Después de una larga puja, el CNE ha anunciado las fechas electorales para los comicios presidenciales, de gobernadores y alcaldes, y municipales. Y lo primero que debe advertirse, es que las mismas reflejan el proceso de des-institucionalización que ha padecido el país en los últimos años. Y es que en un sistema constitucional en el que los períodos de los funcionarios electos son fijos, la oportunidad de las elecciones respectivas también debería serlo. Pero no es así.

Éstas se adelantan, aplazan, separan y unen con base a un criterio principal, o la conveniencia política de la parcialidad en el poder. Así, las elecciones presidenciales se separan y adelantan de las de gobernadores y alcaldes, no por rendirle tributo a la "descentralización", sino para evitar que el señor Chávez tenga que hacer campaña por él y al mismo tiempo por los bacalaos peseuvistas que promovió en el 2008. Y las municipales se dejan para el 2013, siendo que han debido celebrarse años atrás.

En todo caso, la fecha del 7 de octubre no altera de manera sustancial el cronograma de la MUD para las primarias, y ha sido acogida, por tanto, sin demasiados remilgos. Otra cosa es que se ensanche el lapso entre la elección y la toma de posesión, y los riesgos que ello implica tomando en cuenta el precedente de las legislativas del 2010.

Por lo demás, la preparación estatal para un escenario de triunfo opositor, no esperará que se produzca sino que se anticipará, como de hecho viene sucediendo con el montaje del denominado "poder popular", o el para-estado bolivarista. Pero en fin, más allá de la fecha anunciada, ahora continúa el camino tortuoso de una ruta electoral en manos del CNE, es decir subordinada al comando político de la "revolución".

En este sentido, es previsible que el CNE oficialista repita el guión de ocasiones anteriores: hacer todo lo posible para tratar de condicionar los resultados, a través de un abultado repertorio de emprendimientos y omisiones dirigidos a estimular la abstención entre los opositores, y a coaccionar o condicionar el voto en otros sectores políticos. Lo cual, sin duda, constituye una manera fraudulenta de ejercer las tareas de conducción comicial.

Cuando el rector Vicente Díaz afirma que las elecciones están blindadas contra el fraude, seguramente se referirá al acto electoral en sí y a la posibilidad de adulterar el sufragio emitido. Su palabra vaya por delante... Pero el tema de fondo no es sólo ése, sino la configuración de un proceso electoral --de acá hasta octubre del 2012-- con el fin de favorecer al régimen y desfavorecer a su alternativa.

El tema del "cambio tecnológico de la plataforma", por ejemplo, o el sempiterno del registro, o las dificultades para que fluya la inscripción de nuevos votantes y de votantes en el exterior, o las reglamentaciones discriminatorias, o el silencio ante el avasallante ventajismo, son algunos de los pivotes que marcarán el referido proceso en los meses por venir.

Y en la materia "tecnológica" lo que está sobre el tapete es la integración de las capta-huellas con la máquina de votación, invocándose justificaciones técnicas que en realidad sólo buscan opacar la intención de generar incertidumbre acerca del secreto del voto. Verbigracia, una forma de condicionarlo.

Como nada de esto es novedoso, en términos del proceder del "poder electoral", es obvio que la tanto la MUD como los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, estén perfectamente en cuenta de la situación. Razón de más, por tanto, para reforzar la estructura unitaria, activar la supervisión sobre las actuaciones del CNE, alertar a la opinión pública al respecto, y desplegar una intensa campaña de defensa de los derechos electorales de los venezolanos.

Es un hecho que la campaña se hará en un campo minado, y ello significa que la lucha no puede conocer ni un minuto de descanso. Ni uno solo en los casi trece meses que faltan para el 7-O.

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*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información