A menos de una semana de las elecciones regionales en Colombia, se cuenta ya con 26 candidatos asesinados, la mayoría por las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), organización terrorista que pretende participar de ese modo bárbaro en los comicios del 28 de octubre de 2007 en los que los colombianos van a elegir 18.332 personas para ocupar lo cargos de gobernadores de departamento, alcaldes, concejales municipales y diputados departamentales. Los 86.4 49 candidatos inscritos pertenecen a 235 corrientes políticas diferentes.

En Colombia hay 32 departamentos y 1.099 ciudades y pueblos, administrados por alcaldes y concejales municipales.

Las víctimas de esta ola de atentados son los electos o los candidatos a esas funciones. Han sido amenazados o abatidos simplemente por oponerse a las órdenes de las organizaciones de extrema izquierda FARC y ELN, o a las órdenes de sus enemigos, los paramilitares de extrema derecha.

Lo que es igualmente irritante es la indiferencia de las organizaciones llamadas de derechos humanos frente a esa ola asesina. Ni un solo comentario se ha expresado por parte de Amnesty International, y aún menos por la FIDH ni por Human Rights Watch para condenar las acciones de los extremistas, ni para brindar apoyo moral a los electos, a los candidatos y a los electores colombianos. Sin embargo, esos organismos se ensañan contra las autoridades colombianas por hechos a veces no verificados y que con frecuencia son producto de rumores o de operaciones de denigramiento.

El último 22 de octubre, una granada lanzada al cuartel general de la campaña electoral de Alas Equipo Colombia, un partido conservador, causó dos muertos y seis heridos. Una de las víctimas occisas es Janeth Coral, la hermana del candidato al cargo de alcalde. Atribuido por la policía a los guerrilleros de las FARC, el atentado ocurrió en Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, al sur del país, cerca de la frontera con Ecuador.

En la víspera, en el pueblo de Corinto, las FARC asesinaron al diputado liberal de oposición Elmer Eliel Durán Cano, miembro de la Asamblea del Cauca. El diputado se hallaba en la tienda de un familiar. Los sicarios llegaron en moto, dispararon cinco veces contra él, hiriéndolo mortalmente. El gobernador del Cauca, Juan José Chaux, opinó que los autores de ese asesinato son las FARC.

El mismo día, en Cali, la oficina de Juan Carlos Abadía, candidato al cargo de gobernador del departamento del Valle del Cauca, fue atacada con granada por desconocidos. No hubo heridos, pero la oficina quedó destruida.

El 17 de octubre de 2007, Benjamín de Jesús García Valbuena, candidato del partido Colombia Democrática, que esperaba ser electo como concejal de Toledo (Antioquia), fue asesinado junto con su hijo. Ellos circulaban por una carretera de la periferia de Toledo cuando fueron sorprendidos por desconocidos que les dispararon. Para las autoridades, la muerte de García Valbuena confirmó que el departamento de Antioquia hacía parte del plan
que las FARC implementaron para tratar de sabotear el proceso electoral.

Pocas horas después, el presidente de la República, Álvaro Uribe, ofreció hasta 25.000 dólares de recompensa por toda información que permitiese la detención de los autores de los atentados contra los candidatos. El jefe de Estado colombiano decidió también realizar una nueva gira por seis departamentos para invitar a los ciudadanos a votar masivamente el 28 de octubre y así poner en jaque a la violencia. "Que el mejor castigo para los terroristas sea la participación electoral que le hace honra a la democracia", exclamó.

Los departamentos más afectados por la ofensiva asesina son los de Tolima, Huila, Putumayo, Caldas, Cauca, Valle, Antioquia, Nariño y Quindío, donde la actividad política se ha degradado por las amenazas, los secuestros y los asesinatos.

El balance macabro de la violencia ejercida contra las elecciones regionales desde hace seis meses es de 72 personas abatidas, 37 atentados contra candidatos, 10 personas secuestradas, y más de un centenar de amenazas de muerte.

Todo eso ante el mayor silencio en Europa. Esas personas electas, esos candidatos y esos electores que ponen en peligro sus vidas para que viva la democracia colombiana visiblemente no le interesan a nadie.

El 16 de octubre, el asesinado fue Adolfo León Álvarez, candidato del partido Cambio Radical. Quería ser el alcalde de Ataco, un pueblo del departamento del Tolima.

El 14 de octubre, la oficina del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia había expresado su inquietud ante los atentados contra los candidatos. En vano había exigido a las FARC que respetara la vida y la actividad política de todos los candidatos.

Según ciertos observadores, la intención de las FARC es mantener la presión mediante esa innoble campaña, bautizada "plan pistola" por la prensa colombiana, y volver a lograr la cuota parte política que habían adquirido en el pasado al precio de una violencia extrema, antes de que los militares los expulsaran de buen número de regiones gracias a la implementación del
Plan Colombia.

Según la dirección nacional de la Policía, las FARC declararon que los candidatos "uribistas", es decir los de los partidos de la coalición gubernamental, eran "objetivo militar." Sin embargo, entre los candidatos que han sido asesinados, algunos pertenecen a partidos de la oposición, como el Partido Liberal.

Para Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipalidades, la estrategia de las FARC es atacar a las poblaciones situadas cerca de sus corredores estratégicos de movilidad y de poner en la mira a las poblaciones de los territorios donde aún pueden esconderse. El Sr Toro recordó que desde inicios del año, su Federación había alertado a las autoridades acerca de la situación crítica que viven los departamentos del
Huila y del Caquetá, que han sido muy afectados por los atentados.

Recientemente, los candidatos de varios municipios del Caquetá, del Tolima y del Huila habían denunciado públicamente que estaban siendo sometidos a la presión directa de las FARC, que les exigían que, tras el pago de una suma de dinero, obtuvieran una "autorización" que les permitiese hacer política "sin estorbos".

Las autoridades tratan de ofrecer una protección individualizada a cada candidato pero han admitido que se ven sobrepasadas por la amplitud de la tarea. Nueve mil candidatos han solicitado una protección personal. Las autoridades le asignaron a cada uno un policía y 563 otros candidatos gozan de "medidas de seguridad".

Es así como cerca de 135.000 policías han sido desplegados para proteger a los candidatos, a los electores y a los diez mil locales de votación repartidos a lo largo de todo el territorio colombiano. A pesar de esos esfuerzos, el ministro del Interior y de Justicias, Carlos Holguín
Sardi, ha reconocido que, desgraciadamente, no puede garantizar la seguridad de todos los candidatos.

Más que nunca es urgente que Francia y la Unión Europea se movilicen para defender el derecho de hacer política libremente en Colombia, el de ser elector o candidato sin temer ser secuestrado o matado por terroristas que sólo representan a ellos mismos.

Traducido del francés por Carlos Armando Figueredo

*	Periodista colombiano, autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme de combat". Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de 2005.