De buenas a primeras podría afirmarse que sólo bastaría la reiterada advertencia del presidente Chávez de que no admitirá que se le cambie una coma al proyecto de reforma constitucional presentado el pasado 15 de agosto, a no ser que se trate de alteraciones introducidas por él mismo, para que quedara perfectamente claro cuál es la naturaleza del debate planteado en torno al espinoso tema de enrojecer el "librito azul".

Porque si el debate planteado desde las tribunas del oficialismo, o sea, si la invitación a la controversia pública sobre los 33 artículos que integran la propuesta presidencial no tiene por objetivo la posibilidad de modificar su contenido, ni siquiera en una coma, entonces el referido debate no pasaría de ser una mera formalidad para cuidar las apariencias, como habría dicho, en mejores épocas periodísticas, el ex-vicepresidente José Vicente Rangel.

Y de hecho ha sido así hasta el sol de hoy. Sin ir muy atrás, el día en que el comunicador y funcionario Vladimir Villegas publicaba un artículo de opinión en el diario El Nacional, señalando que la reforma constitucional era una gran oportunidad para el debate pluralista, en una página contigua del matutino se informaba que en esa misma fecha sería aprobado el proyecto respectivo en primera discusión por la Asamblea Nacional.

Aprobación que por cierto se dio con una rapidez insólita, que ni una ley de tercera categoría lograría en el parlamento presidido por Cilia Flores. Sobraría agregar que sin votos salvados ni mucho menos en contra. Y la segunda discusión también se despachó en tiempo récord, aunque esta vez con votos salvados de algunos diputados de Podemos. Ya la tercera y última "discusión" se anuncia para los días venideros.

Por otra parte, no había transcurrido ni una quincena desde la presentación formal de la "Propuesta de Reforma Constitucional", como oficialmente se la denomina, cuando ya el CNE afirmaba estar preparado para celebrar el referendo aprobatorio a comienzos de diciembre. En pocas palabras, todo debidamente montado para cuadrar el círculo de la reforma en el trimestre final del 2007 y, no faltaba más, en medio de sonoros exhortos convocando a los venezolanos para debatirla a fondo.

Sin embargo, no sólo estos factores malogran cualquier oportunidad de debate sustantivo, sino que el tema de la reelección continua del presidente de la República, vale decir, la joya de la corona de la reforma constitucional, es en sí mismo un asunto que no sólo no merece ser objeto de sesudos análisis jurídico-políticos, sino que debería ser rechazado de plano, sin más disquiciones, pues sencillamente busca destruir la estructura democrática de la vigente Constitución de 1999.

Entrar a discutir los "méritos y desméritos" de la reelección continua que, en el marco de un Estado sin contrapesos al poder presidencial equivale al mando perpetuo, sería como propiciar un debate sobre las gracias de la esclavitud o las bondades de la intolerancia religiosa. Eso no es admisible entre quienes profesan el ideal democrático. La esclavitud o la discriminación no se ponderan, se deploran y se condenan, sin caer en la trampa de una "discusión desprejuiciada".

En realidad, el mero hecho de que la reelección continua "quepa" en la agenda de temas que ocupan a la opinión pública venezolana, y además de caber sea la punta de lanza de la reforma constitucional que se le quiere clavar al conjunto de los venezolanos, es una prueba adicional del deterioro sostenido que el régimen de Chávez ha conseguido infligir a los valores de nuestra cultura democrática.

Al fin y al cabo se trata de un proceso degenerativo, ya que del quinquenio sin reelección inmediata se pasó al sexenio con una reelección, vale decir 12 años con elección intermedia, y ahora se pretende imponer el septenio con reelección continuada para erigir al señor Chávez en mandatario vitalicio. ¿Puede ser legítima una discusión sobre los pro y los contra de semejante retroceso?

Estamos en presencia de un debate desnaturalizado por partida doble: tanto por la negación resuelta del proponente de la reforma, y los poderes públicos a su servicio, de aceptar variaciones a la propuesta que sean consecuencia del debate, con lo cual éste no llega ni a caricatura; como por la pretensión de simular un debate sobre la más antidemocrática de las amenazas o la consagración "constitucional" del viejo anhelo de "mandar hasta que el cuerpo aguante".

El afán de degradar a una Constitución, y con ella a principios democráticos alcanzados en luchas generacionales e históricas, no puede ser la fuente natural de un ningún debate que merezca esa denominación. Todo lo contrario.

flegana@movistar.net.ve

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información