No formamos legión los historiadores que reivindicamos la necesidad de estudiar con seriedad científica nuestro pasado, primero y primario, de sociedad monárquica colonial. Menos numerosos somos los que tomamos en consideración el atavismo monárquico como uno de los factores determinantes de nuestra conducta sociopolítica. Y menos numerosos aún somos quienes reconocemos que Fernando VII, “El Deseado”, como se le denominó en el momento de la crisis de la sociedad colonial, ha sido el único gobernante que los venezolanos hemos defendido con una tenacidad rayana en el delirio, durante casi dos décadas, sacrificando en ello bienestar, caudales e incluso la vida.

En el caso de Fernando VII nos movió el muy respetable acatamiento de la Voluntad divina, no el amor a la deleznable figura del Rey, puesto que al constituir la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, defendíamos en realidad nuestra Corona, que era la máxima expresión social y política de la Voluntad divina. Ésta, por su naturaleza, hacía del desacato a la misma nada menos que el máximo pecado en que pudiese incurrir un genuino y fervoroso creyente. En suma: al defender nuestra sagrada Corona y combatir la impía República velábamos por la salvación del alma.

El 30 de marzo de 1845 fue reconocida nuestra condición de Estado independiente por el sucesor de quien se había cambiado en sólo Fernando, para los victoriosos independentistas republicanos venezolanos, (porque los hubo también independentistas monárquicos), desde que el ejército de la República de Colombia, -creada ésta en Angostura el 17 de diciembre de 1819 y constituida en Cúcuta a partir del 6 de mayo de 1821,- venció las fuerzas del Poder colonial formadas por los también patriotas venezolanos leales a nuestra Corona y las fuerzas expedicionarias metropolitanas.

La prolongada y cruenta lucha independentista había sido librada, más que para asumir la soberanía, para rescatarnos del despotismo de la monarquía absoluta, que se había manifestado dispuesta a transferir sus súbditos a un advenedizo emperador; y que se había revelado tenazmente resuelta a no admitir limitaciones constitucionales, hasta el punto de que no vaciló en confiar el destino de sus súbditos peninsulares a la confabulación de fuerzas históricamente reaccionarias denominada Santa Alianza. En suma: la conjugación de la prepotencia, la arrogancia y la confabulación de fuerzas retrógradas para cerrarle el paso, también, a la República moderna y liberal constituida en la Villa del Rosario de Cúcuta el 6 de octubre de 1821, cuando Simón Bolívar promulgó la que fue la Primera Constitución efectiva e institucionalizada de la hasta entonces precaria República de Venezuela.

Pasar de la Monarquía absoluta a la República, y todavía más a la República moderna y liberal, no ha sido camino fácil de recorrer para ninguna sociedad. Nada de extraño hay, en consecuencia, en que el Derecho constitucional liberal contemplase, -según creo recordar de las enseñanzas de Manuel García Pelayo-, la figura de la Dictadura comisoria, entendida como la delegación, por un Cuerpo legislativo que reuniese la legal representación de la soberanía nacional con la legítima esencia de la soberanía popular, en un mandatario que agrupase transitoriamente los poderes del Estado, con la finalidad explícita de restablecer el orden necesario para el eficaz funcionamiento de las instituciones constitucionales republicanas. Lo que significaba, como quedaba taxativamente establecido, que el mandatario en cuestión no sólo habría de rendir cuentas de su actuación ante el Poder soberano que lo invistió de autoridad, sino que le estaba estrictamente prohibido introducir modificación alguna en los fundamentos del ordenamiento constitucional. En consecuencia, se concedía al Dictador comisorio un ejercicio delegado de la soberanía, definido como circunstancial, específico y limitado tanto en su posible alcance como en el tiempo. En todo momento debía seguir resplandeciendo el Sol de la República, en un cielo despejado de los nubarrones del despotismo, para decirlo remedando la retórica de los heroicos legisladores reunidos en Cúcuta cuando conferían la innominada dictadura comisoria al Presidente Libertador en campaña, bajo la figura de facultades extraordinarias.

