Además de las 26 leyes decretadas el último día de la llamada Ley Habilitante, hubo la número 27, anunciada como Decreto-Ley 6244 pero luego no publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria correspondiente. Se trata de la "Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales" que, al parecer, será pronto "discutida" y sancionada por la Asamblea Nacional. Al menos así lo ha implicado su presidenta formal, Cilia Flores.

La exposición de motivos del referido proyecto de ley plantea por la calle del medio "la implantación de una economía socialista, que deje de lado la ganancia y el lucro como móvil de la producción". Una consigna que se repite, palabras más palabras menos, en las demás leyes habilitadas, quién sabe si redactadas por los asesores cubanos que moran en Miraflores, o por los leguleyos españoles encargados de darle contenido a la legalidad emergente.

Así mismo, el pretendido instrumento legislativo propone crear impuestos adicionales, permitir que las telecomunicaciones sean pechadas con tributos estadales y municipales, aumentar el número de sanciones y supuestos de revocatoria de concesión, así como reducir el período de las concesiones de operación de 25 años a un máximo de 15.

En pocas palabras se busca espantar la inversión privada en el vasto campo de las telecomunicaciones, para que la Cantv roja-rojita y sus anexos terminen de configurar un obeso monopolio. No se impide oficialmente la propiedad privada en el área, pero se le coloca tantos obstáculos que en la práctica se conforma una prohibición indirecta.

Ha circulado el texto de una disposición transitoria que establecería lo siguiente: "El Presidente o la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela podrá, cuando así lo exigiere el orden público, la seguridad o los intereses de la Nación, suspender la transmisión de comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, hasta tanto cesen los motivos que dieron origen a la decisión, todo ello de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Tal "norma" supondría una violenta violación de las garantías constitucionales de libertad de expresión y comunicación consagradas en los artículos 57 y 58 de la Constitución de 1999, que ni siquiera pueden ser suspendidas en el marco de la declaratoria de un Estado de Excepción. Sin embargo, es bien sabido que para el señor Chávez y compañía el texto constitucional tiende a cumplir las funciones de papel toalé.

La ley 27 derogará formalmente la actual Ley de Telecomunicaciones del año 2000, una de las poquísimas leyes fructíferas del último decenio. Y ello porque fue producto del consenso y contribuyó a impulsar el desarrollo del sector. Y digo "formalmente", porque de hecho el cierre de RCTV y demás tropelías conexas dejó en la lona a la citada ley.

En 1999 y 2000, los encargados de Conatel, Diosdado Cabello y Jesse Chacón, convocaron una amplia consulta para la elaboración del proyecto de ley. En el 2008, hasta algunos ministros del gabinete ejecutivo se enteraron por la prensa de la existencia de una ley sustituta. ¡Cómo cambian las cosas! Por cierto que un belicoso lector me señala que la dupla antes mencionada fue sobornada para aceptar una ley consensual. La verdad sea dicha, todo es factible en el reino de la revolución bolivarista.

Para quienes piensen que esta ley no tiene que ver con sus vidas normales, habrá que recordar que en Venezuela hay 23 millones de usuarios de telefonía celular y más de 6 millones de usuarios de Internet, y ni hablar del casi 100% de los hogares con acceso a la televisión abierta y cerca del 40% con alguna modalidad de televisión por suscripción.

Obvio que el conjunto del país se verá afectado por la pretensión de redoblar la estatización de las telecomunicaciones y la informática. Como ya lo están los millones de usuarios de Cantv, que más bien son víctimas si de Internet se trata. Una reciente encuesta revela que en Venezuela cerca del 60% de los usuarios de la red busca información para sus estudios. Ni la educación, pues, se salvará de semejante retroceso.

Mientras en el mundo entero, desde la China olímpica hasta el país subsahariano más remoto, los Estados pugnan por atraer inversiones que modernicen y masifiquen la tecnología, en la Venezuela del trueque y las monedas comunales-coloniales, el Estado se empeña en ir para atrás como una manera --se cree-- de mantener controlada a la población.

Con Cantv hecha una Cadafe y ahuyentando al inversor privado, la revolución bolivarista continúa su lucha sin cuartel contra todo aquello que signifique progreso, innovación y modernidad. Para muestra el botón de la ley 27. 

flegana@movistar.net.ve

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información