El debate público sobre el auge del hampa y la inseguridad personal adolece de una falla capital: y es que por lo general se soslaya la relación de causalidad, es decir causa-efecto, que existe entre el ascenso de la "revolución bolivariana" y la explosión de los indicadores de criminalidad en Venezuela. Se subestima, por tanto, el contexto "político-revolucionario" como factor de este drama social.

Y conste la siguiente precisión: la causalidad no es entre "revolución" y criminalidad como fenómeno inseparable de la vida colectiva, que ello sería un genuino exabrupto. Es entre "revolución" y el voraz aumento y agravamiento de ese fenómeno social.

Según cifras oficiales del Estado venezolano, el número de homicidios o muertes violentas pasó de un promedio de 4.500 a finales de los años noventa, a más de 16.000 en el 2006. Un aumento de 350% en apenas 8 años. ¿Cómo explicar la tragedia si no se valora el impacto de la hegemonía política que impera en el país?

La temática de la inseguridad no puede analizarse como un mero problema de "políticas públicas", o como una simple derivación de funcionarios irresponsables, o como una cuestión de ineficacia gubernativa. Ello estaría bien en un ambiente de institucionalidad convencional o de democracia con contrapesos, pero resulta a todas luces insuficiente para tratar de comprender la magnitud de la crisis.

En este período de "gobierno bolivariano", 1999-2007, el incremento de la población venezolana se ubica en cerca del 20%: de 23 millones a 27 millones y medio. Sin embargo, el crecimiento exponencial de los asesinatos alcanza el 350%. No hay, obviamente, una correlación demográfica. Allí no está la respuesta. ¿Dónde está entonces?

El tema presupuestario tampoco es excusa sino más bien lo contrario. En 1999 el presupuesto del recién fusionado Ministerio de Interior y Justicia, despacho que tiene la responsabilidad ejecutiva de la seguridad ciudadana, se sitúo en 2 billones de bolívares, incluyendo el situado constitucional, fuente principal del financiamiento de las policías a nivel regional y local.

Pues bien, en la Ley de Presupuesto del 2007, el monto asignado al Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia supera los 25 billones de bolívares: 25 billones 300 mil millardos, para ser más precisos. Y ello sin contar los créditos adicionales que ya comienzan a fluir. En otras palabras: nunca antes se había dispuesto de tanto dinero para el sector correspondiente.

Así mismo, Venezuela no ha sido invadida por una potencia extranjera, al estilo Irak; ni se ha engarzado en una guerra cruenta con algún vecino, como el conflicto libanés-israelí. No ha sobrevenido una situación de anarquía producto de una calamidad natural de gran magnitud, como en zonas de Indonesia después del tsunami. Y de nuevo, ¿cómo entender que la sociedad venezolana se haya vuelto una de las más violentas, no ya de América Latina sino del mundo?

De manera inevitable hay que poner la lupa en algunos elementos de primer orden: la no tan indirecta justificación del delito como respuesta a la inequidad social por parte del discurso oficialista; la imbricación que existen entre redes delictivas a nivel popular y la maquinaria política de ciertos sectores "revolucionarios", o dicho de otra forma, la "legitimación política del hampa".

Y sobre todo, la penetración del Estado por parte de mafias nacionales e internacionales asociadas al narcotráfico, fenómeno que se facilita por la ausencia de contrapesos en el control del funcionamiento estatal. Al fin y al cabo, toda república que degenere en satrapía se convierte en un paraíso para el crimen organizado.

Asombra, en este sentido, que las denuncias periodísticas y documentales sobre los presuntos nexos entre jerarcas civiles y militares del Estado "revolucionario" y personeros de carteles regionales del narcolavado, no merezcan ni una línea de comentario por parte de un gobierno tan discursivo. Llama la atención, de igual forma, que el grueso de los medios de comunicación minimicen, si acaso, la relevancia de estos asuntos.

Si encima de todo lo anterior se agrega la combinación de negligencia, improvisación y retórica encendida que tanto identifica el proceder oficialista, entonces la ecuación produce un desborde delictivo. De allí que cualquier análisis y cualquier propuesta que pretenda ser seria y responsable, debe examinar el mencionado vínculo causal entre la "revolución bolivariana" y la explosión de la criminalidad.  

flegana@movistar.net

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información