El
proyecto de Reforma Constitucional presentado por el
presidente Hugo Chávez puede interpretarse como un intento
de establecer en Venezuela de manera ilegítima un régimen
socialista, en su versión más deformada al replicarse las
características aberrantes de lo que fue la tragedia del
socialismo real. De esta manera, la conclusión es clara: se
está en presencia de un golpe de Estado silencioso toda vez
que una transformación de la sociedad de ese calibre no
puede realizarse mediante una mera reforma de la
constitución, de acuerdo con lo establecido en el texto
magno, en su artículo 242: “La Reforma Constitucional tiene
por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la
sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen
la estructura y principios fundamentales del texto
Constitucional”. Sucede que se intenta producir un cambio
radical, esencial, en el establecimiento socio político de
Venezuela con el señuelo de una reforma.
Uno de los factores de ese cambio es el relativo a la
virtual liquidación de la propiedad privada y su sustitución
por la propiedad estatal sobre los medios de producción,
disfrazada esta última con la máscara de la propiedad
social. Hay que ser bien ingenuo para no descubrir detrás de
las apariencias el propósito ulterior de la propuesta de
Hugo Chávez de arrinconar paso a paso el sistema privado de
producción y distribución de bienes y prestación de
servicios para suplantarlo por otro donde la hegemonía la
detentaría el Estado con su rol empresarial. La inocencia o
ignorancia de otros tampoco puede llevar a confundir
socialismo como estatismo. Esto último es lo que priva en
Venezuela por cuanto los trabajadores son simplemente
empleados al servicio del sector público mas no propietarios
de los medios de producción, ni siquiera ocupan posiciones
relevantes en la dirección y gestión de las empresas
estatales en las cuales una burocracia inepta y en muchos
casos corrompida desempeña los cargos fundamentales.
En el artículo 115 del proyecto de Reforma Constitucional se
establecen, entre otras, distintas modalidades de propiedad,
a saber: la propiedad pública, perteneciente a los entes del
Estado y la propiedad social, que nominalmente reposaría en
manos del pueblo. Ésta puede ser de dos tipos la propiedad
social directa cuando es ejercida por el Estado a nombre de
la comunidad y la propiedad social indirecta cuando el
Estado la asigna a una o varias comunidades (cursivas
nuestras). También se especifica en el citado artículo la
propiedad mixta conformada por el Estado en conjunción con
cualquier particular o entidad colectiva. Es de resaltar en
que en la Constitución vigente se pauta un principio
cardinal sobre el uso y disposición de los bienes, el cual
fue suprimido en la Reforma propuesta: “Se garantiza el
derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso,
goce, disfrute y disposición de sus bienes”. La eliminación
de este precepto puede representar una excusa para que el
Gobierno declare la expropiación o confiscación de los
bienes privados.
Para que ocurra una verdadera democratización del capital y
no una burda caricatura de revolución y de socialismo, los
ciudadanos deben tener el derecho efectivo a ser
propietarios de los medios de producción. Una manera eficaz
de promover esa democratización del capital es mediante las
bolsas de valores donde un trabajador puede adquirir
acciones o títulos de las empresas, sean estas de capital
privado o público, usando para ello sus ahorros o cualquier
otro medio. O que el Estado transfiera la propiedad de las
empresas a los trabajadores que en ellas laboran. En nada de
esto esta interesado el Gobierno de Hugo Chávez por cuanto
su interés radica en que el Estado predomine como
propietario a la vez que sería el mismo Estado quien asigne
la propiedad a la sociedad. Se trataría entonces de un
Estado asignador de la propiedad en lugar de promotor, para
que con ello la gente se sienta que los bienes le pertenecen
y que no son simples sujetos pasivos de un sector público
que se conforma en darle a consignación y bajo su tutela,
propiedades siempre provisionales. En todo ello subyace la
filosofía estatista que Hugo Chávez predica, aprendida del
ejemplo de la antigua Unión Soviética, de la que tanto
lamenta su desaparición, porque en el fondo más recóndito de
su pensamiento el presidente no es un socialista moderno
sino un comunista de viejo cuño, anclado en un pasado que
dejó para la humanidad lecciones nefastas que algunos
aprendieron pero otros todavía se niegan a similar. En este
sentido, fascismo y comunismo se dan la mano. Benito
Mussolini lo dejó asentado: “Todo en el Estado, nada fuera
del Estado, nada contra el Estado”.