Profesar ideas socialistas y luchar por ellas para que impregnen la orientación política del gobierno y del conjunto de la sociedad es un derecho amparado en la Constitución venezolana de 1999, así como lo fue en las Constituciones de 1961 y 1947. Sin embargo, la imposición forzosa del llamado socialismo bolivarista como doctrina rectora, exclusiva y excluyente del Estado nacional, es tan inconstitucional como los célebres Decretos del 12 de abril de 2002. Ni más ni menos.

En ninguno de los 350 artículos y 19 disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 aparece el término "socialismo". Tampoco en su Preámbulo ni en la engorrosa "Exposición de Motivos" que se le añadió al texto original para su segunda publicación en la Gaceta Oficial. De manera que pretender erigir al supuesto Socialismo de Siglo XXI como una especie de ideología oficial de la República, equivale a pisotear esa Carta fundamental hasta volverla trizas.

Constitucionalizar esa mezcolanza fue uno de los propósitos del fallido proyecto de Reforma constitucional desaprobado por la mayoría del electorado en diciembre de 2007. De hecho, ese fue el tema crucial que impidió el éxito del avasallamiento comicial rojo-rojito en aquella contienda referendaria, sobre todo en lo relativo a las severas restricciones a la propiedad privada.

De allí que hacerlo a la brava, por encima, por debajo y por los lados de la Constitución, es una embestida de tenor y alcance similar a los notorios decretos del Salón Ayacucho de Miraflores, leídos en aquella charada del viernes 12 de abril de 2002, que desfiguró por completo a la revolución ciudadana del día anterior.

Ya muchos de los Decretos-Leyes derivados de la Ley Habilitante del período 2007-2008, se propusieron "legalizar" diversas materias contenidas en la referida propuesta de Reforma. Recordemos las 26 leyes que en la hora undécima fueron promulgadas sin ningún tipo de discusión o participación previa. Algunas de las cuales, por cierto, han inflingido graves daños a la economía productiva y al sistema de derechos económicos establecido en el documento constitucional.

Pero ahora como que aspiran a mucho más, es decir a modificar in-extenso la redacción de la Constitución de 1999 a través de mecanismos "supra-constitucionales". Lo que supondría un zarpazo tan fulminante a lo queda de Carta Magna, que se asimilaría a los golpes de Estado más crasos de nuestra historia, y hasta dejaría pálida a la maniobra mancomunada que permitió derogar a la Constitución de 1961 por medios distintos a los en ella previstos.

Eso lo saben hasta en la Sala Situacional del entorno palaciego, y por ello el señor Chávez anda invocando el "carácter permanente del proceso constituyente", así sin todavía mayores detalles, para tratar de darle una silueta seudo-jurídica a un contrabando típico de las satrapías de montonera. Acaso con esto, los abogados españoles que han ido montando el andamiaje normativo de la "Quinta República" se terminarán de post-doctorar en leguyerías caribeñas.

Como ni Chávez ni el Psuv --valga la redundancia-- se atreven a someter a referendo una nueva propuesta de reforma para entallar la Constitución al socialismo bolivarista, pues están casi seguros que ni el CNE los salvaría de un resultado adverso, entonces inventan el cuento de un fantasmagórico poder constituyente, que emanaría de las entrañas del colectivo comunal, y que sólo podría ser correctamente interpretado y ejecutado por el sumo sacerdote de la revolución, el propio Chávez con banda tricolor y uniforme verdeoliva.

El sainete se vuelve trágico porque no sólo es posible sino harto probable que ello ocurra. Isaías Rodríguez lo acaba de plantear desde la Asamblea Nacional, y ya otras voces de ese coro monocorde y mediocre del oficialismo andan por esas mismas ramas. Mañana o pasado, las eminencias jurídicas del régimen se explayarán en argumentos para sustanciar que el socialismo se puede hacer constitucional por obra de la metafísica constituyente... Ya el magistrado Carrasquero debe estar tomando notas para una sentencia seminal.

Entre todo esto y el funeral definitivo de la Constitución --porque buena parte de sus letras llevan años muertas-- no hay pasos intermedios. Los autonombrados del 12 de abril hicieron lo que pudieron para destruir el orden constitucional. Los jerarcas del poder bolivarista tienen el mismo empeño. Pero son mucho peores, por aquello de los progenitores terminando de enterrar a la progenitura. 

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*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información