La hipoteca burocrática de la "revolución bolivarista" es delirante: 28 ministerios, 100 viceministerios, 2 millones de empleados públicos, decenas de nuevos organismos estatales, recentralización administrativa, entre muchas otras cargas. Y después el señor Chávez se queja del caótico funcionamiento del Estado "revolucionario", cuando pregunta, cómo si no fuera con él, ¿por qué las gestiones ante las instituciones públicas son una pesadilla para el ciudadano común?

Y es que los monstruos del burocratismo y de la ineficiencia que el señor Chávez denuncia a cada rato, y la última vez fue en la presentación de los "logros revolucionarios" con motivo de sus 9 años en Miraflores, tiene una explicación que no deja lugar a dudas. Nadie podría argumentar que la ineficiente burocracia apareció con la llamada revolución, ya que la primera gran explosión burocrática ocurrió a mediados de los años 70 del siglo XX, en los tiempos adinerados de la "Gran Venezuela".

Pero más adelante se realizaron esfuerzos para proporcionar el tamaño del sector público y hacerlo más manejable o menos oneroso. Todo ello se congeló a partir de 1999 y luego se incurrió en el craso y supino error de engordar a la burocracia como la respuesta convencional a los viejos y nuevos problemas. Casi una década después, estos son algunos de los más perniciosos resultados.

De una administración nacional integrada por 16 ministerios, dispuestos, por cierto, en la vieja Ley Orgánica de Administración Central y no en la voluntad del Presidente de turno, se ha pasado a una con 28 ministerios, ahora creados, eliminados y fusionados por mero decreto ejecutivo, cortesía de la Ley Habilitante de 1999 y de la posterior Constitución de ese año. La diferencia no es sólo numérica sino también de concentración de poder, ya que ahora el aumento de los ministerios no conlleva una laboriosa reforma legislativa sino el mero antojo del primer mandatario. Y no necesita una habilitación especial para ello.

En la mesa ovalada del salón del Consejo de Ministros se sientan 28 personas, más el Vicepresidente y el Procurador, y quién sabe si otros "invitados especiales", en una especie de asamblea de jerarcas que tiene poco que ver con el concepto dinámico de un gabinete ejecutivo. Además, el jefe de todos ellos no suele asistir a esas reuniones indispensables para la marcha del gobierno, dizque porque está muy ocupado gobernando. ¿Qué tal? Si justamente para evitarse la molestia de presidir sus largas sesiones, es que la Constitución de 1999 estableció la figura del "Vicepresidente Ejecutivo".

Encima, la "Ley de Administración Nacional" surgida de la Habilitante del 99 inventó la entidad burocrática del "Viceministerio", y hasta el menos relevante de los 28 ministerios tiene, por lo menos, 3 ó 4. Todo un rimero de cargos y personal que se duplican y triplican en la misma función administrativa.

Así por ejemplo se acaba de constituir un "Viceministerio para las cimas, cerros y ríos de la selva amazónica"; tal como suena y quién dude puede verificarlo en la Gaceta Oficial. Pero ese viceministerio no está en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, o en el de Planificación y Desarrollo al cual está adscrita la Corporación Venezolana de Guayana. No, forma parte del nuevo Ministerio del PP para los Pueblos Indígenas. Y si todo esto no es un gran desorden, ¿qué es?

Recodemos que antes de 1999 en cada ministerio había una única Dirección General, cuyo titular prefería ser llamado "viceministro", quizá por razones de pose o estima. Pero eso es muy distinto a la proliferación de los "Viceministerios" como unidades frondosas y relativamente autónomas dentro de la estructura ministerial.

Si a ello se la agrega el largísimo elenco de adicionales institutos, empresas, fundaciones, servicios autónomos, corporaciones y fondos públicos que han sido decretados en estos 9 largos años, nadie debería sorprenderse de que la nómina activa del Estado Nacional --sin contar las gobernaciones y municipalidades-- haya brincado de 850 mil a 2 millones de laborantes.

La "revolución bolivarista" ha montado desde líneas aéreas hasta fábricas de zapatos, pasando por productoras de papel toalé y ensambladoras de vehículos militares. Gran parte de estas iniciativas sólo se mantienen por los subsidios financieros que salen de los impuestos nacionales, y muchas han tenido una existencia productiva más bien efímera. Del antiguo Instituto Agrario Nacional (IAN) han salido 4 organismos distintos, cada uno con más espesura burocrática que el otro. Y así por el estilo a lo largo y ancho de la administración estatal.

El área de la vivienda pone de manifiesto la mezcolanza de burocratismo e ineficiencia que la "revolución" ha refinado a la enésima potencia: crearon un Ministerio de la Vivienda, decretaron otros organismos públicos conexos, además de mantener a los existentes, dispusieron de la mayor cantidad de recursos financieros en toda la historia documentada de la construcción nacional, ¿y cual ha sido el resultado? Pues, que en 9 años terminaron 290 mil viviendas, es decir una cantidad inferior a la de cualquiera de los quinquenios del período democrático, desde 1968 hasta 1998.

Por otra parte, ese número de 2 millones de empleados públicos no se está incluyendo a los reservistas militares ni a los recipiendarios de las becas misioneras. De allí que la "revolución bolivarista" se haya vuelto, no tanto más dependiente sino en verdad esclava de los altos precios del petróleo. Porque mantener semejante aparataje sólo es posible con un chorro de petrodólares de gran magnitud.

Y con todo, qué máxima irresponsabilidad, la deuda pública se ha incrementado en forma dramática. Comenzando por la de Pdvsa, cuya misión se ha desdibujado entre petrolera, mueblería, hipermercado y centrífuga de corrupción continental. Porque un aspecto no debe pasar inadvertido: la "revolución" no sólo agravó los problemas tradicionales de la administración nacional, sino que también politizó y burocratizó el sector moderno y más profesional de la estructura del Estado. Léase Pdvsa, Edelca, Biblioteca Nacional, sector museístico, Metro de Caracas, Banco Central de Venezuela, Seniat y muchos otros. Casi nada ha quedado indemne del rasero de boinacolorá, con sus listas de tascón y demás taras.

No se puede concluir esta somera revisión sin el reverso a Caracas de las competencias transferidas a las regiones y municipios gracias a la descentralización, en materia de salud, educación, deporte, programas sociales, vivienda, vialidad y seguridad. El esfuerzo paciente y complejo de llevar a la práctica la prédica de descentralizar el Estado, con todo y sus altibajos en el decenio que comienza en 1989, ha sido clausurado en medio del más sonoro de los vituperios. Hasta gobernadores y alcaldes afectos al "proceso" aplauden los anuncios dirigidos a convertirlos en eunucos políticos y administrativos.

Y ese desbarajuste tan descomunal se aviva porque su principal responsable le echa la culpa de ese caos a los demás. Con razón, y luego de casi una década en funciones, el super-estado-revolucionario ni siquiera es capaz de recoger de manera sistemática la basura en la esquina de Miraflores. Pocas hipotecas son más pesadas que la burocrática roja-rojita. 

flegana@movistar.net.ve

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información