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Aspectos económicos de la Reforma Constitucional (II)
por José Guerra
miércoles, 5 septiembre 2007


El proyecto de Reforma Constitucional presentado por el presidente Hugo Chávez puede interpretarse como un intento de establecer en Venezuela de manera ilegítima un régimen socialista, en su versión más deformada al replicarse las características aberrantes de lo que fue la tragedia del socialismo real. De esta manera, la conclusión es clara: se está en presencia de un golpe de Estado silencioso toda vez que una transformación de la sociedad de ese calibre no puede realizarse mediante una mera reforma de la constitución, de acuerdo con lo establecido en el texto magno, en su artículo 242: “La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”. Sucede que se intenta producir un cambio radical, esencial, en el establecimiento socio político de Venezuela con el señuelo de una reforma.

Uno de los factores de ese cambio es el relativo a la virtual liquidación de la propiedad privada y su sustitución por la propiedad estatal sobre los medios de producción, disfrazada esta última con la máscara de la propiedad social. Hay que ser bien ingenuo para no descubrir detrás de las apariencias el propósito ulterior de la propuesta de Hugo Chávez de arrinconar paso a paso el sistema privado de producción y distribución de bienes y prestación de servicios para suplantarlo por otro donde la hegemonía la detentaría el Estado con su rol empresarial. La inocencia o ignorancia de otros tampoco puede llevar a confundir socialismo como estatismo. Esto último es lo que priva en Venezuela por cuanto los trabajadores son simplemente empleados al servicio del sector público mas no propietarios de los medios de producción, ni siquiera ocupan posiciones relevantes en la dirección y gestión de las empresas estatales en las cuales una burocracia inepta y en muchos casos corrompida desempeña los cargos fundamentales.

En el artículo 115 del proyecto de Reforma Constitucional se establecen, entre otras, distintas modalidades de propiedad, a saber: la propiedad pública, perteneciente a los entes del Estado y la propiedad social, que nominalmente reposaría en manos del pueblo. Ésta puede ser de dos tipos la propiedad social directa cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad y la propiedad social indirecta cuando el Estado la asigna a una o varias comunidades (cursivas nuestras). También se especifica en el citado artículo la propiedad mixta conformada por el Estado en conjunción con cualquier particular o entidad colectiva. Es de resaltar en que en la Constitución vigente se pauta un principio cardinal sobre el uso y disposición de los bienes, el cual fue suprimido en la Reforma propuesta: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”. La eliminación de este precepto puede representar una excusa para que el Gobierno declare la expropiación o confiscación de los bienes privados.

Para que ocurra una verdadera democratización del capital y no una burda caricatura de revolución y de socialismo, los ciudadanos deben tener el derecho efectivo a ser propietarios de los medios de producción. Una manera eficaz de promover esa democratización del capital es mediante las bolsas de valores donde un trabajador puede adquirir acciones o títulos de las empresas, sean estas de capital privado o público, usando para ello sus ahorros o cualquier otro medio. O que el Estado transfiera la propiedad de las empresas a los trabajadores que en ellas laboran. En nada de esto esta interesado el Gobierno de Hugo Chávez por cuanto su interés radica en que el Estado predomine como propietario a la vez que sería el mismo Estado quien asigne la propiedad a la sociedad. Se trataría entonces de un Estado asignador de la propiedad en lugar de promotor, para que con ello la gente se sienta que los bienes le pertenecen y que no son simples sujetos pasivos de un sector público que se conforma en darle a consignación y bajo su tutela, propiedades siempre provisionales. En todo ello subyace la filosofía estatista que Hugo Chávez predica, aprendida del ejemplo de la antigua Unión Soviética, de la que tanto lamenta su desaparición, porque en el fondo más recóndito de su pensamiento el presidente no es un socialista moderno sino un comunista de viejo cuño, anclado en un pasado que dejó para la humanidad lecciones nefastas que algunos aprendieron pero otros todavía se niegan a similar. En este sentido, fascismo y comunismo se dan la mano. Benito Mussolini lo dejó asentado: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.


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