Los gobernadores y alcaldes no-oficialistas están asumiendo una actitud centrada y valerosa al enfrentar políticamente el desconocimiento del Estado bolivarista a su derecho de gobernar. Esto es, su legítimo derecho de ejercer las facultades constitucionales en sus respectivos ámbitos de poder regional y municipal. La esperada "privativa de libertad" en contra de Manuel Rosales es una prueba decisiva al respecto.

El señor Chávez está decidido a quitarles la alfombra y dejarlos pintados en la pared. De hecho, es lo que ha venido haciendo desde el día lunes 24 de noviembre de 2008. De no encontrar resistencia política continuaría en su propósito y terminaría de convertir a la descentralización en una reliquia formal sin contenido práctico.

En este sentido, la "reformada" ley de la materia supone una doble violación constitucional. Violenta las actuales disposiciones de la Constitución de 1999 que sustentan el concepto de Estado descentralizado, y también violenta la decisión referendaria del 2-D de 2007 de no aprobar las modificaciones sustanciales que facilitaban la recentralización que, ahora, se contrabandea con la referida ley.

Por otra parte, debe afirmarse que los millones de venezolanos que votaron para elegir a los gobernadores y alcaldes opositores, no sólo deseaban contar con funcionarios ejecutivos que se ocuparan diligentemente de los incontables problemas de las comunidades; en gran medida aspiraban, también, que esos gobernadores y alcaldes ejercieran un liderazgo de naturaleza política que contribuyese a contener las pretensiones de dominio neo-totalitario de la llamada revolución.

Y es que la posibilidad de emprender iniciativas administrativas de calidad y provecho social --lo que en lenguaje corriente se conoce como "gestión"--, depende de manera esencial de que cuenten con las competencias, estructuras y recursos que le son propios a las Gobernaciones y Alcaldías conforme a la Constitución vigente.

En ese sentido, todos y cada uno de los proyectos, programas y ejecutorias se subordinan al hecho elemental de que sean materialmente posibles, y ello se desvanece sin una infraestructura mínima que las haga viables. Sin policías no hay plan de seguridad, como no habría plan de salud, educación, vialidad o servicios públicos sin la correspondiente combinación de facultades e instrumentos.

De allí que para defender su derecho de gobierno o su capacidad de gestión, sean indispensable la lucha política que están librando ante el atropello sistemático que han venido padeciendo, incluso antes de tomar posesión oficial de sus cargos. Lo político, por ende, no es paralelo o complementario a lo administrativo o gestión. No. Es el punto de partida sin lo cual lo demás puede quedar en quimera.

Por eso trata de una lucha existencial, no tanto en nombre de sus investiduras personales, sino como voceros principales de estados y municipios y, sobre todo, como representantes de la voluntad popular. Antonio Ledezma, Pablo Pérez, Henrique Capriles, César Pérez Vivas, Morel Rodríguez, Henrique Salas Feo, Manuel Rosales, Carlos Ocariz o Gerardo Blyde, para sólo nombrar a los más importantes, llegaron a donde están por causa de la decisión del pueblo soberano.

Y esta lucha, desde luego, no puede limitarse al quijotesco accionar jurídico, que todos sabemos cómo funciona la "justicia roja-rojita"... La defensa de los derechos amenazados, menoscabados o aplastados tiene que cumplir los trámites formales que permite la llamada legalidad, pero detenerse allí sería --al menos por ahora-- como arar en el mar.

Se debe, por tanto, aprovechar todas las opciones del combate democrático, empezando por la denuncia contundente y convocando la presencia pública en sentido de reclamo y protesta. Y siempre desde la unidad del discurso y la acción.

Al fin y al cabo, cuando en Miraflores perciben que determinada embestida tiene una resistencia masiva e intensa, vale decir costosa en demasía en términos políticos, entonces a veces reformulan la estrategia y acondicionan el congelador. Así ha pasado, por ejemplo y en reiteradas ocasiones, con el campo de la educación.

A casi 4 meses del 23-N es tiempo para que los dirigentes naturales del país alternativo, o sea los gobernadores y alcaldes independientes, lideren la ofensiva política en defensa de las aspiraciones democráticas del conjunto de los venezolanos. Sigan adelante. 

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*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información