En
la medida en que se publica más información se hace evidente
la grave crisis que confronta PDVSA, empresa ésta minada
hasta los tuétanos por la corrupción, el nepotismo, el
tráfico de influencias, la segregación política y al frente
de la cual se haya una directiva inepta ante el desafío de
dirigir una corporación de esa magnitud. Pero no se vaya a
creer que las irregularidades de PDVSA aparecieron ahora, de
la noche a la mañana, ha sido un proceso que se ha venido
gestando y agudizando desde 2003, al menos. Con la
administración de Rafael Ramírez en su doble condición de
presidente de la empresa y ministro de Energía y Petróleo se
han exacerbado los males de antaño como la caída del
potencial de producción de unos pozos petroleros
virtualmente exprimidos por el esfuerzo productor de más de
sesenta años de extracción sin que se realicen las
inversiones requeridas para mantener los niveles de
actividad. Ello ha sido así porque el Gobierno optó por
transformar a PDVSA en una especie de mega ministerio de la
acción social, desenfocándola de su actividad fundamental
con el resultado hoy visible de una importante declinación
de la producción de crudos y derivados, como se aprecia en
el gráfico. Para este propósito ha jugado un papel estelar
el inefable Rafael Ramírez mediante prácticas financieras
cuestionables tales como la distracción de fondos que debían
ingresar al BCV y no fueron enterados al ente emisor. En
2004, cálculos realizados sugirieron que PDVSA dejó de
venderle al BCV divisas por US$ 3.515 millones sin que se
conozca el destino de ese dinero y otro tanto sucedió en
2005, con el agravante de que la suma aumentó a US$ 5.000
millones, todo ello bajo la obligación legal de la Ley del
BCV, vigente para entonces, que establecía que PDVSA debía
vender todas las divisas generadas al BCV. Pues no lo hizo,
los recursos se esfumaron porque está claro que no se
invirtieron en Venezuela porque de otra manera no tendríamos
esta declinación de la producción. Hay fundados elementos
para pensar que PDVSA mantiene cuentas en divisas no
autorizadas legalmente para financiamientos externos ajenos
al negocio petrolero y que muy pocas personas conocen de
esos movimientos.
A esta situación se ha sumado la confesión de Luis Vierma,
vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, en la
Asamblea Nacional, donde puso en evidencia hechos
extremadamente graves que si en Venezuela privara un régimen
de justicia hubiese llevado de inmediato a la destitución de
Rafael Ramírez como ministro y presidente de PDVSA, cuestión
que luce difícil por cuanto él conoce las intríngulis del
manejo de fondos fuera del país y los utilizados
internamente para el financiamiento tanto de los gastos
discrecionales del Estado como los que se dirigieron a las
campañas electorales, al MVR y ahora a la creación del
partido único. Afirmó Vierma que por decisión de la Junta
Directiva de PDVSA se le adjudicó un contrato por Bs.
148.200 millones (US$ 70 millones) a la empresa Constructora
Interbolivariana S.A Multinacional Andina que a la fecha de
inscribirse en el registro de contratistas de PDVSA en 2005
contaba con un solo empleado. La secuencia corruptora
prosiguió unos días más tarde cuando se asignó un contrato a
dedo por US$ 2.000 millones para la adquisición de ocho
taladros, a la empresa Cosmaca, con apenas un millón de
dólares de capital. Esta empresa, con el contrato en la
mano, lo negoció posteriormente a la firma KRF. CA. Como si
tratara de un botín de guerra en disputa, en Anaco, Estado
Anzoátegui, PDVSA Gas, amparándose en la figura de la
emergencia se le entregó en 2003 la realización de una obra
por un monto de Bs. 2.137 millones (US$ 99 millones) en
Campo Mata a la empresa Ecoinca, la cual no estaba inscrita
como proveedora de PDVSA. Aunque la legislación venezolana
no lo prohíbe, llama poderosamente la atención el hecho de
que la encargada en PDVSA Gas de la asignación de las
contrataciones de obras es la esposa del presidente de
Ecoinca. ¡Que casualidad!
En esta modalidad de conformar empresas de papel para
hacerse de contratos millonarios es una vieja práctica de la
corrupción del pasado que ha actualmente se ha potenciado
con el Gobierno de Hugo Chávez toda vez que disfrazados de
cooperativas y de empresas de producción social, amigos del
régimen están aprovechando esta oportunidad única de una
desvalida PDVSA, que no cuenta con los recursos técnicos
para la ejecución, control y supervisión de un elevado
presupuesto de gastos.