El combate por la verdad  de los periodistas venezolanos y latinoamericanos en general es uno de los mayores obstáculos a la consolidación del régimen autoritario de Hugo Chávez.  A diferencia del régimen cubano, el de Caracas no ha podido vender al mundo la imagen de un régimen  simpático y triunfante, como logró hacerlo Fidel Castro en los primeros años de su atroz experimento gracias a la destrucción radical y definitiva de la prensa libre de la isla.

Para corregir ese “error”, el poder bolivariano  redacta leyes de censura y aplica la intimidación y la violencia directa contra los periodistas, sin lograr ahogar del todo la información y el análisis. Y ello ocurre no sólo en Venezuela sino  también, en forma simultánea y casi idéntica, en países clientes del dictado chavista, sobre todo en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y El Salvador.

La semana pasada, por ejemplo, doce reporteros de la cadena Capriles que manifestaban contra la nueva ley de Educación, sufrieron en Caracas tremenda paliza a manos de una banda de revolucionarios[i]. Días antes, Hugo Chávez había presentado una ley para sancionar los “delitos mediáticos” y ordenado el cierre de 34 emisoras privadas. En Bolivia, el camarógrafo Marcelo Lobo del canal Gigavisión, fue agredido por desconocidos en La Paz. En Quito, donde Rafael Correa insulta a los periodistas que no alaban sus políticas, hay alarma tras el anuncio de que el gobierno utilizará un “mandato de transición constitucional” para  entregar las frecuencias radiales a agentes del oficialismo y reducir aún más la libertad de expresión e información. En El Salvador, tres reporteros de Radio Victoria, recibieron amenazas de muerte.

En los países donde el poder no ha caído en manos chavistas  el drama del acoso a  los espíritus libres también se agrava.  En Honduras, nueve medios de comunicación han sufrido ataques desde el 28 de junio de 2009. Los agresores son simpatizantes del depuesto presidente Manuel Zelaya. El más reciente ocurrió este 19 de agosto cuando el diario El Heraldo fue atacado con explosivos.[ii]

Colombia también es un ejemplo. Empero, allí no es el gobierno quien persigue a los periodistas. Todo lo contrario. Esa actividad es engendrada en círculos enemigos del gobierno y, lamentablemente, impulsada por miembros importantes del poder judicial, conocidos por su fanática oposición al presidente Álvaro Uribe.

A comienzos de agosto de 2009,  un grupo de periodistas que habían sido demandados penalmente por un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo, escaparon a una severa condena. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la pretensión del magistrado en el sentido de que los demandados  habían  “violado sus derechos” por haber escrito en varios artículos de 2008 que él era un “magistrado indigno”. Escobar merecía de sobra ese calificativo. El había aceptado  un regalo (unos botines) de un tal Giorgio Sale, un individuo encarcelado en Italia, en noviembre de 2006, por lavado de narco-dólares.  Giorgio Sale había estado también relacionado con Salvatore Mancuso, un temible ex jefe paramilitar, extraditado a los Estados Unidos con otros 14 ex jefes “paras”.

 

Columnista muy leído de El Tiempo, Mauricio Vargas denuncia con fuerza los nexos de algunos magistrados con obscuros personajes ligados a Mancuso y critica la guerra de guerrillas que la Corte Suprema de Justicia le hace al gobierno de Uribe[iii]. El y los otros editorialistas que habían  fustigado la actitud indelicada del magistrado Escobar Araújo, fueron absueltos por el TSB. Este organismo, sin embargo, exigió que se “rectificara” una frase de los artículos donde se  decía que Escobar Araújo influía desde su cargo en el nombramiento de otros jueces y magistrados. La orden tuvo que ser acatada de inmediato por los periodistas.

Pero acatar a veces no es suficiente.  Rodrigo Pardo García-Peña, otro periodista que también había criticado por el mismo hecho al magistrado Escobar, fue invitado por una juez  de Bogotá  a pasar unos días en prisión y a pagar una fuerte multa.  Según ella, Pardo había  “desacatado” la orden de un juez en el caso del magistrado Escobar. Este había quedado “insatisfecho” con la rectificación de dos frases  hecha meses atrás por Pardo, director de la revista Cambio. 

