El Presidente Hugo Chávez ordenó el viernes en la noche que su embajador ante el gobierno de Colombia regresara a  Bogotá. Pero nada quedó claro de sus altisonantes anuncios de la semana pasada sobre la congelación de las relaciones entre Venezuela y Colombia. En un nuevo capítulo de la novela política por entregas en que se ha convertido la relación con nuestro segundo socio comercial, el Presidente venezolano había ordenado previamente el retiro de todo el personal de la embajada, excepto el del funcionario de menor rango diplomático.

Todo el entramado político de una novela, informes secretos que se relevan, visitas relámpagos de un lado a otro y alianzas que se ponen a prueba, pero queda un tema de fondo: ¿Puede el Presidente de la República cerrar legalmente el comercio entre dos países?

La dinámica nacional de los últimos meses parece darle la razón al Gobierno Bolivariano de Venezuela, pero la verdad es que los compromisos internacionales suscritos por el país en esa materia lo impiden.

Venezuela es fundadora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), máximo foro internacional para la comercialización de bienes y servicios. 153 estados la integran; todos los grandes, medianos y pequeños actores en el comercio internacional se dan cita alrededor de su mesa para discutir, negociar y resolver los principales problemas derivados del intercambio internacional.

La OMC tiene, al menos, tres principios fundamentales que deben obedecer sus miembros: el trato nacional, la no discriminación y la transparencia. Es decir, ningún país puede darle condiciones diferentes a otro miembro de la OMC; no debe discriminarlo por razones de nacionalidad y además, las razones que podrían sustentar esa medida deben ser claras y del conocimiento público. Estos requisitos no se cumplen en las últimas medidas anunciadas.

 Ya en una ocasión, Venezuela se benefició de la OMC y su tribunal. En 1996 Estados Unidos estableció discriminaciones para los productores nacionales y extranjeros de gasolina. Se prohibió la importación de productos venezolanos en beneficio de los nacionales. En esa ocasión ganamos una demanda que abrió nuevamente la puerta a los productos de nuestro país.

Colombia sabe que la vía legal existe, pero el tiempo que puede pasar mientras la instrumentación  medidas de esta naturaleza perjudica a sus nacionales y, en particular, a los habitantes de la frontera. La opción urgente es la política.

Sólo los guionistas  conocen el próximo capítulo y, como en las radionovelas por entregas, alguien siempre, dará un golpe de timón. Sintonice el próximo capítulo.

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País