¿Por qué ese turbio ambiente, ese malestar que envuelve, como un gris fantasma, la invitación que hacen algunos a participar en una  manifestación el 6 de marzo en Colombia?  Porque se trata de una invitación rara, enmascarada: no se sabe quien la convoca realmente, ni cuales son sus alcances ni motivaciones.  

Después de haber calificado de “fascistas”  y de “paramilitares” a los doce millones de ciudadanos que, en Colombia y en numerosos países, desfilaron el 4 de febrero contra las Farc, los convocantes de la nueva marcha, sin saber qué ropajes utilizar para no asustar a la gente, apelan al truco de la lista de las buenas intenciones. La marcha será, nos dicen, “por la vida, por la paz y por la democracia”. Magnífico. ¿Quien podría decirle no a eso? Sin embargo, si se leen sus comunicados, se descubre que la marcha del 6 de marzo tiene objetivos bien diferentes.

 

En un volante distribuido en París, dicen, por ejemplo, que la marcha es para pedirle a las Farc “la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes civiles”. ¿Civiles? ¿Por qué sólo los rehenes civiles? Quien instiga esa marcha quiere sin duda que el cautivero de los rehenes  militares y policías continúe y se agrave. Y porque para esa gente los otros secuestrados, los “no políticos”, no deben ser liberados. ¿Es legítimo pedirle a los colombianos salir a manifestar por eso? No, mil veces no.

 

En otra frase del mismo texto, piden que el gobierno colombiano “reconozca la existencia del conflicto armado” y que acepte “negociar un acuerdo humanitario”. Eso equivale a decir, en realidad, que los colombianos deben salir a las calles para exigir que la agresión del narco-terrorismo contra la sociedad y contra el Estado continúe y se perpetúe, y hasta sea premiada con una “negociación” que deberá buscar desde luego la rendición total de la sociedad y del Estado y que, además, los agresores, al final, sean amnistiados e indultados pues todo ese circo “transaccional” hace parte de algo muy “legítimo”, algo que ellos llaman  “el conflicto armado”, cuyo único desenlace debe ser la pretendida “solución política”.

 

Estamos ante un planteamiento central de las Farc. Ante la acción política central de las Farc. ¿Podemos los colombianos ser convocados a una manifestación con tales presupuestos?  No, mil veces no.

 

Es obvio que esa invitación no será acogida por los colombianos que desfilaron el 4 de febrero pues ellos han visto que, tras la agitación de algunos testaferros, el verdadero patrocinador son las Farc.

 

Esa invitación ha sido lanzada, nos dicen, por un individuo, Iván Cepeda, y por unas organizaciones políticas y sindicales de izquierda que no tienen nada que ver con las Farc. De acuerdo. Aceptemos por un momento que eso es cierto. ¿Ello resuelve el problema? No. Esa convocatoria confirma, por el contrario, un hecho: la izquierda colombiana, desde la más dura, hasta la más ingenua, no es independiente. Esa corriente, lamentablemente, sigue bajo la tutela política, psicológica e intelectual de las Farc. Cada vez que esa izquierda despliega sus alas, la hilacha fariana sale a flote para decir tercamente: aquí estoy yo y nadie más puede orientar a este sector.

 

Es lo que se ha visto ahora. Los convocantes, quienes se negaron a repudiar públicamente a las Farc el 4 de febrero pasado y trataron de disuadir a los manifestantes de salir a plazas y calles, retoman ahora, sin el menor escrúpulo, los dictados de las Farc,  impulsan sus imposturas y amalgamas.  ¿No es eso lo que hacen cuando aseguran que los colombianos debemos protestar “contra los paramilitares quienes ‘apoyados por el Ejército’ desaparecieron a 15 000 personas y asesinaron a 5 000 miembros de la Unión Patriótica”?

 

Si eso fuera cierto, deberíamos marchar. Pero eso no es cierto. Esa visión falsa disculpa al cartel de Medellín de su terrible papel en la exterminación de la UP y esconde, además, el vergonzoso papel de las mismas Farc, y de sus disidencias, en el asesinato de miembros de la UP, todo lo cual es imputado ahora al Estado colombiano gracias a la ceguera e incompetencia de los historiadores de la violencia en Colombia.  

 

Los paramilitares, como las Farc, cometieron crímenes horribles. Pero ellos se desmovilizaron y sus jefes están encarcelados. El Estado está organizando la reparación de las víctimas. Las Farc no se desmovilizaron y siguen cometiendo atrocidades. Marchar en esas condiciones es ayudar a borrar de la memoria colectiva hechos claves de la realidad nacional, negar que uno de los grandes logros del gobierno del presidente Alvaro Uribe fue el desmantelamiento de los paramilitares. Aunque hay de nuevos brotes paramilitares, éstos están bajo el asedio de las autoridades. Pervertir la mente de la población mediante una visión falsa de las cosas es el objetivo de esa marcha. ¿Podemos aceptar eso? No, mil veces no.

 

Si hay que enviar un mensaje a los paramilitares, éste debe ser hecho desde la perspectiva sana de las manifestaciones del 4 de febrero, no desde el marco conceptual de las Farc.

 

Iván Cepeda denuncia el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas, el 9 de agosto de 1994. Manuel Cepeda era un dirigente comunista. El jamás repudió las atrocidades de las Farc. El creía, por el contrario, en el uso de la violencia para imponer sus ideas. El nunca ocultó esas convicciones. Un frente de las Farc, autor de numerosas muertes de colombianos, lleva hoy su nombre. ¿Iván Cepeda repudia el uso de ese nombre? Manuel Cepeda fue asesinado en condiciones obscuras. Dos paramilitares de la banda de Carlos Castaño fueron condenados a 43 años de prisión  por la justicia colombiana el 16 de diciembre de 1999.  Iván Cepeda no está satisfecho. El quiere ir más lejos. Para él, Colombia debe ser visto como un Estado criminal. Su campaña de odio aspira a que ciertos tribunales extranjeros abran un proceso por “genocidio” contra Colombia. Sus argumentos son falaces e idénticos a los de quienes impulsan la manifestación del 6 de marzo. ¿Esa manifestación es una pieza más de esa operación? ¿Vamos los colombianos a salir ese día a validar esa empresa? No, mil veces no.

 

Las Farc apoyan la marcha del 6 de marzo. Lo dicen en sus páginas web. La central sindical CUT y el Polo Democrático, controlados ambos por el mamertismo criollo, parecen no saberlo. Al impulsa esa marcha en esas condiciones, ese bloque prueba cuál lejos está el país de tener un día una izquierda democrática. Esta, para serlo, debería no solo decir en los cocteles que está “contra la violencia”, en abstracto, sino repudiar públicamente a las Farc, sus acciones y su discurso asesino, exigir y trabajar por el desmantelamiento de las organizaciones narco-terroristas mediante la fuerza legítima del Estado. Como lo hicieron, desde el poder, durante años, los partidos socialistas de España, Francia, Italia y Gran Bretaña. Es la lección que los Carlos Gaviria y los Wilson Borja no quieren aprender.
 

*	Periodista y escritor. Ultima obra publicada: “Las Farc, fracaso de un terrorismo” (Ediciones Random House Mondadori/Debates, Bogotá, 2007)