El tremendo traspié que el
presidente Juan Manuel Santos sufre en estos momentos por el
episodio de la triste “reforma a la justicia” y por la
solución que intenta darle ahora para salir de ese impase,
debilitará sin duda su gobierno y abrirá una brecha en la
coraza de la mesa de la Unidad Nacional.
Pues no se le ve una salida
elegante a ese descalabro. No todo lo que el jefe del
Ejecutivo le propuso a las Cortes y al Congreso era un
error, es cierto, pero el manejo de los debates, de la
“conciliación” final de los proyectos, y lo que propone
ahora para enmendar el entuerto es un paso más hacia la
inconstitucionalidad.
El país está viendo que todo
ello es el resultado de la confusión jurídica y politiquera
de los asesores del jefe de Estado, si no de éste, y del
estilo que adopta el Ejecutivo al abordar sus tareas: con
excesivo secretismo, con displicencia, lejanía y distracción
y perdiendo mucho tiempo en viajes de utilidad relativa. Lo
que hemos visto de nuevo es, pues, un grave resbalón de
liderazgo de alguien que creía tener todo bien atado. La
coalición heterogénea que respaldó esa iniciativa y los
métodos manzanillos utilizados, no explican todo lo que
pasó.
Como toda crisis, ésta podría
aportar algo positivo: abre perspectivas de recambio, de
regreso a una cierta racionalidad y prudencia en la
conducción del Estado, a condición, claro está, de que la
oposición uribista adopte un tono y una postura tan firmes
como serenas.
Por el momento, de ese lado, se
nota un cierto apresuramiento. Unos lanzan, de nuevo, la
consigna de la asamblea constituyente. Otros piden un juicio
político al presidente (la atracción de lo ocurrido en
Paraguay parece irresistible). Los demás claman contra la
reelección de Santos. Todo eso es interesante pero el
recambio político no saldrá de esas iniciativas
inmediatistas. Hay que ser cautos pues algunos ya están
queriendo transformar esa legítima efervescencia política en
un momento revolucionario, es decir en una coyuntura abierta
a todas las aventuras.
El país necesita un nuevo
liderazgo político. O, mejor, necesita recuperar la dinámica
que perdió cuando el presidente Santos, elegido por el
pueblo uribista, dejó de lado esas banderas. El país debe
frenar el curso caótico que emprendió la llamada Unidad
Nacional. Pero, atención: no hay atajos hacia esa
reconquista del poder. La no construcción hasta ahora de un
nuevo partido político, de oposición, de proposición y de
reconstrucción del país, con millones de adherentes,
militantes y votantes, con un programa absolutamente claro,
no puede obviarse con llamados a convocar una Asamblea
Constituyente.
¿Ésta sólo se ocupará de hacer
otra reforma de la justicia? ¿Y cómo sería esa
Constituyente? ¿Incluyendo a toda la clase política?
¿Excluyendo a unos y tolerando a otros? ¿Sería eso
democrático?
¿Sería hábil dejar que quienes
votaron el adefesio del 14 de junio voten también el perfil
de esa Constituyente?
¿Cuál sería el partido
dominante, el faro iluminador de los debates en esa
asamblea? ¿Cuáles sus postulados constitucionales? No seamos
ingenuos: una constituyente improvisada puede, por el
contrario, agravar la crisis y abrirle las puertas a fuerzas
minoritarias y sectarias más avezadas y organizadas para
esas maniobras que los otros grupos. Lo repito: sin un
partido o, al menos, sin un movimiento uribista estructurado
y claro, independiente de esa caricatura que es el partido
de la U, una asamblea constituyente será un nuevo problema,
no la solución. La teoría de la soberanía popular absoluta
ha conducido a veces a nuevas tiranías.
La oposición uribista, por otra
parte, se está dejando encerrar en un falso debate: el de la
llamada “reforma judicial” del 20 de junio. Ese engendro, es
verdad, debe ser echado a tierra. Pero no olvidemos dónde
está lo esencial: hay un acto de reforma constitucional aún
peor, aún más grave y peligroso para el Estado de Derecho y
para la paz en Colombia: el llamado “marco para la paz”.
Derrumbar la reforma del 20 de junio de 2012 sin tocar la
monstruosidad del 14 de junio de 2012 es dejar que el mal
se escape por la ventana.
Con mucha perspicacia, la
izquierda y, sobre todo, sus jefes extremistas, quienes
fueron los primeros en destruir la justicia introduciendo
métodos abyectos para cometer arbitrariedades a granel,
sobre todo contra el uribismo, las Fuerzas militares y los
servicios de seguridad del Estado, están alimentando esa
visión unilateral: claman contra la “reforma a la justicia”
y pretenden que nadie toque el tema del “marco para la paz”.
Esas dos reformas
constitucionales son piezas claves del viraje de Santos. Las
dos son nefastas. Pero el “mpp” es la peor.
Si una favorece a la burocracia
de los tres poderes, para facilitar la gobernabilidad del
santismo, la otra favorece al principal y más implacable
enemigo del país: las Farc. Si el país se distrae ante eso
tendrá dentro de poco, si el señor Timochenko es un poco más
lúcido, senadores y toda suerte de caudillos, agitadores,
bandas y pistoleros de esa corriente en plena libertad y con
todos los derechos. Y tendremos, además, una Constitución
dictada por las eminencias grises de La Habana.
Nadie puede olvidar que el acto
legislativo votado el 14 de junio de 2012 por el Congreso
permite dejar a Colombia huérfana de una Fuerza Pública
creíble, en aras de la financiación de un ilusorio “post
conflicto”, fase en la cual más se agrava la violencia, como
se ha visto en los países de África y Centroamérica donde la
llamada “justicia transicional” fue adoptada.
El “mpp” garantiza la impunidad
de los jefes y bases de las Farc y del Eln, pues legitima la
suspensión de la ejecución de las penas de éstos, prevé
sanciones “extra-judiciales”, “penas alternativas” y hasta
la “renuncia de la persecución judicial penal” de todos esos
criminales, incluso los de lesa humanidad, que hayan sido
beneficiados por una decisión subjetiva de la Fiscalía
General de la Nación.
Sí, hay una crisis institucional
grave, pero no olvidemos que la solución vendrá de la
prudencia inteligente y de la discusión humana, no del
arrebato.
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Periodista
y escritor. Autor de "El enigma IB" (sobre el caso
Ingrid Betancourt), publicado en
diciembre de 2008 (Random House Mondadori, Bogota).
Tambien es autor de "Las Farc, fracaso de un
terrorismo", (Random House Mondadori, Bogota).
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