Lo grave de las "inhabilitaciones" del Contralor no es sólo que perjudiquen a Leopoldo López, Enrique Mendoza o David Uzcátegui, para apenas nombrar a los principales "enlistados" caraqueños de entre más de 400 aspirantes censurados por la Contraloría en todo el país: es que perjudican el derecho a elegir de todos y cada uno de los 16 millones de venezolanos que están inscritos en el registro electoral. Ya lo ha dicho el padre Luis Ugalde con su serena elocuencia: lo que está en juego es el derecho a votar por el candidato de mi preferencia.

Clodosvaldo Russián alega que sus inhabilitaciones no son "políticas" porque son viejas, es decir fueron acordadas años atrás cuando aún no despuntaba el panorama electoral de 2008. Un argumento de lo más truculento ya que el meollo del asunto no está en que sean políticas o no --que desde luego lo son y de pe a pa, incluyendo la cuota de rojas-rojitas para el acostumbrado disimulo. El quid de todo se encuentra en que dichas "inhabilitaciones" violentan de manera flagrante la Constitución de 1999, y es que su artículo 65 es muy claro al establecer que "no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público".

En la mayoría de los casos incluidos en la "lista de Russián" no ha habido condena judicial y en muchos ni siquiera ha comenzado un juicio propiamente dicho. Lo que hay es apenas una decisión administrativa de un funcionario que no es juez y que, por tanto, no puede tener facultades para la inhabilitar políticamente a nadie, según lo dispone con infrecuente claridad la Constitución que el Contralor ha jurado cumplir y hacer cumplir. Encima, ese acto administrativo ha sido recurrido por buena parte de los perjudicados y todavía se están esperando las decisiones tribunalicias, incluso después de varios años.

Esto no se puede quedar así por una sencilla razón: el derecho político básico que queda hecho añicos es el de participar libremente en los asuntos públicos por medio del sufragio. Y no sólo porque se le pretenda arrebatar el derecho a cientos de ciudadanos de postularse electoralmente, sino porque se menoscaba el derecho de millones de ciudadanos de elegir al candidato de su real saber y entender. Prácticamente toda la sección de la Constitución de 1999 referida a los derechos políticos sólo serviría para emergencias higiénicas, de mantenerse en pie las resoluciones inhabilitantes del señor Russián.

Hoy los inhabilitados serían fulano y mengana, pero mañana, además, también lo serían sultano y perenceja, y así el señor Contralor se erigiría en una especie de censor previo con el poder delegado de determinar quiénes van y no van para una contienda electoral. Digo "delegado" porque todo el mundo sabe quien corta el bacalao en la "revolución bolivarista". Mudando lo mudable, eso sería equivalente a lo que hizo Chávez en el simulacro de primarias del PSUV: predeterminar los elegibles y los no elegibles, para luego condicionar los resultados.

Por ello es un craso error el que algunos sectores de la oposición política planteen que se deba "pasar la página" de las inhabilitaciones y proceder, así no más, a seleccionar candidaturas alternativas. Eso sería como sacar una banderita blanca antes de la contienda. Se trata de una señal muy negativa, no sólo en términos de principios y valores sino también desde el punto de vista práctico. Lo justo y razonable, entonces, es reforzar la lucha contra este gravísimo atropello, siguiendo el patrón de firmeza de RCTV cuando defendió sus derechos ante el anunciado cierre de su señal abierta, en los primeros meses de 2007.

De esta manera lo que de suyo sería una causa política o jurídica adquiriría la fuerza de una causa moral, con un enorme potencial de solidaridad y movilización. Y no hay que ser un genio de la política para darse cuenta que esto le hace buena a la campaña electoral del 23 de noviembre, que hasta ahora no ha sido, precisamente, un tributo a la motivación ciudadana.

La mejor manera de impedir que la estrategia de dictar inhabilitaciones cumpla su objetivo de fracturar y querellar a importantes ámbitos del país opositor, es que todos a una la denunciemos y combatamos, y no sólo pensando en sus víctimas más directas sino en los 16 millones de votantes que Chávez y Russián quieren controlar. 

flegana@movistar.net.ve

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información