La intolerancia y el desprecio mostrado por
el presidente de la república y los insultos que profiere,
nada propios a su investidura, hacen recordar el
primitivismo y barbarie política de una Venezuela del pasado
ya superada. Alentar el odio, el resentimiento y la lucha de
clases entre venezolanos es de una canallada tal, que raya
en actitudes criminales penadas por la ley.
Los casos de la alcaldía Mayor y el estado
Miranda, que están siendo despojados de ambulatorios,
escuelas, hospitales, e institutos autónomos mientras se
desarma a sus policías, son acciones fraudulentas inspiradas
por el presidente, que actúa, cual Atila criollo, bajo la
consigna de tierra arrasada.
A esto se añaden los delitos de funcionarios
salientes, cuando se apropian indebidamente de bienes
públicos como carros, teléfonos y equipos de oficina, pues
esos bienes pertenecen a la nación, es decir, al conjunto de
sus ciudadanos.
Mientras se promueven estas actitudes
forajidas, se agrede y acusa de ladrones a dirigentes
políticos opositores y se intenta cerrar al canal de
noticias Globovisión bajo la acusación de promover el
desorden público. Vaya ironía de la revolución.
Contrastan igualmente las civilizadas
declaraciones del alcalde mayor electo que extiende la mano
y se ofrece para trabajar conjuntamente en beneficio del
pueblo, con el rechazo soez del nuevo alcalde del Municipio
Libertador, despreciando al porcentaje de caraqueños que no
votó por él.
Las autoridades electas, deben comprender que
son servidores públicos y que se deben al pueblo que los
eligió. Entiendan que trabajar por la comunidad, implica
hacer eficientes las inversiones públicas y los programas
sociales para disfrute de las mayorías, no como ahora,
cuando una buena parte de esos recursos se quedan en los
bolsillos de burócratas sinvergüenzas. El pueblo debe exigir
mano dura contra ese malandraje enquistado en la
administración pública.
juaamilq249@cantv.net