Ante tal arbitrariedad, varias sociedades de prensa protestaron. “Privar de la libertad a un periodista bajo un argumento tan insignificante constituye una afrenta de proporciones incalculables y crea un grave precedente contra la actividad periodística”, declararon  Andiarios, Asomedios y la Sociedad Interamericana de Prensa. Incluso la Procuraduría General de la Nación conceptuó que  la revista Cambio sí había rectificado suficientemente las dos afirmaciones que el juez de primera instancia había condenado y concluyó que la demanda por desacato no procedía. Ex ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo García-Peña es un fino analista de la actualidad internacional y, aunque muy moderado en sus expresiones, es un crítico de las Farc[iv] y está lejos de ser un admirador de Hugo Chávez.

Un caso aún más grave estalló el 30 de junio de 2009 cuando la magistrada Sandra Castro,  de la Fiscalía General,  radicó una denuncia penal contra otro periodista. Considerando que el trabajo de Fernando Londoño Hoyos, director del noticiero La Hora de la Verdad, de Radio Súper de Bogotá, constituye, de hecho, un “concierto para delinquir agravado”, la magistrada, quien es nada menos que la  Coordinadora Nacional de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General,  y debería por ello dar ejemplo en materia de respeto de los Derechos Humanos,  decidió incriminar a Fernando Londoño y a William Calderón, otro periodista del citado noticiero, por ejercer esa profesión.

Las acusaciones de la magistrada son asombrosas.  Ella no acepta que Fernando Londoño, ex ministro del Interior de Álvaro Uribe,   denuncie y presente pruebas en su conocido programa radial acerca de los abusos antijurídicos que cometen ciertas dependencias de la Fiscalía, sobre todo contra algunos altos militares que han sido encarcelados injustamente gracias a “pruebas” y “testigos” cuya credibilidad no vale nada. La Hora de la Verdad cuestiona también el fenómeno contrario, es decir la no valoración de las pruebas que presentan ciertos inculpados y la templanza de la Fiscalía al momento de decidir los casos donde se halla involucrada gente acusada de hacer parte del aparato político-militar de las Farc[v]. Londoño reveló además, en junio de 2009,  que las numerosas visitas de Giorgio Sale a oficinas de la Corte Suprema de Justicia habían sido borradas de las grabaciones electrónicas “en el más puro estilo mafioso con destrucción de pruebas”.

Días más tarde, los ataques contra Fernando Londoño arreciaron. Esta vez el petardo fue puesto en Caracas. En entrevista con una televisión colombiana, el presidente Hugo Chávez acusó al periodista de haber organizado en 2004 el envío a Venezuela de “200 paramilitares colombianos” para asesinar al jefe de Estado venezolano. Londoño negó en bloque la acusación y recordó que la prensa venezolana había investigado el asunto de los pretendidos paramilitares y contestado la versión de Chávez[vi]. Londoño anunció que entablará una demanda por calumnia contra el mandatario venezolano en vista de que el no sólo pretende intimidarlo a él sino que con su cuento de los “paras” busca atentar contra  la reputación  del gobierno de Colombia y del presidente Álvaro Uribe. 

Fernando Londoño fue también objeto de intercepciones telefónicas ilegales. Aun no castigado, tal delito fue cometido por elementos desconocidos que manipularon a un noticiero para comenzar una campaña de desprestigio contra el brillante editorialista que denuncia con intransigencia los crímenes del chavismo y los errores del ex Fiscal General, Mario Iguarán.

Esas operaciones de acoso que buscan taparles la boca a los periodistas insumisos de Colombia, de Venezuela y de Latinoamérica, se están intensificando. No contento con reprimir a los periodistas de Venezuela, Hugo Chávez toma iniciativas contra periodistas colombianos. Lo peor de todo es que en Colombia, como en Venezuela, en lugar de encontrar un baluarte protector de la libertad de prensa, los periodistas tropiezan con la hostilidad visible del poder judicial.

