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The Economist se equivoca
por Fernando Luis Egaña
domingo, 23 noviembre 2008


     La prestigiosa revista londinense The Economist, en su edición del 13 de noviembre, publica un interesante artículo sobre los recientes comicios municipales de Nicaragua, cuyo título lo dice todo: "Cómo robar una elección". En su parte final se afirma "que a menos que haya un reconteo (de votos) adecuado, se habrá establecido un precedente negativo para América Latina, ya que el fraude electoral es fundamentalmente una cosa del pasado en la región".

 

     La verdad es que las tropelías electorales de Daniel Ortega no son un precedente sino más bien un consecuente del "modelo" que practica en Venezuela la llamada "revolución bolivarista" del señor Chávez. Y el tipo de fraude que caracteriza a los procesos electorales venezolanos, por lo menos del año 2000 en adelante, es una realidad muy del presente, y hasta un producto de exportación continental.

 

    Cuando utilizo la palabra fraude no me refiero, necesariamente, a la adulteración del voto emitido. Se ha especulado mucho al respecto, y ya se sabe que ello, sin ser imposible, es muy cuesta arriba dado los controles de escrutinio y los conteos manuales. Pero hay otro tipo de fraude que se perpetra antes del acto de votación, y que se relaciona con las irregularidades dirigidas a constreñir o condicionar el voto por parte de los jerarcas del Estado.

 

    La eliminación de adversarios político-candidaturales, vía inhabilitación administrativa como en Venezuela o vía ilegalización partidista como en Nicaragua, es una manera de subvertir el concepto de elecciones libres. Así mismo, el uso y abuso de todos los recursos públicos en función de la parcialidad política oficial  --lo que se denomina con el término insuficiente de "ventajismo"--, es una forma de golpear el principio de elecciones limpias.

 

    En pocas palabras, la libertad y pulcritud de unas elecciones no sólo pueden quedar en entredicho por acciones cometidas después de que elector consigna el sufragio; pueden también comprometerse por desmanes realizados desde la convocatoria del proceso y a todo lo largo de la campaña, sin que llegue a materializarse la sustitución fraudulenta del voto emitido por otro inventado.

 

    Amenazar a 2 millones y medio de empleados públicos, casi el 15% del padrón electoral, de que si no votan por los candidatos rojitos perderán el empleo, ¿qué es sino un mecanismo descarado para condicionar el voto? Igual debe decirse del encadenamiento diario de los medios radio-televisivos para que el jefe del PSUV haga proselitismo a favor de sus candidatos, así como también de la anulación de candidaturas opositoras mediante "oportunas" decisiones judiciales.

 

     La gran diferencia entre el fraude-a-la-bolivarista, y la idea tradicional de fraude o robo post-electoral, es que los ciudadanos pueden desafiarlo yendo a votar y vigilando los escrutinios, tal y como ocurrió el 2-D de 2007. Pero eso no aminora la gravedad de los atropellos sistemáticos de un Estado proselitista y partisano.

 

     Se equivoca, pues, The Economist, al atribuirle al nica Daniel Ortega el estar estableciendo el precedente contemporáneo del fraude electoral en la región latinoamericana. Esa condición se la ha ganado a fuerza de experiencia su padrino venezolano. 

flegana@gmail.com

 

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 Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información


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