Con
motivo del atropello político, administrativo y judicial de
las inhabilitaciones y, así mismo, de los 26 decretos-leyes
"habilitados" en la hora undécima de la llamada Ley
Habilitante --un nuevo tributo, por cierto, a la "democracia
participativa"--, algunas voces muy conocidas de la opinión
nacional se están llevando las manos a la cabeza y están
proclamando que el Estado de derecho, ahora sí, está a punto
de colapsar.
Inclusive se ha vuelto a poner de moda la noción del
"gobierno de facto" para definir el estatus del gobierno
presidido por el señor Chávez. En honor a la verdad dicho
concepto más bien subestima la realidad venezolana, porque
lo que está al margen o en contravía del Derecho no es sólo
el gobierno propiamente dicho o la rama ejecutiva del
Estado, sino todos y cada uno de los poderes públicos que,
en suma, son formalidades instrumentales de la voluntad
presidencial, lo único soberano que existe en el reino de la
revolución bolivarista.
Llama la atención tanto candor, porque el Estado de derecho
venezolano se derritió hace mucho tiempo, por allá en 1999,
cuando la Constitución de 1961 fue derogada por medios
distintos a los previstos en ella, y ante la mirada
indiferente o complaciente o entusiasta de buena parte de la
dirigencia política, económica, académica y eclesiástica del
país.
En pocas palabras, la columna vertebral de cualquier Estado
de derecho en el mundo moderno, cual es una Constitución
vigente --y en nuestro caso con 38 años de vigencia-- fue
"dejada sin efecto" a través de mecanismos
no-constitucionales, por más referendarios que lucieran. De
entonces para adelante, surgió la denominada "legalidad
emergente" que ha dado para todo, incluyendo una Carta Magna
de corte aparatoso y fortalecedora del poder presidencial,
aunque dentro de algunas coordenadas vitales de la tradición
democrática del país.
Cualquiera con dos dedos de frente tiene derecho a
plantearse el asunto en estos términos: si el régimen de
Chávez se tiro al pico a la mejor y más longeva Constitución
que ha tenido la República en toda su historia, ¿por qué
diablos iba a respetar la Constitución sustituta y mucho
menos al resto del andamiaje legal?
Y eso es lo que exactamente viene haciendo la revolución
bolivarista desde 1999 para acá. Con algunos altibajos en
materia de tropelías jurídicas, es cierto, pero siempre con
la disposición de acomodar el "orden legal" a las
necesidades políticas. La noción más rudimentaria de lo
institucional, es decir que exista una norma superior a lo
que me de la gana, es tan exótica para el señor Chávez como
la mesura o la sindéresis.
Al fin y al cabo, acá se fusilaron políticamente a los
poderes constituidos, incluso a los de origen electoral; se
reinventó la teoría de la "supraconstitucionalidad" para
justificar cualquier desmán. La propia Constitución de 1999
llegó a tener 4 versiones distintas, después de sancionada
por la Asamblea Constituyente.
Se han violentado todas las leyes que de alguna manera
supusieran una limitación a la doctrina bolivarista del yo
mando porque mando yo... Se hizo del proceso revocatorio un
monumento a la manipulación leguyérica. Se ha hecho de la
normativa jurídica un rollón de papel toalé, y el más
reciente capítulo lo comparten el atropello inhabilitador y
la diarrea habilitante para contrabandear la rechazada
reforma constitucional.
Y aún falta el golpe de gracia que sería imponer (al menos)
otra reelección presidencial, sea por las malas o las
peores, incluso dándole la vuelta al referendo si fuera
menester. Que para ello diría doña Luisa Estella Morales,
que "quién puede lo más, puede lo menos".
Quizá no sea casualidad que el mentor de la ponencia que "constitucionalizó"
el notorio artículo 105 de la Ley de Contraloría que faculta
las inhabilitaciones, el magistrado Arcadio Delgado, sea
hijo y discípulo del magistrado que "nacionalizó" la tesis
filofascista de la supraconstitucionalidad que le dio puerta
franca al anti-derecho de boinacolorá: el entonces
magistrado "del proceso" José M. Delgado Ocanto.
Para quienes proclamen que el Estado de derecho se encuentra
gravemente amenazado, bien por el tema de las
inhabilitaciones político-electorales o por la diarrea
habilitante, hay que recordarles que eso es metafísicamente
imposible, entre otras razones, porque en Venezuela no hay
tal cosa como Estado de derecho desde hace, casi casi, una
década. Así que por eso no se sorprendan, porque todo es
posible mientras dure el reino del derecho al revés.
De allí que el agudo y polémico analista Antonio Sánchez
García hable de "régimen de facto" que, modestamente, me
permito calificar de "república de facto". Y tan abismal
retroceso tiene consecuencias de extrema gravedad, como, por
ejemplo, el muy reciente anuncio de los dos candidatos
presidenciales de Estados Unidos, Barack Obama y John McCain,
prácticamente al alimón, de buscar prescindir de las
importaciones de petróleo venezolano como uno de los
postulados principales de las respectivas políticas
energéticas del nuevo gobierno gringo. Acaso la noticia más
peligrosa para Venezuela en los 90 años de país productor y
exportador petrolero.
¿Y como se enfrenta una república de facto? Pues se enfrenta
con la protesta popular en todas sus expresiones de lucha,
sin desperdiciar la calle del sufragio como arma de un
pueblo deseoso de reconstruir su democracia, su república y
su destino.
flegana@movistar.net.ve
* |
Columnista,
profesor universitario y ex-Ministro de Información |