Desde uno de sus antros, quizás en Europa, las Farc han lanzado una horrible risotada. El brutal traslado a la Picota del coronel Plazas Vega, la resistencia altiva que él presentó contra ese acto bárbaro,  desató la hilaridad de los terroristas. El plumífero anónimo de las Farc se felicita: “Plazas Vega duerme en una celda de la Picota. Con todas las argucias posibles, el ex coronel intento poner trabas al proceso que se le sigue”.

El cobarde artículo, difundido por Anncol el 22 de agosto pasado, saborea con delectación el calvario que vive el coronel. Ese texto, a pesar del mal que encarna, puede ser útil. El confirma dos veces una sospecha que muchos colombianos tienen: lo que le ocurre al héroe de la contra-toma del Palacio de Justicia, no es más que una vil emboscada que le han tendido los narco-subversivos. En efecto, el artículo de Anncol emplea la palabra “emboscada”. La frase es ésta: “Plazas Vega no ha tenido nunca dignidad, ni la tiene ahora para aceptar que está en la última emboscada de su vida”.

Esa frase insultante, es sobre todo una revelación. Mejor, es una confesión de parte. En otras palabras, el falso proceso que contra él han montado los leguleyos del Colectivo de abogados Alvear Restrepo, no es más, según Anncol, sino  una “emboscada”. Una “emboscada” de las Farc. Por eso el artículo, escrito con gran precisión, habla del “proceso que se le sigue”. No del proceso que otros le siguen. Es evidente: el pronombre reflexivo de primera persona “se” designa a las Farc como actor detrás de las acusaciones infundadas.

Anncol agrega algo que tampoco puede ser pasado por alto: dice que esa “emboscada” será “la última”. Allí hay, sobre todo, una amenaza clara contra la vida del coronel Plaza Vega.

¿Qué pensará de esa declaración de las Farc la juez tercera penal especializada María Stella Jara que ordenó el brutal e ilegal traslado del coronel a la cárcel de la Picota violando el fuero de los militares?  ¿Cómo diablos puede seguir pensando ella que el coronel Plazas Vega no corre ningún peligro en la Picota? ¿Cómo puede ella seguir dándole crédito a los falsos testimonios que los autores de la emboscada jurídica contra el coronel Plazas  han introducido en el expediente?

El artículo de Anncol tiene errores de sintaxis y de ortografía  (quizás la pluma es extranjera). No obstante,  ideológicamente es hábil y pérfido. Su objetivo es sembrar la sospecha, la insidia, el odio, entre “los militares” y la llamada “oligarquía”, entre el Ejército y “el sistema oligárquico”, entre Colombia y los Estados Unidos. Vea cómo lo dice: “la oligarquía e instituciones que (el coronel Plazas Vega) defendió con ahincó (sic)  (…) ya ni se acuerdan de él”. “La oligarquía que defendió lo ve como siempre han (sic) sido visto (sic) a los militares; herramientas baratas, ordinarios (sic) e indignos (sic) de la clase oligárquica”. Las Farc, a pesar de su derrumbe, no olvidan las viejas recetas leninistas para tratar de dividir a sus enemigos, para vencerlos más fácilmente.

Lo que vive el coronel Plazas Vega y su familia no es un proceso legal. Es el más grande escándalo actual de la justicia colombiana. No es una instrucción penal. Es una farsa. Esa una operación de destrucción de un símbolo militar. Esa comedia monstruosa debe cesar cuanto antes. Ese proceso debe ser anulado.

Ese escándalo continuó su marcha y agravó los ultrajes contra la justicia universal pues todos habíamos callado. Los altos mandos, el gobierno, la prensa, los grupos de derechos humanos y la sociedad civil. Ninguno estuvo jamás a la altura de lo que ocurría. Los violentos lograron vender su historia y confundirnos a todos. ¿Qué media importante se atrevió a investigar realmente ese asunto? Ninguno. La prensa está llena de pequeñas notas factuales que retoman generalmente la versión de la juez Jara. Eso es todo. Los análisis de fondo, que sí existen, son publicados en revistas confidenciales. ¿Por qué ningún medio hasta el momento de redactar esta nota ha querido entrevistar a la esposa del coronel Plazas, único testigo presencial del asalto de los agentes del Inpec contra el Hospital Militar?

El presidente Álvaro Uribe, tras el nombramiento del doctor Gabriel Silva Luján como ministro de Defensa, recordó la importancia de fortalecer el sistema de defensa judicial de los militares y policías que se vean involucrados en procesos por presuntas violaciones de los derechos humanos. “Eso de acusar a la fuerza pública y no probar los hechos, es una falsa acusación que busca hacer un daño a la fuerza pública, quien es finalmente responsable de la política de seguridad democrática”, enfatizó el jefe de Estado.

¿Qué espera el Gobierno para aplicar la recomendación del Presidente al caso del general Plazas, donde se da, a la perfección, eso de acusar y no presentar pruebas?  ¿El ministro Gabriel Silva  dirá por fin al país que no es cierto lo que dicen las Farc y que su ministerio no abandonará al coronel Plazas a su suerte?
 

*	Periodista y escritor. Autor de "El enigma IB" (sobre el caso Ingrid Betancourt), publicado en diciembre de 2008 (Random House Mondadori, Bogota). Tambien es autor de "Las Farc, fracaso de un terrorismo", (Random House Mondadori, Bogota).