El proceso histórico que desembocó en la nacionalización de la industria petrolera hace 32 años, en la Venezuela democrática de 1975, tiene una solidez muy diferente al afán "nacionalista" de la llamada "revolución bolivariana". Aquello fue un logro nacional y esto un eco de política sectorial dentro de un sistema nacionalizado.

Fue el presidente Rafael Caldera quien señaló que la nacionalización del petróleo tuvo para Venezuela un valor existencial. Desde la consolidación del sistema de concesiones durante la época gomecista, como ha escrito Manuel R. Egaña, se comenzó la lucha por aumentar los ingresos fiscales de la explotación de hidrocarburos, y luego por adquirir e incrementar el control del Estado sobre el funcionamiento de la industria.

La noción de que "las empresas transnacionales no tenían interés alguno en atender, ni mucho menos prever, el desarrollo de la nación venezolana, y que su interés consistía en obtener el mayor beneficio posible de sus explotaciones de hidrocarburos", fue, desde el amanecer político del siglo XX venezolano, en 1936, el motor que impulsó el historial de la nacionalización petrolera que culminó en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.

La marcha nacionalista

Esa marcha por el dominio soberano de la industria petrolera tuvo hitos centrales y sucesivos en la Ley de Hidrocarburos de 1943, que unificó el régimen concesionario, estableció un plazo de 40 años para su vigencia, y dio al Ejecutivo amplias facultades de inspección y regulación. El llamado "tercer pilar" de la política petrolera venezolana, además de la Ley del Trabajo de 1936, promulgada por López Contreras, y la pionera Ley de Impuesto sobre la Renta de 1942, de Medina Angarita.

Luego en 1948, una reforma a la ley tributaria institucionalizó el "fifty-fifty", o el compartimiento de por mitad, entre el Estado y las concesionarias, de los beneficios obtenidos por éstas. Un avance notable para entonces. Participación nacional que fue aumentado a 60% en 1957 y a 80% para antes de la nacionalización.

En 1960 se funda la OPEP con el patrocinio de Venezuela, que ya había formalizado contactos con países petroleros del Medio Oriente en 1949, y que fueron vitales para la labor que posteriormente desplegaría Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Minas e Hidrocarburos de Rómulo Betancourt. También en 1960 se creó la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).

En 1970 se aprobó la ley para la fijación unilateral de los valores de exportación del petróleo. En 1971 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Reversión que dispuso la incorporación al patrimonio público de los bienes de las compañías petroleras al vencimiento de las concesiones. Ese mismo año, el presidente Caldera le puso el ejecútese a la Ley de Reserva al Estado de la Industria del Gas Natural.

Entrada la década de los 70, Venezuela producía un promedio diario de 3.700.000 barriles. El camino de la nacionalización petrolera estaba maduro para su etapa final, no sólo en el ámbito interno sino por las circunstancias favorables del mercado internacional, cuya escalada de precios a partir de 1973 y en especial por el conflicto árabe-israelí, abrirían una nueva dimensión al petróleo global.

La nacionalización en 1975

El proyecto de nacionalización integral de la industria de los hidrocarburos, fue el resultado de una amplia, intensa y plural deliberación en la que participaron las distintas fuerzas políticas y, de manera fructífera, un conjunto de prestigiosos expertos venezolanos, representativos de todas las corrientes ideológicas, que formaron parte de la Comisión Presidencial de Reversión, creada por el presidente Pérez en marzo de 1974.

Después de un prolongado debate parlamentario, de cara a la opinión pública, la Ley de Nacionalización fue sancionada en agosto de 1975, y proclamada su vigencia el 1º de enero de 1976, en acto simbólico realizado en el sitio del pozo Zumaque descubierto en 1914.

Al Estado pasaron las actividades de exploración, explotación, manufactura, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos. Así mismo, el artículo 5 de la Ley, el más polémico y debatido, estableció la posibilidad de asociación del Estado con el capital privado para fines específicos, a través de convenios operativos en casos especiales o cuando así conviniera al interés público, previa autorización del Congreso en sesión conjunta.

Se constituyó Pdvsa para asumir la industria nacionalizada, y la nueva empresa se organizó de manera profesional y despartidizada. Su presidente-fundador fue un servidor público de reconocidos méritos, el general Rafael Alfonzo Ravard. La grandes diferencias con el sistema concesionario fueron el énfasis en la exploración de nuevas reservas, la formulación de planes de explotación del inmenso potencial de la Faja Petrolífera del Orinoco, la investigación y la modernización tecnológica de la industria, y la expansión doméstica e internacional de la corporación venezolana.