Ello refuerza la autocensura, una de las mayores amenazas contra las sociedades abiertas. Por ejemplo, las noticias sobre los procesos en curso de los militares, donde se están violando todas las reglas del Derecho, son vertidas por los diarios en cantidades microscópicas. En Colombia, ciertos magistrados tratan de minar la autoridad del gobierno y demoler al mismo tiempo a los periodistas que denuncian esos fenómenos. En Venezuela ocurre casi lo mismo.  Fanatizados por la ideología en el poder, los magistrados avalan las políticas liberticidas de Chávez e ignoran las violencias que se cometen contra la prensa.     

En Colombia, la ofensiva contra los periodistas se da en el marco de una revuelta del poder judicial que pretende dictarle su ley al poder ejecutivo, creando situaciones grotescas. Ese desafío al Estado de derecho ya ha suscitado fuertes choques entre los poderes públicos. La Corte Constitucional entró en querella con la Corte Suprema de Justicia, y ésta contra la Procuraduría. Existen tensiones increíbles entre el poder judicial y el poder legislativo y entre el poder judicial y el poder ejecutivo.

Todo ello coincide de forma patética con lo que está ocurriendo en Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde los gobiernos impulsan  leyes y medidas para destruir la libertad de prensa, la libertad de expresión y de información.

Aunque muy diferentes, lo que muestran los casos de Fernando Londoño Hoyos y  Rodrigo Pardo es que de alguna manera un polo totalitario incrustado en la magistratura colombiana actúa como si la soberanía chavista imperara ya sobre Colombia, o sobre una parte de la institucionalidad colombiana. Estamos pues ante un fenómeno muy singular en el que se da, de hecho, una  extensión insidiosa de una influencia extranjera sobre un sector del aparato de Estado colombiano. Parece que estuviéramos ante una estrategia de pérfida y paulatina conquista del Estado y de la sociedad colombiana, paso a paso, parcela por parcela, sin hacer ruido. Es hora de que el gobierno y la prensa libre en Colombia comiencen a abrir los ojos ante eso y a develar ese proyecto para desmantelarlo antes de que sea imposible.

 

Notas

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[i]  Rubén Mendoza, el jefe de la RNCB, una banda de matones al servicio del chavismo, justificó el ataque a los periodistas y prometió nuevas agresiones. “La Cadena Capriles es un antro de  conspiración” dijo.

 

[ii]  Ver Diario Exterior, Madrid, 20 de agosto de 2009, en

http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=33498

 

[iii] Leer su artículo ¿A qué juega de Corte Suprema?, El Tiempo, 16 de junio de 2008.

 

[iv]  Ver las declaraciones de Rodrigo Pardo intituladas « Alfonso Cano no abre esperanzas de aproximación política », RCN, Bogotá, 14 de agosto de 2009.

 

[v]  El 20 de marzo de 2009, La Hora de la Verdad entrevistó a Olivo Saldaña, ex guerrillero encarcelado de las Farc. El habló de las obscuras relaciones que existen entre cierta clase política del Tolima y las Farc, sobre las motivaciones de la senadora Piedad Córdoba y algunos líderes del Polo Democrático y, sobre todo, acerca de la infiltración que hicieron las Farc en la Fiscalía General de la Nación. Saldaña dijo que hasta ese momento la Fiscalía se había negado a recibir su testimonio.

[vi]  Escuchar el editorial de Fernando Londoño en La Hora de la Verdad, 10 de agosto de 2009, en:

http://www.lahoradelaverdad.com.co/post/day/_id=8&y=2009&m=8&d=10

 

*	Periodista y escritor. Autor de "El enigma IB" (sobre el caso Ingrid Betancourt), publicado en diciembre de 2008 (Random House Mondadori, Bogota). Tambien es autor de "Las Farc, fracaso de un terrorismo", (Random House Mondadori, Bogota).