El esfuerzo de los empresarios y de la gente de negocios en Venezuela está enfrentando retos formidables impuestos por el Estado con el objeto de asfixiar a la empresa privada en sus diferentes modalidades, pequeñas, medianas y grandes. No resulta muy difícil descubrir que la política del gobierno va dirigida a socavar las bases de la actividad del sector privado que en Venezuela se ha constituido desde hace más de cincuenta años, con el objeto de sustituirla tanto por la acción directa del Estado en la economía como por la de nuevos empresarios, surgidos bajo el paraguas del gobierno. 

Durante la gestión del presidente Chávez el ámbito de actuación del sector público ha crecido de forma significativa hasta el punto de abarcar actividades económicas que van desde la elaboración de camisas  hasta la producción  de vehículos militares pasando por la operación de líneas áreas y agencias de viajes. Esto ha implicado que el Estado tenga que hacer un esfuerzo considerable para sufragar los gastos de esas empresas que registran pérdidas consecutivas, lo cual se le resta recursos financieros al gasto social, especialmente en salud y educación. Pero no solamente se trata de que el Estado se haya involucrado en la producción de bienes donde nada tiene que buscar sino que también ha estrechado el cerco regulatorio, mediante la imposición de normas y acciones que en vez de facilitar la actividad económica la obstaculizan, como las que se muestran en el cuadro. 

Principales restricciones a la actividad económica en Venezuela 

Control de precios

Control de cambios

Solvencia laboral

Uso del Seniat para fines tributarios y no tributarios

Empleo de la FAN para promover invasiones de fincas

 De esta forma, se ha venido destruyendo la rentabilidad del sector industrial y agropecuario en tanto que en la esfera financiera, comercial, y las comunicaciones se registran jugosas ganancias. Pero esto tiene un costo muy elevado para Venezuela debido a que la escasa inversión que se realiza no genera capacidad exportadora en una economía que ahora se ha hecho más dependiente y vulnerable de las exportaciones petroleras.  Por esa razón las bases del actual crecimiento son muy endebles. Pero con todo y ello los empresarios de Venezuela cuya actividad es conocida y reconocida cada día deben hacer una labor por mantener sus empresas a flote no obstante el acoso tributario, la represión que impone el control de precios, las limitaciones al acceso a las divisas, entre otras restricciones. Si en lugar de contar con un Estado que despotrica de la empresa privada y que la acosa, se tuviera uno que facilite y promueva la iniciativa económica, con toda seguridad este auge de los precios del petróleo que disfruta Venezuela se traduciría en la creación de riqueza permanente para que sobre esa base mejore la distribución de la renta y un mayor número de venezolanos salga de la pobreza. 

En contrapartida al empresario que arriesga, que invierte y que tiene que lidiar con una tupida red burocrática, está emergiendo una nueva categorías de gente del mundo de los negocios, cuyo móvil de actuación es el corto plazo y la ganancia relámpago, que se han disfrazado de socialistas para acceder a los beneficios que procura un Estado con disponibilidades financieras incuantificables. Con el título de partidarios del gobierno bajo el brazo, su función estriba no en producir sino en tramitar para ellos, sus amigos y relacionados, créditos y divisas ante los organismos públicos. El carné partidista del pasado, requisito para  realizar gestiones ante organismos públicos, ha sido sustituido por la profesión de fe al proceso bolivariano, conformándose de esta manera una parodia de empresarios que todavía no calzan los puntos para detentar ese título. El concepto que mejor se le ajusta es el de rentista que según la acepción del término significa hacer dinero procurando influir sobre quienes toman las decisiones económicas en vez de obtenerlo mediante la producción y el comercio.  Y eso es lo parece ocurrir con los nuevos empresarios bolivarianos de papel, cuyo esfuerzo productivo consiste en visitar a los ministros y jefes de organismos tales como Cadivi, el Banco Industrial de Venezuela, el Bandes y el  Seniat para conseguir créditos blandos, exoneraciones fiscales, agilizar la entrega de las divisas y lograr contratos con el gobierno para proveer bienes elaborados por terceros.