Por no dejar, y porque sigo y seguiré siendo –pese a la advertencia que formularé al final- un hombre de palabra y de argumentos, voy a tratar de explicarles esto de nuevo a los amigos y amigas oficialistas, al menos a los que aún obran con buena fe. Ello con miras a dejar constancia escrita, para cuando la situación se les vaya de las manos, que se les trató de explicar por las buenas por qué a los madres y padres de esta nación libre y soberana no nos gusta y nos parece contraproducente su Ley de Educación. Que no digan jamás, cuando no se les deje aplicar el esperpento, que no se quiso dialogar constructivamente sobre el tema.

O que no se les dio la oportunidad de rectificar.

En primer lugar les destaco que, según manda el Art. 3º de la CRBV, el desarrollo de la persona (no “del gobierno”) y el respeto a la dignidad humana (no “a la autoridad sobre los humanos”) son los primeros fines esenciales de nuestro modelo de Estado. Es decir, primero van el ser humano, el respeto a sus derechos y a su dignidad, y después, bien lejos y casi de último en la cola (aunque no se le saca pues al final es necesario, cuando no se hace del mismo una ciega religión) el “respeto a la autoridad”. También este mismo artículo nos dice que el trabajo y la educación son los medios para alcanzar estos fines de forma tal que un sistema educativo que no les sirva y no se someta a éstas finalidades no es constitucional.

También les recuerdo que, según el Art. 2º de esta misma Carta Magna la libertad, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político son valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, lo que quiere decir que ninguna norma o ley puede ir contra éstos. Por último, les informo que aunque el “comandante” crea otra cosa, es nuestra Constitución la que consagra que es atribución de los padres y madres, promover (Arts. 76, segundo párrafo y 102 CRBV) conjuntamente con el Estado (que no “bajo el mando” o “arbitrario control” del gobierno) la educación de sus hijos, y que además les da la posibilidad de elegir para ello a las instituciones educativas públicas o privadas que prefieran, y los programas educativos que a bien tengan, todo a los efectos de garantizar, conforme al mandato constitucional, el mejor desarrollo de nuestros infantes y adolescentes en una sociedad, próspera, justa y amante de la paz.

Es decir, ese “derecho-deber” de los padres a elegir el tipo o la forma de educación que le quieren dar a sus hijos o a decidir cuál programa educativo les parece mejor no lo inventó un “escuálido”, no es parte de una campaña de terrorismo “mediático”, ni una imposición invasora del “imperio”. Éste aparece recogido como uno de nuestros derechos y deberes fundamentales en la Constitución cuya vigencia fue ratificada en diciembre de 2007 por la abrumadora mayoría de los venezolanos y venezolanas. Dicho todo esto, les recuerdo también que la Constitución que está vigente me ordena (léanse el Art. 333) defenderla y protegerla ante cualquier acto de fuerza o ante cualquier intento ilegítimo de violentarla.

Así las cosas, con el mejor ánimo, pero con firmeza, esperando no tener que pasar a mayores voy a escribirles no como abogado, sino como padre de una niña de dos años a la que quiero ofrecerle una educación libre, pluralista y amplia. Una que le enseñe que el mundo no esta hecho de juguetitos de guerra, que a las ideas de los demás se les respeta y que se puede dialogar sin ofender y para construir consensos y un mejor país, solidario y libre, para todos. Así, como padre, les exijo que dejen de jugar a complacer los caprichos trasnochados de quienes lo ven todo sólo en rojo y que dejen por fuera de las escuelas, liceos, colegios o universidades a los que eventualmente decidiré enviar a mi pequeña a sus “supervisores educativos”, a sus “consejos comunales” o a sus “agentes educativos”.

Promulguen si quieren –como siempre lo hacen- su Ley de Educación de espaldas al sentir del pueblo. Háganlo –como siempre- sin abrir el debate a otros factores distintos de ustedes mismos. Ya de esos abusos rendirán cuentas algún día. Pero les advierto, háganle caso a la exigencia previa. Se las hace un ciudadano con pleno derecho a ello y armado sólo con sus leyes y su Constitución. Háganle caso porque tras la misma viene una advertencia sobre la que asumo total y personal responsabilidad:

Si llego a ver a alguno de esos impresentables representantes de la “revolución educativa” tratando de hacer de mi hija o de sus compañeros “mujeres u hombres nuevos” de esos que les gustan sólo al “comandante” y a algunos de sus contertulios –o lo que es lo mismo, tratando de llenarles la cabeza de estupideces y convirtiéndolos en robots- voy a darle serio contenido a la expresión “¡con mis hijos no te metas!” y lo voy a sacar personalmente de allí. Si se presenta algún “agente educativo” del gobierno en la escuela, liceo, colegio o universidad de mi hija –cuando le toque- a hacer de las suyas contra lo que dice nuestra Constitución, el o la impresentable representante de la “revolución” será removido o removida de allí con todos sus bártulos y libracos rojos puestos de sombrero y quizás –si así debe ser- con un buen puntapié en salva sea la parte.

Si los sacaré de allí violentamente o no, no lo decido yo, lo decidirá el nivel de intransigencia o de resistencia a respetar nuestra Constitución del funcionarucho o de la “agente educativa” de turno. Y no estaré solo. Ya lo verán. ¡Ojalá no sea necesaria la violencia! Deseo con toda mi alma que se imponga la razón, que se deje a nuestros hijas e hijas elegir sus caminos, sus ideas y su futuro en libertad y que se empiece a reconstruir el país desde el diálogo, que no desde la imposición. Deseo fervientemente que se respete nuestra Carta Magna y nuestro sagrado derecho y deber de padres y madres a tomar, sin interferencias ideologizantes del poder ejercido con abuso, las decisiones que consideremos adecuadas con respecto a la educación a nuestros hijos e hijas, y deseo que ese respeto se de por las buenas.

Pero de nuevo ¡no se confundan! Hay cosas con las que no se juega.

La tienen difícil, oficialistas. Al menos conmigo.

Y eso es un hecho. No una amenaza.