Si en algo están de acuerdo los que se oponen a la "reforma constitucional", desde Raúl Isaías Baduel que reitera el llamado a votar "no", hasta Hermann Escarrá Malavé que proclama la necesidad de la abstención, pasando por los partidos políticos que integran el "bloque del no", o por el renovado movimiento estudiantil, o por los múltiples voceros abstencionistas, es en calificar a la referida propuesta como un fraude constitucional y un golpe de Estado a la Constitución de 1999.

En ese mismo sentido se pronunció, hace semanas, la Comisión Técnica de juristas que, desde el campo opositor, evaluó la propuesta presidencial de manera pormenorizada y rigurosa.

De allí que en este aspecto crucial, más que consenso haya prácticamente unanimidad, a pesar de las diferencias y contradicciones entre los mecanismos más adecuados que se plantean, bien sea diferir, impedir, votar o no votar, para hacer valer el rechazo a la reforma con miras al referendo decembrino.

Por lo tanto, en el caso que esa reforma fuere considerada aprobada por el CNE, en razón de que el número de votos afirmativos sea superior al número de votos negativos, que es la interpretación restrictiva y oficial sobre el requisito formal de validez del proceso, ello no dejaría cesante el planteamiento central de la lucha contra este zarpazo, pues de todos modos seguiría siendo un fraude consumado o un golpe continuado.

Como ha señalado Diego Bautista Urbaneja, una consulta comicial no podría subsanar la ruptura de la Constitución a través de un golpe de Estado.

Entonces, la Constitución "reformada" no podría tener el valor vinculante de la vigente antes del 2-D, ya que sería el producto de un atentado promovido desde el poder público, y por tal grueso motivo los factores políticos de oposición no deberían aceptar el criterio de pasar la página y entrar en una nueva etapa bajo las coordenadas del régimen sobrevenido.

No se trata de una disquisición intelectual, más o menos desprendida de la realidad de los hechos, ni tampoco de una lógica alejada de la "realpolitik". Porque si la "reforma" es en sí misma fraudulenta y anti-constitucional, tanto en el fondo o contenido como en la forma o procedimiento, se entiende con claridad meridiana que el sistema político en ella sustentado también lo sea.

Ello ayuda a explicar el concepto de "moralmente inaceptable" que la Conferencia Episcopal utilizó en su reciente Exhortación para identificar la propuesta de reforma constitucional. Ampliado en sus vertientes jurídicas y políticas por diversas instancias e instituciones de reconocido crédito nacional, y cuyos argumentos principales son invocados tanto por los votantes del no como por los abstencionistas del no.

Tal condición de jurídica, política y moralmente inaceptable existe, antes, durante y después del primer domingo de diciembre, y sólo podría ser superada si la reforma, a su vez, dejara de existir.  

flegana@movistar.net.ve

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información