En materia de motores de la "revolución", la llamada "explosión" del poder comunal no llega ni a renoletica comparada con ese misil demoledor que es el poder criminal. La actividad delictiva se ha venido convirtiendo en la verdadera centrífuga de la "revolución bolivariana" en sus más diversas manifestaciones: hampa común, crimen organizado, corrupción exponencial, delitos de Estado, voracidad boliburguesa y penetración del narcotráfico.

En este último aspecto llama poderosamente la atención que los extensos y documentados reportajes del periodista Gerardo Reyes del diario El Nuevo Herald, sobre los presuntos vínculos entre narcotraficantes colombianos y miembros del "alto gobierno" de Venezuela, no suscitaran ni una palabra de comentario o siquiera de desmentido por parte de los voceros oficialistas, por lo general tan ganados a la verborrea. Presuntos vínculos, repito, con algunos generales y ministros que integran los círculos más cercanos del jefe supremo.

Es de apreciación creciente que en estos tiempos del Estado bolivariano, la variada gama de operaciones y negocios inherentes al narcotráfico han encontrado campo fértil dentro de nuestras fronteras. Lo afirman, entre otros, importantes ex-funcionarios nombrados por el señor Chávez para dirigir la política anti-drogas en su mandato. La auto-exclusión del gobierno revolucionario de los programas interamericanos de lucha contra la narcoindustria, deja amplio margen para la creación de paraísos o santuarios de la narcoindustria en el país.

¿Y qué decir de la explosión del hampa común y de las muertes violentas? ¿Cómo explicar que el número de homicidios haya pasado de casi 4.500 a más de 16.000 en apenas 8 años? ¿Cuál es la justificación para que los asesinatos se hayan multiplicado en 350% durante el reino de la supuesta revolución? ¿Por qué nuestro país ya ostenta el trágico título del más violento de América Latina? ¿Es que acaso el modelo de gobernanza chavista no es responsable del salto cuántico y exponencial del hampa a lo largo y ancho de la nación?

Al respecto, bastaría señalar que la lucha contra la delincuencia está en manos del ministro Pedro Carreño para caracterizar la negligencia crasa y supina de Miraflores frente al drama de la inseguridad. La situación de Caracas, por ejemplo, ya recuerda la de algunas capitales del Africa atlántica en la descripción desoladora que hace el periodista Robert Kaplan en su obra: "La anarquía que viene". Según cifras extra-oficiales ya van cerca de 100 mil muertes violentas durante la presidencia del señor Chávez. Una tragedia sin precedentes en la historia delictiva de Venezuela y, quizás, en la de cualquier otro país del mundo que no esté engarzado en una guerra militar o civil.

Por otra parte, ese mal endémico e histórico de la corrupción ha adquirido niveles de metástasis en el aparato estatal y sus redes de provisión. Con muchos más recursos y muchos menos controles, para decirlo con compasión, el resultado es lo que hoy se tiene: latrocinio de satrapía y saqueo sistémico de las finanzas públicas. Nada más que los desfalcos acumulados del Fiem y de las emisiones de bonos, como la última de Pdvsa, podrían llegar a ser equivalentes al monto total del presupuesto de la República, calculado en dólares, del año 1998.

Para añadir insulto a la herida, los hermanos Chávez proclaman que su proyecto se inspira en la idea de "moral y luces" de la que hablaba el Libertador. Un alarde de cinismo que no tiene referencias similares en la accidentada vida pública del país, sino más bien en el desparpajo del sátrapa más antiguo del planeta, Fidel Castro Ruz. Una figura tan pero tan siniestra, que cuando a su muerte se destape la olla de sus crímenes, de seguro que la historia no lo absolverá.

Al respecto, sería interesante preguntarle a los jerarcas de la boliburguesía qué opinan sobre la radicalización del proyecto revolucionario venezolano en las líneas del paradigma fidelista. Y es que la burguesía de boinacolorá, o más bien la boliplutocracia, es todo un enjambre de fortunas fabulosas a punta de especulación y testaferrías, sin contrapartida en el trabajo productivo como al menos en otros fenómenos de opulencia emergente imbricada con el Estado.

Y "last but not least", se encuentran los delitos de Estado asociados a la violación de derechos humanos en su diversas dimensiones. La masacre del 11-A del 2002, las redes para-policiales de gobernadores y alcaldes afectos a la causa, la colonización del poder judicial, la embestida orgánica contra la libertad de prensa y de expresión, entre tantos y tantos agravios, configuran un expediente de tal magnitud que hasta los mecanismos de la justicia internacional se verían desbordados cuando toque, como eventualmente tocará, conocer a fondo estas materias que retratan a la satrapía del señor Chávez.

El poder criminal se enseñorea en nuestra menguada república al amparo de su redundancia, el régimen imperante. Cualquiera puede darse cuenta de ello, mientras no sea la próxima víctima. 

flegana@movistar.net

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información