El anuncio parcial del paquete de medidas para contener la presión inflacionaria hecho por Rodrigo Cabeza, Jorge Rodríguez y María Cristina Iglesias, lo completó el presidente Hugo Chávez con la disminución de la alícuota del IVA, la propuesta de una reforma monetaria, la emisión de bonos de la deuda y una ley para penalizar el acaparamiento y la especulación. De esta manera, el programa para intentar abatir la inflación, aparte de las medidas anteriormente mencionadas, contiene además la reducción del IVA a la carne, el queso blanco, la avena, entre otros productos, el aumento del cupo de divisas a quienes realicen transacciones en el exterior y el otorgamiento de subsidios a los productores de maíz, algodón, caña de azúcar, arroz y sorgo.

Para que una política antiinflacionario tenga éxito debe atacar las causas que provocaron el alza de los precios y no su manifestación. Actualmente la economía venezolana mantiene un exceso de demanda que, frente a una producción insuficiente que se ha complementado con importaciones masivas, está generando una influencia sostenida sobre el nivel de precios. Por ello, las acciones contra la inflación deben atacar tanto el lado de la demanda como el de la oferta y ese principio está ausente en lo que ha presentado el gobierno. El caso del IVA llama poderosamente la atención. Nadie puede poner en duda que con su disminución el nivel de precios va a bajar. Lo que no se puede asegurar es que se evite que los precios puedan seguir aumentando posteriormente si la fuerza de la demanda los impulsa de nuevo hacia arriba. Al reducirse el IVA ello equivale a darle más dinero a los consumidores para que adquieran más bienes y demanden más servicios con lo cual el gasto agregado de la economía adquiere un nuevo empuje que podría traducirse en una aumento de los precios aunque éstos, como reacción a la rebaja de la tasa del IVA, hayan disminuido transitoriamente. De esta manera, en lugar de contribuir a aliviar las presiones sobre los precios la reducción del IVA puede exacerbar la tendencia inflacionaria de la economía.

Debe destacarse que el sacrificio fiscal por la disminución del IVA equivale a Bs. 12.800 millardos, aproximadamente 5,0% del PIB, cifra esta que el gobierno no va a poder compensar a corto plazo con el impuesto a la renta y con el impuesto al lujo, por la sencilla razón de que el porcentaje de trabajadores en la economía informal hace difícil el cobro de ese tributo y además porque los ingresos de quienes están ocupados no es suficiente para incrementar la recaudación de forma significativa. Ello sugiere que el déficit fiscal se ampliará con lo cual el gobierno tendría que recurrir al endeudamiento público para poder mantener el gasto público. Lo absurdo ha llegado a niveles tales que hasta se ha propuesto la eliminación del IVA, el tributo de más fácil recaudación aunque no sea el más equitativo de los impuestos. Por tanto, este es un plan antiinflacionario que profundiza la vulnerabilidad fiscal de la economía venezolana. A ese perfil deficitario hay que agregar el costo de los subsidios agrícolas que se traducirá en mayores erogaciones en momentos en que disminuyen los ingresos del gobierno. El cuadro es, entonces, de un potencial déficit de las cuentas públicas que va continuar ejerciendo influencia sobre los tipos de cambio y los precios.

En lo relativo al aumento del cupo en divisas, ello es parecido a un subsidio cambiario otorgado a quienes tienen tarjeta de créditos y la utilizan para financiar viajes y compras en el exterior. En otras palabras, el gobierno está invitando a los venezolanos para que saquen las divisas y para que hagan turismo fuera de Venezuela. Más allá de esta consideración, la magnitud del gasto involucrado no es significativa para que pueda considerarse seriamente como un instrumento de absorción de liquidez.

La emisión de deuda pública por US$ 1.500 millones en el llamado Bono del Sur II, si representa un mecanismo instantáneo para contraer parte de la liquidez excesiva de la economía toda vez que al comprar los dólares hay que deshacerse de los bolívares. Lo que también es cierto es que para los excedentes monetarios que actualmente registra la economía venezolana, el monto de la colocación luce muy modesta lo que hace presumir que el gobierno tendrá que recurrir a nuevas colocaciones de deuda.

Lo concerniente a la realización de una reforma monetaria para controlar la inflación no debería suscitar mayores comentarios si no fuese por la importancia que los voceros de la política económica le asignaron al tema. Quitarle tres ceros a la moneda lo único que puede provocar es un efecto psicológico al crear la sensación de que los bienes son más baratos. De ahí no va a pasar porque el ingreso nominal también se va a reducir en forma proporcional. Detrás de esa reforma puede esconderse la intención de devaluar el bolívar para enjugar el déficit fiscal. Las reformas monetarias sin el debido soporte fiscal y monetario fracasaron en América Latina y Venezuela no será la excepción. Al respecto es alucinante la falta de conocimiento de ministros y directores del BCV que opinan sobre el tema sin haber revisado la literatura respectiva. Si fuese tan fácil hacer una reforma monetaria ya todos los países que sufren de inflación la hubiesen puesto en marcha. Los casos exitosos como el Plan Real de Brasil así lo sostienen.

Si de leyes se tratara para detener la inflación en el mundo no existiría este flagelo económico. La Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación y el Boicot es similar al caso de una autoridad gubernamental que no está de acuerdo con la Ley de la Gravedad y dicta un decreto prohibiendo que los cuerpos caigan libremente según su peso. A parte de no definir con precisión, qué se entiende por acaparamiento, especulación y boicot, la ley en referencia es punitiva e intenta sancionar a quienes venden a precios elevados sin resolver el problema de porqué los comerciantes hacen sus transacciones a esos precios. Las penas impuestas, las cuales van desde multas, expropiaciones y cárcel, puede traducirse en una inhibición de la actividad comercial lo que privaría a Venezuela de canales de comercialización del sector privado que han demostrado ser eficientes para llevar y colocar mercancías a lo largo del territorio nacional al tiempo que abriría las puertas para acentuar el rol del Estado en la economía.

Así, las medidas anunciadas son una caricatura de un plan económico contra el actual enemigo principal de la economía venezolana y que va a naufragar en una combinación de precios más elevados, escasez y depreciación del bolívar, todo ello en el contexto de una expansión fiscal y monetaria insostenible.

La visita de Kirchner

El presidente argentino en su viaje a Venezuela se lleva a su país un conjunto de arreglos que significan una enorme ventaja para la nación gaucha. Ha asegurado la colocación de al menos US$ 750 millones en bonos de la deuda en el mercado venezolano también ha logrado el financiamiento venezolano por US$ 135 millones para la cooperativa láctea Sancor, que está en situación de quiebra. El monto otorgado será cancelado en especie. Igualmente, alcanzó Kirchner que Venezuela le comprara a su país carne, tractores y vehículos de pasajeros. Venezuela se está convirtiendo en gran almacén de los productos argentinos. La verdadera intención de la relación de Chávez es ir desplazando a Colombia como principal socio comercial no petrolero de Venezuela y sustituirlo con su aliado transitorio, utilizando para ello la prerrogativa que implica el poder de compra del Estado venezolano. Con la gran desventaja de que es muy poco lo que Venezuela puede exportar a Argentina a diferencia de Colombia en cuyo mercado existen claras ventajas comparativas para los productos venezolanos. En esa jugada estratégica se golpea también a los sectores productores de Venezuela, especialmente el agrícola, el cual ha sido una de las víctimas más notorias de las políticas de control de precios y las invasiones.