Por considerar que la Independencia corría peligro, y dado que había sido el alcanzarla la motivación esencial de sus trabajos de soldado y de constitucionalista, Simón Bolívar creyó necesaria una adaptación de la figura constitucional que había amparado su desempeño militar y político, desde que le fuera conferida por el Congreso de Venezuela, reunido en Angostura, al que consideraba peligroso deterioro institucional, político y social de la República de Colombia. Para el efecto contrarió la doctrina sentada por su Congreso en el 4º Considerando de la Ley de 20 de junio de 1827, “Suspendiendo el ejercicio de las facultades extraordinarias y restableciendo el imperio de la constitución y leyes de la República:

…”que aún en el caso de que la constitución y las leyes no hayan sido suficientes para proporcionar al pueblo colombiano los bienes á que justamente es acreedor, mientras que ellas estén vigentes, ó no sean revocadas de una manera legal y propia de las sociedades civilizadas, deben ser exactamente obedecidas y guardadas, como que su observancia y cumplimiento es el único vínculo de unión entre los colombianos”…

En efecto, prevalido de un poder dictatorial que no satisfacía plenamente, en su origen, los enunciados requisitos de legalidad y de legitimidad, sobrepuso la salvaguardia de la Independencia, mediante el restablecimiento del orden público y de la eficiencia institucional y administrativa, a los principios constitucionales por él mismo proclamados. La historiografía venezolana se halló así en un grave predicamento, nacido de la circunstancia de ver asociadas la Independencia con la conculcación de la institucionalidad y la libertad.

Cuando los venezolanos de la porción fundamental del país, bienhallados bajo la monarquía absoluta, restaurada por José Tomás Boves y consolidada por Pablo Morillo, y alegando el no haber participado en la formación de Colombia, rompimos esa República moderna y liberal, -que ha sido, históricamente, nuestra más osada y elevada muestra de creatividad-, nos convertimos en continuadores de la revisionista doctrina dictatorial bolivariana. Posiblemente no nos faltaron del todo razones para ello hasta que en 1845 nuestra Corona nos eximió del cargo de súbditos rebeldes, y nos puso en camino de convertirnos en ciudadanos, no ya de hecho sino de derecho.

¿Se reanudó entonces la vigencia del inicial propósito de sustraernos del ejercicio del despotismo? Con la falaz identificación entre Independencia y Libertad, dictadores y dictadorzuelos nos privaron de los valores republicanos so pretexto de defender la perversa mezcla de esos valores, de suyo soberanos, y nos privaron de la Libertad alegando defender la Independencia contra enemigos por lo general fabulados. Tal ha sido el credo de la República liberal autocrática, siempre más cercana de la Monarquía absoluta que de la República, que estuvo vigente, de manera poco menos que incontestada, hasta 1945; que rebrotó disfrazada de desarrollismo nacionalista en 1948-1958, y que actualmente cambia de máscara pasando del militarismo-bolivarianismo a un indefinible socialismo que encubre un cruda autocracia militar-militarista.

Durante más de un siglo permaneció secuestrada la soberanía popular, pues si bien se convocaba un universo electoral formado sólo por los varones, mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, en los hechos el déspota gobernante era no ya el gran elector sino el elector. En 1946 se amplió al máximo el universo electoral, reconociéndole sus derechos políticos a la mujer y extendiendo el ejercicio del voto a los analfabetos y a los mayores de 18 años. Completada así la sociedad venezolana, su voluntad se expresó masivamente en esa etapa fundacional de la República liberal democrática, y con ello se sentaron precedentes que nadie se ha atrevido a desconocer.

Alarmados por su inexorable condena al desván de la historia, militares y civiles militaristas de diverso pelaje no cejaron en sus trabajos orientados a desnaturalizar la democracia. No ha habido recurso, solapado o abierto, al que no hayan acudido, particularmente a partir de 1958. Tras abrumadores fracasos han optado por una táctica perversa que podría resumirse como la utilización de los procedimientos democráticos, desvirtuados en su razón y propósito, para minar la República liberal democrática, y devolverla a la condición esencial de su predecesora, la República liberal autocrática, es decir restaurando su comportamiento monárquico.

No para prueba de que la historia se repite, sino para la de una grosera mistificación de la historia, y también de la palmaria demostración de esterilidad ideológica, de nuevo se conjugan la prepotencia, la arrogancia y la confabulación de las más oscuras fuerzas nacionales e internacionales, para demoler la República mediante la restauración encubierta de una monarquía de pacotilla, configurándose así la revancha de Fernando VII, que consiste en la entronización de una suerte de Fernando VIII, al amparo de la extrapolación, en sentido, alcance y duración, de la denominada Ley Habilitante, entendida como la dejación de todos los poderes del Estado en manos de un soberano absoluto, y por lo mismo, practicada como el secuestro de la soberanía popular.