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La república de facto
por Fernando Luis Egaña
viernes, 8 agosto 2008


Con motivo del atropello político, administrativo y judicial de las inhabilitaciones y, así mismo, de los 26 decretos-leyes "habilitados" en la hora undécima de la llamada Ley Habilitante --un nuevo tributo, por cierto, a la "democracia participativa"--, algunas voces muy conocidas de la opinión nacional se están llevando las manos a la cabeza y están proclamando que el Estado de derecho, ahora sí, está a punto de colapsar.

Inclusive se ha vuelto a poner de moda la noción del "gobierno de facto" para definir el estatus del gobierno presidido por el señor Chávez. En honor a la verdad dicho concepto más bien subestima la realidad venezolana, porque lo que está al margen o en contravía del Derecho no es sólo el gobierno propiamente dicho o la rama ejecutiva del Estado, sino todos y cada uno de los poderes públicos que, en suma, son formalidades instrumentales de la voluntad presidencial, lo único soberano que existe en el reino de la revolución bolivarista.

Llama la atención tanto candor, porque el Estado de derecho venezolano se derritió hace mucho tiempo, por allá en 1999, cuando la Constitución de 1961 fue derogada por medios distintos a los previstos en ella, y ante la mirada indiferente o complaciente o entusiasta de buena parte de la dirigencia política, económica, académica y eclesiástica del país.

En pocas palabras, la columna vertebral de cualquier Estado de derecho en el mundo moderno, cual es una Constitución vigente --y en nuestro caso con 38 años de vigencia-- fue "dejada sin efecto" a través de mecanismos no-constitucionales, por más referendarios que lucieran. De entonces para adelante, surgió la denominada "legalidad emergente" que ha dado para todo, incluyendo una Carta Magna de corte aparatoso y fortalecedora del poder presidencial, aunque dentro de algunas coordenadas vitales de la tradición democrática del país.

Cualquiera con dos dedos de frente tiene derecho a plantearse el asunto en estos términos: si el régimen de Chávez se tiro al pico a la mejor y más longeva Constitución que ha tenido la República en toda su historia, ¿por qué diablos iba a respetar la Constitución sustituta y mucho menos al resto del andamiaje legal?

Y eso es lo que exactamente viene haciendo la revolución bolivarista desde 1999 para acá. Con algunos altibajos en materia de tropelías jurídicas, es cierto, pero siempre con la disposición de acomodar el "orden legal" a las necesidades políticas. La noción más rudimentaria de lo institucional, es decir que exista una norma superior a lo que me de la gana, es tan exótica para el señor Chávez como la mesura o la sindéresis.

Al fin y al cabo, acá se fusilaron políticamente a los poderes constituidos, incluso a los de origen electoral; se reinventó la teoría de la "supraconstitucionalidad" para justificar cualquier desmán. La propia Constitución de 1999 llegó a tener 4 versiones distintas, después de sancionada por la Asamblea Constituyente.

Se han violentado todas las leyes que de alguna manera supusieran una limitación a la doctrina bolivarista del yo mando porque mando yo... Se hizo del proceso revocatorio un monumento a la manipulación leguyérica. Se ha hecho de la normativa jurídica un rollón de papel toalé, y el más reciente capítulo lo comparten el atropello inhabilitador y la diarrea habilitante para contrabandear la rechazada reforma constitucional.

Y aún falta el golpe de gracia que sería imponer (al menos) otra reelección presidencial, sea por las malas o las peores, incluso dándole la vuelta al referendo si fuera menester. Que para ello diría doña Luisa Estella Morales, que "quién puede lo más, puede lo menos".

Quizá no sea casualidad que el mentor de la ponencia que "constitucionalizó" el notorio artículo 105 de la Ley de Contraloría que faculta las inhabilitaciones, el magistrado Arcadio Delgado, sea hijo y discípulo del magistrado que "nacionalizó" la tesis filofascista de la supraconstitucionalidad que le dio puerta franca al anti-derecho de boinacolorá: el entonces magistrado "del proceso" José M. Delgado Ocanto.

Para quienes proclamen que el Estado de derecho se encuentra gravemente amenazado, bien por el tema de las inhabilitaciones político-electorales o por la diarrea habilitante, hay que recordarles que eso es metafísicamente imposible, entre otras razones, porque en Venezuela no hay tal cosa como Estado de derecho desde hace, casi casi, una década. Así que por eso no se sorprendan, porque todo es posible mientras dure el reino del derecho al revés.

De allí que el agudo y polémico analista Antonio Sánchez García hable de "régimen de facto" que, modestamente, me permito calificar de "república de facto". Y tan abismal retroceso tiene consecuencias de extrema gravedad, como, por ejemplo, el muy reciente anuncio de los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos, Barack Obama y John McCain, prácticamente al alimón, de buscar prescindir de las importaciones de petróleo venezolano como uno de los postulados principales de las respectivas políticas energéticas del nuevo gobierno gringo. Acaso la noticia más peligrosa para Venezuela en los 90 años de país productor y exportador petrolero.

¿Y como se enfrenta una república de facto? Pues se enfrenta con la protesta popular en todas sus expresiones de lucha, sin desperdiciar la calle del sufragio como arma de un pueblo deseoso de reconstruir su democracia, su república y su destino.
 

flegana@movistar.net.ve

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 Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información


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