La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, también llamada "Ley Resorte" o "Ley de Contenidos" por sus partidarios y "Ley Mordaza" por sus críticos, comenzó a entrar en vigencia por etapas a partir de su publicación en la Gaceta Oficial N° 38.081 del 8 de diciembre de 2004.

Recién había sido sancionada por la Asamblea Nacional después de una batalla legislativa que no sólo dividió a los parlamentarios en dos bloques enguerrillados sino que polarizó a la opinión pública en una contienda sobre la libertad informativa. Los oficialistas presentándola como un bálsamo regenerador de la radio y televisión venezolana, y los no-oficialistas expresando un abanico de dudas y criticas acerca de las pretensiones políticas de la referida Ley.

Desde entonces ha transcurrido suficiente tiempo --3 años y medio-- para hacer un balance de su aplicación, y una razonable manera de intentarlo es evaluando sus resultados con base a los fines centrales que fueron invocados para su aprobación. En otras palabras, hagamos el balance a través de 3 preguntas esenciales. Vaya la primera.

¿La Ley de Contenidos ha mejorado la calidad cultural de los medios radioeléctricos y en particular de la televisión? En líneas generales la respuesta no parece ser alentadora, para decir lo menos, tanto para los medios que regenta el Estado, cuyo número se ha incrementado en atención a la política de "hegemonía comunicacional", como para la oferta privada nacional en sus distintas dimensiones.

En cuanto a los primeros, bastaría constatar su carácter cada vez más propagandístico e incluso soez para concluir que, lejos de avanzar, se ha retrocedido en la aspiración de contar con un sistema de medios públicos de alto nivel, representativos de la pluralidad social y con contenidos pedagógicos de estimable alcance.

Si el programa bandera de la televisión estatal es "La Hojilla", alabado como ejemplar por el presidente Chávez, entonces no es difícil de calibrar hasta dónde ha desmejorado el nivel televisivo del sector oficial. En relación al privado, las estrictas regulaciones de la Ley en materia de "protección de niños, niñas y adolescentes" (por cierto que desaplicadas a muchas "emisiones oficiales") han cumplido un cometido afirmativo, aunque todavía sea incipiente la expansión de las propuestas educativas que la Ley dispone.

¿Se ha logrado impulsar el desarrollo de los servicios de radio y televisión nacionales? En un sentido sí, porque el movimiento de los "productores independientes" ha sido alentado en su financiamiento, la producción musical venezolana ha encontrado mayores espacios de difusión en el espectro radial, y los medios alternativos o "comunitarios" se han multiplicado de la mano del Estado "revolucionario".

Pero en otro sentido no, ya que en estos años el ámbito de comunicación de mayor crecimiento en Venezuela no corresponde al ofrecido por la industria nacional, sino por la internacional mediante la televisión por suscripción, sea por cable o satelital. En pocas palabras, aumenta la audiencia de la televisión foránea y disminuye la "hecha en Venezuela". Ello tiene importantes implicaciones para la vitalidad del área audiovisual y además puede explicarse, precisamente, por la búsqueda de alternativas frente al control o encadenamiento gubernativo de la pantalla.

Una reciente encuesta sobre el particular señala que por vez primera la opción "canal extranjero" ocupa el segundo lugar entre las preferencias del público nacional.

¿Se ha desarrollado el derecho constitucional a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura? El cierre de RCTV, la apertura discriminada e insistente de procedimientos administrativos por parte de Conatel en nombre del medio centenar de causales sancionatorias de la Ley de Contenidos, las amenazas de revocatoria de concesión por razones de discrepancias políticas o ideológicas, entre otros elementos, configuran un panorama muy perjudicial para los principios constitucionales de libertad de expresión.

De allí que la nueva autocensura haya venido desplazando la vieja tradición de independencia y beligerancia mediática con respecto al desempeño del poder público. Con notables excepciones, es cierto, pero incluso a costa de la supervivencia misma del medio de comunicación. Las libertades informativas no han ganado sino perdido, y mucho, durante el tiempo de vigencia de esta Ley.

En suma: para quien está de acuerdo con una regulación progresista de la radio y la televisión y, desde luego, con una administración institucional de la normativa, la Ley de Contenidos, Resorte o Mordaza ha servido mucho más de instrumento para el Estado hegemónico, que de activo para el sector radioeléctrico y la comunidad nacional. 

flegana@movistar.net.ve

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información