Los casos más patéticos de corrupción durante la gestión de Hugo Chávez son los de naturaleza financiera. Ciertamente, un entramado de complicidades, silencio y falencias institucionales han permitido la gestación e impunidad de casos notorios de irregularidades administrativas que en cualquier país civilizado hubieran concluido con la apertura de investigaciones para luego dar lugar a los actos de condena a los implicados. El primero de esos casos se refiere a la confesión pública por parte del Presidente de la República de que se habían utilizado los recursos acumulados en el Fondo de Inversión para la Estabilidad Macroeconómica (FIEM) para un propósito diferente al establecido en la ley. A ello siguió en 2002 la asignación de bonos de la deuda pública a una casa de bolsa, Cedel, en un proceso absolutamente carente de transparencia, lo que llevó a la defenestración del entonces presidente de Bandes, Jorge Pérez Mancebo quien en su justificada defensa alegó que la negociación la había realizado el Ministerio de Finanzas de entonces.

Igualmente, en este despacho se fraguó el pago de unas notas promisorias supuestamente emitidas por el desaparecido Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) en 1981 por más de US$ 600 millones que se intentaron cobrar cuando el 8 de agosto de 2003 desde la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas, salió un dictamen que aseguraba que esos títulos valores (notas promisorias) debían ser cancelados una vez que la Procuraduría General de la República lo ratificara, tal como en efecto sucedió el 3 de octubre de 2003, según el pronunciamiento atribuido a la oficina a cargo de Marisol Plaza. Al abortarse la operación, por denuncias aparecidas en Tal Cual, los reclamantes demandaron al Estado venezolano y como consecuencia de ello, se ha tenido que pagar en honorarios profesionales a bufetes relacionados a las altas esferas del poder aproximadamente US$ 5 millones. Por este daño al patrimonio público nadie responde ni responderá debido a la confabulación y complicidad que existe en el actual gobierno, al igual que durante los últimos años de la denostada IV República. Súmese a ello la compra del antiguo edificio sede del Citibank y el inmueble donde funciona la Escuela Nacional de Hacienda en La Urbina, en operaciones donde las edificaciones cambiaron de precios por varios millones de dólares en pocas semanas.

Pero la operación favorita del andamiaje de la corrupción roja en Venezuela ha sido con bonos de la deuda pública, tanto interna como externa. A partir de 2001 el Gobierno de Venezuela acelera el paso del endeudamiento público y después de 2002 se generaliza una modalidad denominada dación en pago, mediante la cual a determinados entes se le asignaba recursos fiscales con bonos de deuda pública. Muchos de esas instituciones para disponer de efectivo, debían negociar los bonos y lo hicieron con un número pequeño de determinados bancos, los cuales aplicaron un sustancial descuento a la transacción, el cual muy probablemente repartieron con funcionarios públicos, quienes sugerían los bancos a donde debían concurrir los contratistas y proveedores afectados. A ello se sumó el injustificado endeudamiento al cual fue sometida Venezuela en 2005, lo que significó el pago de intereses sobre una deuda que nunca ha debido contratarse en virtud de los superávit de caja que mantenían las cuentas de la Tesorería Nacional en el BCV y en el resto del sistema bancario. Con esos fondos del Estado depositados en las instituciones financieras, se le prestó dinero al mismo Estado en una transacción bidireccional que seguramente reportó jugosas utilidades a los involucrados.

La reina de las operaciones financieras fue, sin embargo, el negocio de los bonos argentinos. Entre 2005 y 2006, Venezuela compró aproximadamente US$ 3.850 millones de esos papales con el objeto de apuntalar a las alicaídas finanzas gauchas. Al principio esos bonos se vendieron a tres bancos venezolanos que adquirieron los bonos al tipo de cambio oficial con una pequeña prima para que la República de Venezuela pudiese mostrar un beneficio en la transacción. Posteriormente, esos bonos ahora en manos de esos bancos, fueron negociados en la Bolsa de Valores de Nueva York y el efectivo obtenido en dólares convertido a bolívares a la tasa de cambio del mercado paralelo. Cuando el escándalo se hizo público, el Ministerio de Finanzas optó por socializar la asignación de los bonos a buena parte del sistema financiero y todos quedaron contentos, con las alforjas llenas y entones el presidente Chávez y José Vicente Rangel justificaron la transacción y defendieron al ministro de Finanzas. Pero las operaciones con títulos de deuda no se quedan allí. A la largo de 2005, el Ministerio de Finanzas asignó discrecionalmente “notas estructuradas” y bonos de la deuda pública por US$ 1.385 millones a ciertos bancos, para que fuesen empleados en el mercado paralelo para estabilizar su cotización. Ese monto se amplió durante 2006 a más de US$ 7.500 millones, con lo cual se dieron un banquete al comprar títulos al precio oficial de la divisa y venderlos al del mercado de “permuta”. Hubo para todos, pero especialmente para los prestidigitadores del dinero en Venezuela.

Una actividad que compite en rentabilidad con los bonos es la colocación de fondos públicos. Esta ha sido una de las presas predilectas de comisionistas y negociantes que han visto en los depósitos del Gobierno en el sistema financiero privado por más de US$ 5.000 millones, una oportunidad que no se podía desperdiciar. La Oficina Nacional del Tesoro, dependiente del Ministerio de Finanzas, no empleó un criterio claro, expedito y transparente para colocar esas enormes sumas de dinero, mientras se ejecutaba el gasto público. Ello creó incentivos poderosos para que mercaderes con estrechas vinculaciones con el poder político accedieran a una porción de esos fondos para depositarlos en ciertos y determinados bancos. De esta manera la caza de esos fondos del tesoro se transformó en una carrera de audaces velocistas para llegar antes que el posible competidor.

Cabe destacar que en casi todas las operaciones comentadas anteriormente, existe un pequeño número de instituciones bancarias, las cuales siempre se han beneficiado de esa relación perniciosa, discrecional y nada transparente con funcionarios del actual gobierno, constituyendo el reducido grupo de “bancos bolivarianos”, así denominado en los medios financieros por su gran facilidad para hacer negocios con la República Bolivariana de Venezuela.

Esto sugiere que el poder político tenía forzosamente que ser partícipe de estas operaciones y si no las promovió al menos las avaló. Parte de las ganancias derivadas de estos negocios están destinadas a la conformación de proyectos políticos de largo plazo donde el rédito de hoy es el precio de la espera paciente. En un país como la actual Venezuela, donde nada se mueve sin el consentimiento del jefe del Estado, es muy difícil suponer que el presidente Hugo Chávez desconozca la roja rojita corrupción financiera de Venezuela. Por ello, el porcentaje corruptor tasado en 10% en los gobiernos blancos y verdes se enrojeció hasta trepar al 20%.