La exhortación de los Arzobispos y Obispos de Venezuela sobre la "propuesta de reforma constitucional" lleva la estampa del Cardenal Castillo Lara. Al pan pan, y al vino vino.

Y es que el mejor tributo que se le puede hacer a la memoria del Cardenal Rosalio Castillo Lara, una de las figuras más destacadas de toda la historia eclesiástica venezolana, es, precisamente, hacerle caso.

Valorar sus reflexiones con sentido positivo y tomarlas muy en cuenta para entender el presente y trabajar por el futuro. Eso es lo que ha hecho el episcopado nacional con su más reciente documento, fechado el 19 de octubre, tres días después de la muerte del eminente prelado.

En su introducción la Conferencia Episcopal recuerda que la legitimidad de una Constitución "radica en que acoja la pluralidad de posturas que tienen derecho a convivir en una sociedad democrática". Y más adelante señala que la Constitución "no puede ser la consagración de las ideas o propósitos políticos de un determinado grupo partidista".

En otras palabras, de aprobarse la referida reforma, la Constitución de 1999 perdería su atributo principal, cual es ser considerada una Carta Magna de carácter nacional. Se convertiría, entonces, en una Constitución partisana y sectaria que sólo representaría a una acotada porción de la sociedad.

Ya en el examen propiamente dicho del texto de la propuesta de reforma constitucional presentado el 15 de agosto, se advierte que "se acentúa la concentración de poder en manos del Presidente de la República y se favorece el autoritarismo". Lo que, en definitiva, es el meollo del transplante planteado por el señor Chávez: la reelección indefinida o la presidencia perpetua.

En ese sentido, el concepto de "Estado socialista" contenido en el artículo 16 de la propuesta, se critica con el argumento de que "un modelo de Estado socialista, marxista-leninista, estatista, es contrario al pensamiento del Libertador Simón Bolívar, y también contrario a la visión cristiana del hombre".

Ello no es una apreciación particular del episcopado venezolano, sino la reiteración de un principio general de la Doctrina Social de la Iglesia, que condena la colectivización socialista desde las Encíclicas fundacionales del siglo XIX, y a través del magisterio pontificio del siglo XX y XXI, y en especial durante el largo tiempo de Juan Pablo II.

Así mismo, el documento plantea que "otros cambios propuestos restringen derechos ya consagrados en la actual Constitución, lo que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos garantizado en el Artículo 19 de la actual Constitución".

Acto seguido, enumera la "patente involución" en los casos de garantías fundamentales en estados de excepción, como la libertad de asociación, y los derechos al debido proceso y de información. Es decir, el quid de la segunda y tercera ronda de propuestas "surgidas" de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional.

No por nada la exhortación cita a Juan Pablo II en la Encíclica Centesimus Annus: "El Estado totalitario tiende, además, a absorber en sí mismo la nación, la sociedad, la familia, las comunidades religiosas y las mismas personas".

De allí que en la parte conclusiva, el episcopado católico manifieste que "por cuanto el proyecto de Reforma vulnera derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia".

La Exhortación no dice "moralmente objetable" sino "inaceptable". Vale decir, que la Constitución que surgiera de dicha reforma no sería, en consecuencia, "capaz o digna de ser aceptada". Más claro, imposible.

Como era previsible de los voceros del oficialismo, empezando por el mandatario miraflorino, los insultos y descalificaciones de carácter personal no se hicieron esperar. Razón adicional que demuestra que los Arzobispos y Obispos de Venezuela están en lo cierto.

Como también lo estuvo, en su angustia y esperanza, el Cardenal Castillo Lara. 

flegana@movistar.net.ve

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información