que
convertirse en bolívares. El peligro está en la tentación
del gobierno de utilizar los dólares vendiéndolos en el
mercado paralelo sin pasar por el BCV.