En lo que va de año el gobierno nacional ha radicalizado sus políticas y decisiones con la finalidad de implantar un socialismo rechazado por las grandes mayorías populares.

La última, decretada por el ejecutivo, conocida coloquialmente por el pueblo como la ley sapo, coloca a los individuos en posición de delator bajo penas que no pueden ser revisadas por los tribunales de la nación. La promesa de revisarla trae a la memoria lo ocurrido con el currículo escolar, que a pesar del compromiso de tomar en cuenta las observaciones que padres y educadores le hicieron por su carga ideológica, este se ha seguido implantando arbitrariamente.

Tampoco podemos pasar por alto la concentración de poder en manos del gobierno central quitando a las autoridades regionales responsabilidades que habían asumido como fruto de la descentralización o la inhabilitación de políticos oposicionistas.

La ley sobre especulación y acaparamiento que coloca a las empresas del sector alimentario en condiciones de no poder operar con los adecuados niveles de inventarios. La legislación sobre las ganancias súbitas en el sector petrolero que ahuyenta las inversiones privadas requeridas por los propios planes de la estatal petrolera. Las amenazas de regulación a las clínicas privadas las cuales representan un paliativo para la población, ante un sistema de salud público colapsado. La confiscación arbitraria de tierras sin intención clara de distribuirlas entre los trabajadores del campo.

Las estatizaciones de empresas productivas y eficientes decretadas de manera ilegal. La compra desmesurada de armas y equipos militares, que reducen la posibilidad de ejecutar obras de beneficio comunitario. La entrega incontrolada de fondos a gobiernos extranjeros que provoca indignación de amplios sectores en nuestro país.

Esta enumeración de acciones inconsultas y hasta ilegítimas en ciertos casos, es tan sólo una muestra del salto al vacío cuyo costo, la revolución habrá de pagar en un futuro cercano.


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