Con
las inhabilitaciones políticas hay que hacer lo mismo de
RCTV. Dar la pelea hasta el último minuto para elevar al
máximo el costo político de semejante atropello
antidemocrático.
Las inhabilitaciones "acordadas" por la Contraloría
General de la República equivalen a un asesinato político,
como bien lo ha caracterizado Tulio Alvarez. El grave asunto
tiene una dimensión jurídica pero su origen principal no
está en el Derecho sino en los hechos del control político
que ejerce el "régimen revolucionario" sobre el sistema
electoral, sea a través del CNE o del TSJ o de la
Contraloría General.
De allí que deba enfrentarse con una estrategia
similar a la emprendida por RCTV cuando le correspondió
defenderse de la decisión arbitraria de cierre resuelta por
el señor Chávez en diciembre del 2006 y consumada a la
medianoche del domingo 27 de mayo del 2007.
Si Marcel Granier y la gente del Canal de Bárcenas se
hubieran limitado a presentar los recursos legales ante los
tribunales correspondientes, la vendetta gubernativa hubiera
podido pasar como un desmán adicional sin mayores
consecuencias de fondo para el proyecto de dominación.
Peor aún, si los directivos de RCTV hubieran desistido
de librar la batalla en el campo de la opinión pública ante
el argumento de lo irreversible de la decisión
presidencial, entonces es muy probable que a muchos medios
les hubiesen aplicado el mismo expediente. Tirar la toalla
por motivos de resignación habría sido un redondo error.
Fue justamente la firmeza principista de la lucha y su
tenaz desenvolvimiento hasta la hora undécima, literalmente
hablando, lo que logró desenmascarar la arbitrariedad y
galvanizar a amplios sectores sociales, incluyendo al
movimiento estudiantil, alrededor de la defensa de la
libertad de expresión y demás derechos democráticos de los
venezolanos.
Los resultados de todo aquello están tan a la vista que
Chávez se quedó sin reelección el 2-D del 2007 en gran
medida por haberse dado el gusto de quitarle la señal
abierta a RCTV. En la relación costo-beneficio el adalid
rojo-rojito salió trasquilado.
Pues bien, los "inhabilitados" que aspiren a cargos de
elección popular deben seguir esa lección y no quedarse
pasivos ante la supuesta "irreversibilidad" de las medidas.
Y deben mantener su aspiración sin dejarse persuadir por los
llamados "realistas" que andan abogando por un retiro
"oportuno", vale decir anticipado, en aras del "sentido
común" y la racionalidad electoralŠ
Si el TSJ llegara a echar para atrás las
inhabilitaciones, muy bien, y si no, también. La brega nunca
sería en vano ya que le daría una dimensión moral a una
causa política. En el más negativo de los escenarios, la
posibilidades de otras candidaturas sustitutivas se verían
reforzadas por la perseverancia de las posiciones asumidas.
Al fin y al cabo, en Venezuela y en cualquier parte las
injusticia política cobra factura.
Y ojo, no me estoy pronunciando sobre los méritos o no
de las declaratorias de responsabilidad administrativa,
aunque para nadie sea un secreto el enrojecimiento de los
poderes públicos. No será por nada que en la lista de las
400 inhabilitaciones figuran aspirantes del sector opositor
que tendrían las de ganar en unos comicios confiables y, más
o menos para salvar las apariencias, también aparecen
funcionarios oficialistas sin importancia política propia.
Pero el que dichas declaratorias conlleven la
inhabilitación política hasta por diez años y más, sin que
siquiera medie sentencia definitiva, es una atrocidad que
debe denunciarse sin vuelta de hoja.
flegana@movistar.net.ve
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Columnista,
profesor universitario y ex-Ministro de Información |