Cualquier cosa que se
plantee contra la Ley de Educación está bien. En este
sentido, no son despreciables y creo que deben apoyarse
todas las iniciativas que se han planteado hasta ahora.
Desde el simple desconocimiento pacífico de la ley
(enmarcado dentro de nuestros deberes hacia nuestra Carta
Magna según lo pauta el Art. 333 de la CRBV) hasta la lucha
legal contra la LOE todo lo que se haga contra el esperpento
es válido. El futuro de nuestros hijos e hijas lo reclama.
De las últimas, es
decir, de las acciones legales que se han sometido a la
consideración pública, destacan la propuesta de interponer
un recurso de nulidad absoluta contra la LOE (aunque sea
sólo para dejar firme constancia de que se intentaron las
acciones legales que a nivel interno se deben agotar antes
de acudir a las instancias internacionales) y la de intentar
un referendo abrogatorio contra la misma.
Lo primero (el recurso
de nulidad) tiene pocas posibilidades de éxito interno.
Según la estadística reciente levantada por el profesor
Antonio Cánova durante todo el año 2007 y los primeros seis
meses del 2008 de 296 acciones de nulidad intentadas contra
diferentes actos del poder público sólo una fue declarada
con lugar. Y ésta sentencia, que le daba la razón a un
particular contra el poder, fue posteriormente revocada por
la Sala Constitucional. En otras palabras, el marcador
apunta que el poder ha ganado estos juegos por paliza de 296
a 0 contra los ciudadanos en nuestra terriblemente sumisa
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Injusticia. Lo mismo cabe esperar de cualquier acción que se
intente contra la LOE ante la Sala Constitucional que es
incluso hasta más obediente que todas las demás. Pero ello
no priva a estas acciones de sus efectos simbólicos y de su
necesidad de cara al agotamiento de las vías internas para
luego acudir a las instancias internacionales. Por eso es
indispensable apoyar esta iniciativa u otras similares.
Aunque si se decide
intentarlo hay que apoyarlo, lo que menos me gusta es el
referendo abrogatorio como opción. De acuerdo a las leyes y
a la CRBV (Art. 74) para solicitar el abrogatorio de leyes
se requiere del 10% de las firmas del patrón electoral
(estamos hablando de poco más o menos de 1.700.000 firmas) y
hay que pasar por el “filtro” previo del CNE. Es decir, para
siquiera comenzar a recabar las firmas (en un país en el que
muchos le tienen miedo a poner su rúbrica al lado de
cualquier cosa que sea contra el gobierno) lo lógico es
pedir al CNE que avale las planillas que se utilizarán y que
fije en instructivo las normas que se deben cumplir para que
las firmas colectadas sean válidas. No es justo, ni está
bien que ello sea así, pero si no queremos volver a
enfrentar otro “reafirmazo” lo mejor es curarse en salud.
Pero vamos más allá, suponiendo que se avalen las planillas
–lo cual es incierto e improbable- luego habría que recabar
las firmas –que se dice, pero no es, fácil- y luego apostar
rogando a todas las divinidades que el CNE las considere
suficientes o válidas para convocar el referendo
abrogatorio. Y eso no va a pasar. Lo sabemos. Por otro lado,
nos enfrentamos a otro problema: Siempre se podrá argumentar
de manera hipócrita desde el poder que siendo que la LOE
regula el derecho humano a la educación (que lo es) no puede
someterse, como lo dispone el Art. 74 de nuestra Carta
Magna, a referendo abrogatorio. Y allí se cierran todas las
puertas.
Por eso, más allá del
simple desacato constitucional y de las acciones pacíficas
pero efectivas y contundentes de protesta -que no deben
dejarse de lado- prefiero lo siguiente: De acuerdo a nuestra
Constitución y a las leyes vigentes las normas pierden
vigencia por su derogatoria expresa o tácita o por la
promulgación de una nueva ley que regule los mismos
supuestos de la anterior. Considero entonces más viable y
productivo proponer directamente a la Asamblea Nacional, por
iniciativa ciudadana, un nuevo proyecto de Ley de Educación
“corregido” que sustituya el recientemente aprobado y que
elimine todo lo negativo de la ley rescatando los aspectos
positivos –que sí los hay- de la misma.
Las ventajas de esta
opción sobre la del abrogatorio son muchas. En primer lugar
es proposición, no simple “negación” o cuestionamiento.
Permite un discurso “en positivo” que supera lo simplemente
crítico y que permite captar a factores y ciudadanos ganados
a la causa oficialista desde la aceptación de un compendio
de “puntos de encuentro” que vaya más allá de la simple, y
muchas veces estéril, confrontación. En segundo lugar, el
Art. 204 de la CRBV pide sólo el 0,1% de las firmas de los
electores (algo así como sólo 17.000 rúbricas, mucho mas
fácil de obtener que las que se necesitan para el
abrogatorio) lo cual simplifica las cosas. En tercer lugar,
estas firmas no van al CNE ni requieren de su aprobación
previa, van directamente a la AN lo cual remueve obstáculos
innecesarios y, en esta coyuntura, insuperables. Pero por
último, lo más importante es que la AN está obligada a
discutir el proyecto de ley que se presente en éstos
términos, en el mismo periodo de sesiones en el que se
presente o, a más tardar en el siguiente, ya que si no lo
hace la orden constitucional es clara: El proyecto de ley
que sea presentado a la AN por los ciudadanos que no se
discuta debe ser sometido, sin más preámbulos, a referendo
aprobatorio. Eso lo ordena el Art. 205 de la CRBV que reza:
“La discusión de los proyectos de ley presentados por los
electores y electoras conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones
ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate
no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá
a referendo aprobatorio de conformidad con la ley”.
En otras palabras, esta
opción muestra muchas más ventajas que las que se apuntan al
referendo abrogatorio. Sin hacernos sin embargo de vanas
esperanzas, es incuestionable que esta opción de alguna
manera coloca a los diputados y diputadas (en un año, el que
viene, que para ellos es electoral) en la situación de
responderle en un marco temporal preciso al pueblo o, lo que
es lo mismo, de bailar al son que le toque la ciudadanía y
no, como ha ocurrido hasta ahora, a la inversa.
Como dice mi padre,
la verdadera maldad en el mundo es la falta de imaginación.
Es el momento de poner, todos y cada uno de nosotros, la
mente a trabajar en crear modalidades de lucha diferentes e
imaginativas que desplacen al miedo y a la indiferencia.
Esta propuesta, sumada a otras de corte contestatario
creativas y efectivas, nos sitúa, en mi criterio, en una
mejor posición de cara a la barbarie que se avecina.