Las
cifras publicadas por el BCV, correspondientes a la
inflación de abril, sugieren que la presión sobre los
precios se mantiene. Con una tasa de inflación anualizada de
19,4% en abril el Gobierno se aleja de la meta inflacionaria
de este año establecida en 12%. Es preciso recordar que
desde que se instauró el control de cambio en enero de 2003
hasta abril de 2007, la tasa de inflación acumula un aumento
de 105%, lo cual, en un entorno donde el tipo de cambio
oficial se ha mantenido literalmente sin modificaciones
sustanciales, se ha traducido en incrementos de los costos
de producción internos, lo que ha hecho que la economía
venezolana haya perdido competitividad. Esto último ha
propiciado que Venezuela transforme en un inmenso depósito
de bienes importados de todo tipo, en detrimento de la
producción y el empleo nacional. Es claro que tanto el Banco
Central como el Ministerio de Finanzas están perdiendo la
pelea contra la inflación y por esa razón, de manera
equivocada, todo el esfuerzo por abatir el alza de los
precios ha recaído sobre el Seniat, Indecu y la Guardia
Nacional. Estos organismos se han concentrado en luchar
contra fantasmas toda vez que sus acciones no atacan la
causa de la inflación, la cual reside tanto en un aumento
desproporcionado de la demanda como en una insuficiencia de
la oferta nacional, como resultado de la política de
exterminio del establecimiento industrial y agropecuario de
Venezuela que ha venido adelantado el presidente Chávez. Por
ello, las redadas del Seniat y el Indecu contra comerciantes
y productores lejos de inhibir las fuerzas inflacionistas de
la economía las están potenciando al exacerbar el fenómeno
de la escasez.
El impulso que potencia el rebrote de los precios se ha
magnificado con las medidas pro inflacionarias que adoptó el
Gobierno al disminuir la alícuota del IVA y seguir con la
expansión del gasto público. En este contexto no existe
represión policial o tributaria que pueda contener los
precios o la ausencia de los bienes en el mercado. Si con
medidas represivas se aplacara la inflación ésta ya hubiese
desaparecido del mundo. Los intentos de frenar la inflación
con acciones punitivas son tan viejos como los del emperador
romano Cayo Valerio Jovio Dioclesiano, quien en el año 303
después de Cristo trató de contener la inflación con la pena
de muerte, al inaugurar el primer sistema de control de
precios. A partir de allí, todas las regulaciones
administrativas de los precios han fracasado una tras otras
sin que los burócratas a cargo de su aplicación aprendan la
lección. Venezuela tiene una amplia experiencia en la
materia desde que Carlos Andrés Pérez debutó en 1974 con un
esquema de control sobre los precios de los bienes y
servicios que se tradujo en una acentuación de las tenciones
inflacionarias de la economía al tiempo que generaron
escasez.
La inspección de las cifras disponibles sugiere que
actualmente existe una insuficiencia de bienes
manufactureros de origen nacional cuyo volumen de producción
en enero de 2007 resultó inferior al registrado en diciembre
de 1997. Es decir, la economía venezolana mantiene una
anemia productiva que tiene postrada la producción nacional,
como se evidencia en el gráfico. Contrariamente, el volumen
de las ventas comerciales se ha incrementado notoriamente,
que al confrontarse con una oferta limitada se ha traducido
en la aceleración de la inflación presente en la economía. A
esto hay que añadir la caída de la producción agrícola en
más de 7% durante 2006 a pesar de haberse realizado un gasto
sin precedentes para financiar al sector. Por ello, cada vez
más, de manera directa o indirecta la dieta de los
venezolanos se compone de productos importados que la
abundancia de ingresos petroleros permite comprar en el
exterior, haciendo de Venezuela una especie de emirato
tropical que decidió cancelar la producción nacional para
favorecer las mercancías traídas de todas partes del mundo,
principalmente por parte del Estado.