Ya las computadoras del “camarada” Raúl Reyes, y otros indicios previos, nos habían hablado con claridad de la naturaleza de las relaciones entre el gobierno venezolano y las FARC. Recordemos. El día 1° de Marzo de 2008 el ejército Colombiano ejecutó una acción que tuvo lugar al sur del denominado “Río Putumayo”, en la zona de Santa Rosa en la frontera entre Colombia y Ecuador que culminó en la destrucción de un campamento de las FARC, en la muerte de 1 soldado del ejército colombiano y en el fallecimiento de 17 personas pertenecientes a las dichas fuerzas “revolucionarias” entre ellas dos de los líderes más importantes de esta organización, calificada como terrorista a nivel internacional, de nombre Luis Edgar Devia Silva, alías “Raúl Reyes”, miembro en vida del Secretariado de las FARC y de Guillermo Enrique Torres, alias “Julián Conrado”, uno de sus más importantes ideólogos. Luego de que se produjeron tales acciones, y después de haber las autoridades respectivas asegurado debidamente el lugar del suceso, se conoció que en dicho sitio habían sido encontradas diversas evidencias que enlazaban directamente a las FARC con la ejecución de actos terroristas y, más allá, que vinculaban a los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Venezuela con actividades terroristas que involucran, entre otras lindezas, el secuestro y asesinato de civiles y de personalidades políticas percibidas por las FARC y su dirigencia como opuestas a sus ideas y, entre otros actos igualmente contrarios a los derechos humanos más elementales y a las normas internacionales aplicables en caso de conflictos internos o externos, el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes para actividades bélicas y el uso en combate de medios y armas prohibidos a nivel internacional para los conflictos internacionales e internos, como las minas antipersonales.  

Ahora resulta que el gobierno sueco confirma que varias de las armas que han sido incautadas a las FARC en enfrentamientos recientes de ésta con el ejército colombiano pertenecieron a lotes que habían sido vendidos a Venezuela en la década de los ochentas. La respuesta del gobierno venezolano no ha sido diferente de la que puede esperarse del que juega al ofendido cuando le molestan a un amigo. Se “hace el sueco” pero no en el sentido más venturoso de la frase. En vez de analizar el asunto con seriedad, se asume la cosa como una afrenta personal al “líder” y, en lugar de indicar que se procederá a investigar cómo fue que esas armas (a la sazón, unos lanzacohetes) llegaron a manos de estas fuerzas terroristas -haciendo valer contra quién quiera que sea las responsabilidades de rigor, y preguntándose detalles como por ejemplo ¿cuándo fueron, si es que lo fueron, desincorporados de nuestro arsenal?- se lanzan los oficialistas al ataque del mensajero a través del descrédito no del hecho denunciado, sino de quien lo denuncia.  

Ya Tarek El Aissami, nuestro Ministro de Interior y Justicia, se ha dado a la tarea de decir que se trata de un “show mediático” y Maduro, nuestro canciller, se ocupa de ver la paja en el ojo ajeno obviando la viga en el propio denunciando la intención de EEUU de instalar cuatro bases militares en territorio colombiano. No me gusta que se instalen bases militares de nadie en ningún lado, pero por más que eso preocupe ese no es el punto. El punto es qué pasa entre las FARC y Venezuela y hasta dónde llegan las relaciones entre éstos irregulares y nuestro gobierno. Y de nada sirve callar en este tema escabroso o jugar a la distracción, nada de eso hará desaparecer el problema ni las dudas que suscita. Es lo mismo que pasa con el tema de la inseguridad. Según el poder no es que en Venezuela mueran mensualmente centenas de personas a manos del hampa, es que la “oligarquía” miente porque sólo quiere desestabilizar. Allá esas madres que hacen largas colas en las morgues reclamando un despojo a cambio de lo que hasta hacía poco había sido un hijo. No existen –según El Aissami- o son “asalariadas del imperio”. Así, en esta estrategia de distracción y de negación nos mantiene el poder ahora con respecto a las FARC. Los suecos “mienten”, los colombianos “mienten”, el imperio “miente”, todos faltan a la verdad –así lo afirma el gobierno venezolano- pero nadie investiga qué es lo que está detrás de todo esto, y lo grave es que en esta diatriba los que terminan pagando los platos rotos son los ciudadanos inocentes de los países en los que las FARC hace y deshace. 

Las FARC son una organización terrorista, así lo estableció el Consejo de la Unión Europea el Diecisiete (17) de Junio de 2002, cuando mediante Posición Común del Consejo 462, incluyó a las FARC como grupo terrorista. También el 27 de diciembre de 2001 el mismo Consejo mediante PESC/931/2001, resolvió que se entiende por grupo terrorista todo grupo estructurado de más de dos personas, establecido durante cierto tiempo, que actúe de manera concertada con el fin de cometer actos terroristas. Actos como el secuestro de civiles o el asesinato de personalidades políticas en los que, según se ha descubierto, están involucrados algunos gobiernos complacientes, entre ellos, aparentemente, el nuestro. La Resolución No. 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, expresamente obliga a los Estados Miembros -entre los que están. Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Suecia- a “impedir que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en contra de otros Estados o de sus ciudadanos” (Parágrafo 2.d). 

Siendo así ¿No sería mejor dejar la distracción y la negación y darse a averiguar la verdad? Es obligación de gobiernos hacer lo que sea necesario para evitar que estos grupos sigan aterrorizando a los civiles y, al final, ¿no es eso, y el mantenimiento de la paz, lo que a todos nos interesa?  

Bueno, lo que interesa a todos los que no creemos en la violencia como mecanismo para la imposición de las propias ideas y no contamos entre nuestras amistades a dudosos “próceres” como el “Mono Jojoy” u otros impresentables de la misma ralea.