La apertura dentro de la nacionalización

El régimen nacionalizado no es incompatible con la inversión privada, bien nacional o extranjera, en el marco de los fines del Estado. Ese principio fundamental, que ni siquiera está en discusión como tal en pleno auge del llamado "socialismo de siglo XXI", fue el sustento para el desarrollo de la llamada "Apertura Petrolera" de los años 90. Conforme a las figuras de "convenios operativos" y "asociaciones estratégicas", debidamente aprobadas por el Poder Legislativo, Pdvsa impulsó la reactivación de campos antiguos o marginales, la producción de gas natural aguas afuera, y el desarrollo de la Faja del Orinoco, mediante cuantiosas inversiones de compañías europeas, norteamericanas, asiáticas, latinoamericanas y de capital privado venezolano.

El ex-presidente de Pdvsa, Luis Giusti, ha señalado que el concepto de la Apertura también se refería a transformar la cara rentística en actividad productiva y enraizada con la diversidad económica de la nación. Para el año 2005, los convenios operativos producían cerca de 600 mil barriles diarios, y las asociaciones estratégicas una cantidad similar de crudos pesados y extrapesados.

Al presidente Chávez le correspondió inaugurar, en medio de grandes elogios, las actividades de las operadoras de la Faja: Petrozuata y Cerro Negro en 2001, Sincor en 2002 y Ameriven en 2003. De acuerdo al ex-director de Planificación de Pdvsa hasta el 2002, Luis Pacheco, la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por el gobierno bolivariano, "legalizó el espíritu de la Apertura Petrolera".

El nacionalismo intermitente

Más tarde e invocando la defensa de la soberanía nacional, la "revolución bolivariana" emprendió un conjunto de cambios contractuales y tributarios al esquema de funcionamiento de la Apertura, diseñado en tiempos de bajos precios petroleros, para migrar las iniciativas al formato de "empresas mixtas" con una mayoría accionaria de Pdvsa. En un contexto de altos precios, el nuevo modelo conservaría el atractivo para la inversión foránea, a no ser por el sobrevenido clima de hostilidad gubernativa.

Pero se trata de un "nacionalismo intermitente", porque a la par se entrega, por ejemplo, la Plataforma Deltana a la explotación transnacional en condiciones onerosas, y se suministran cerca de 100 mil barriles diarios de crudo a Cuba, sin contraprestación monetaria. Tampoco es un logro "nacionalista" haber menoscabado la capacidad industrial de Pdvsa, que al presente sólo alcanzaría a producir un millón y medio de barriles, es decir poco más de la producción de la Apertura en el 2005.

El plan "Siembra Petrolera" recién anunciado por el presidente Chávez ­versión trasvasada del plan estratégico concebido en 1996-97-- con el fin de aumentar la producción a 5 millones de barriles, sería inimaginable sin la participación técnica, operativa y financiera de los socios internacionales de Pdvsa. Máxime ahora, cuando la empresa nacional se encuentra en precarias condiciones hasta para mantener su diminuidos niveles de actividad.

¿Hacia la nacionalización bolivariana?

Tal inventario de contradicciones, desde luego que en parte compensados por los elevados ingresos provenientes de los igualmente elevados precios petroleros de los últimos años, no ha sido obstáculo para que el régimen de Chávez esté insistiendo en tres grandes falseamientos que nutren su renovada retórica roja-rojita.

El primero es que la nacionalización petrolera llevada adelante en el siglo XX fue una simulación sin contenido soberano; el segundo es que el Estado, antes de su llegada al poder, estaba privatizando a Pdvsa a precios irrisorios y por instrucciones del imperialismo capitalista; y el tercero, consecuencia lógica y natural de los previos, es que él se ha propuesto acabar con casi un siglo de coloniaje petrolero y por ende realizar la verdadera nacionalización.

Ello forma parte de la obsesión por "reinterpretar" la trayectoria histórica de Venezuela para encajarla al discurso oficialista, que no, necesariamente, a sus ejecutorias concretas; o lo que Manuel Caballero denomina el propósito de "abolir la historia" con objetivos proselitistas.

En este sentido, ya ha sido avisada una "Ley de Nacionalización Petrolera Bolivariana" que Chávez promulgaría en el contexto de la Habilitante o delegación legislativa. Al parecer, su protagonismo a nivel internacional necesita de símbolos más demostrativos de su condición revolucionaria, y nada más idóneo, entonces, que centrar la atención en la "conquista de la soberanía petrolera de Venezuela.

En suma, un peligroso espectáculo que hace recordar aquella agudeza de Carlos Marx cuando dijo que los grandes hechos históricos suelen repetirse dos veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa


flegana@movistar.net

*	Columnista, profesor universitario y ex-Ministro de Información