Conocidos los resultados del 23-N y proclamados los
nuevos gobernadores y alcaldes de la oposición, ahora
empieza una lucha acaso más intensa que la electoral: la
batalla para tratar de gobernar en medio del cerco
oficialista. Que ya empezó, ¡y antes de que tomaran
posesión!
Todo el mundo recuerda las amenazas proferidas por el
señor Chávez en el sentido de "cortar" los recursos
presupuestarios a aquellos estados que se mostraran rebeldes
a la marea roja-rojita. Pues bien, en la etapa que ahora
comienza se verá hasta dónde es cierto o falso semejante
chantaje.
Porque inconstitucional sería cualquier pretensión al
respecto, por más disimulada que fuera. El Situado
Constitucional es un mandato de la Carta Magna, y las
asignaciones presupuestarias a través de leyes especiales
tienen un rango normativo que no se puede esquivar sin
ultrajar los preceptos normativos, cosa que tanto
caracteriza el proceder de la "revolución bolivarista".
Los alcaldes opositores tienen la ventaja de contar con
ingresos propios que se derivan de los impuestos
municipales. Sobre todo en los municipios de importante
actividad económica como Maracaibo, San Cristóbal, Mérida,
Chacao y Baruta. No así en municipios periféricos que están
condicionados por el situado estadal.
Pero el presupuesto de las gobernaciones depende casi
íntegramente de las transferencias del Ejecutivo Nacional.
En especial después que algunas competencias lucrativas como
la administración de autopistas y carreteras les fueran
arrebatadas y recentralizadas en Caracas.
Igual ocurre con la Alcaldía Metropolitana que regentará
Antonio Ledezma. El grueso de sus ingresos proviene del
gobierno central y una pequeña parte del reenvío de
tributación de los municipios caraqueños. Esto último no se
venía cumpliendo desde hace años y esperemos que ahora sea
distinto.
Pero el acoso oficialista no sólo puede intentarse por
la vía presupuestaria, sino también por la intransigencia
política de algunos Consejos Legislativos cuya mayoría está
en manos del PSUV. Gobernadores como Henrique Salas Feo
rodeados de alcaldes peseuvistas tendrán, así mismo,
dificultades adicionales.
Encima, distintos sectores del "movimiento
revolucionario" ya comenzaron a boicotear a los gobernadores
y alcaldes electos que no le son afines. Iris Varela, cuándo
no, anuncia que "asfixiarán al gobernadorzuelo ese",
refiriéndose a Pérez Vivas, quien obtuvo la mayoría comicial
del --se supone-- "pueblezuelo tachirenzuelo"...
El canal VTV transmite una campaña de denuncias en
contra de los nuevos mandatarios opositores sobre supuestas
decisiones que afectarían el funcionamiento de las misiones
gubernativas. Y resulta que ninguno se ha encargado de sus
responsabilidades gubernativas y, peor todavía, la gestión
de las misiones no es potestad de las gobernaciones o
alcaldías sino del gobierno nacional.
Y por si fuera poco, varios de los funcionarios
salientes se están mostrando de lo más indispuestos a
colaborar con los sustitutos en la entrega de los despachos,
y circulan numerosas versiones sobre el desmantelamiento de
oficinas y dependencias que, sobra decirlo, son bienes
públicos. El señor Chávez también sigue haciendo gala de su
típico lenguaje de confrontación y vituperio, como si nada
hubiese pasado.
Por otra parte, como la descentralización de
competencias es una especie de bestia negra para el
mandatario rojillo, es previsible que continúe el proceso de
reversión y recentralización en desmedro de los poderes y
facultades estadales. A la Alcaldía Mayor de Caracas, por
ejemplo, ya le quitaron la Policía Metropolitana y buena
parte del sistema de salud y educación.
Además, en la última oleada de leyes habilitadas se
aprobaron las figuras de los "virreyes regionales" que,
designados a dedo por Miraflores, se superpondrían a los
funcionarios elegidos por el pueblo. Se puede apreciar,
entonces, la magnitud del margen de maniobra que posee el
Estado bolivarista para tratar de perjudicar a las
instancias de gobierno que no le sean adictas.
Como parte de la estrategia de acoso, en Miraflores
ordenan nuevos procedimientos contra Globovisión y quizá
contra otros medios independientes y, no faltaba más, el
diputado Isea se solaza con su cantinflérico "Informe sobre
el magnicidio" y propone se declare la responsabilidad
política (...) a los principales editores de medios
críticos.
Todo esto hay que decirlo, no con la intención del
aguafiestas sino para poner los pies sobre la tierra. Al fin
y al cabo, el 23-N evidenció una férrea voluntad para
triunfar contra todas las tropelías, y esa misma fuerza será
aún más necesaria en la batalla para gobernar.
