Después de tanto sufrimiento acumulado durante todos estos años, lo peor que le podría ocurrir a las familias de los rehenes en poder de las Farc es convertirse en el último eco retórico de éstas.

Achacarle al presidente Alvaro Uribe la situación de los rehenes, atribuirle tanto o más responsabilidad en esa tragedia que a las Farc, es caer en la peor confusión mental y moral. Es aceptar el juego diabólico de los captores de rehenes.

El dolor es inmenso en las familias de los secuestrados. Es un dolor que el país entero comparte y comprende, como quedó demostrado durante las manifestaciones del 5 de julio de 2007 de repudio a la matanza de los once diputados secuestrados por las Farc.

Pero ese dolor no puede justificarlo todo. Ese sufrimiento no puede ponerse al servicio de la injusticia.

No podemos aceptar que ese dolor nos obnubile hasta el punto de no poder distinguir entre el bien y el mal, entre la víctima y el victimario, entre la democracia y la barbarie.

No podemos aceptar que ese sufrimiento sea manipulado impunemente por hábiles creadores de odio. Pues esa manipulación conduce a intensificar el dolor de las familias y de los secuestrados.

Desde hace algún tiempo, varios parientes de rehenes, no todos, y algunos comités de apoyo, sobre todo en Francia, equiparan las Farc y el presidente Uribe, atribuyéndole a los dos, por igual, la responsabilidad de esa atrocidad y del largo cautiverio de los secuestrados. Al hacer esto, esas personas ayudan, probablemente contra su fuero interno, a diabolizar un gobierno elegido por el pueblo.

Es cierto que las autoridades y la prensa no han brillado al momento de repudiar ese injusto símil, esa grave deformación, pues consideran, erróneamente, que éste es causado únicamente por la amargura de las familias, y por el llamado “síndrome de Estocolmo”, contra el cual, dicen, no hay antídoto.

El problema es que ese síndrome está lejos de ser general. Este no ha afectado a todos los parientes de rehenes, pues muchos de éstos apoyan la orientación del gobierno de rescatar a las víctimas por todos los medios, incluso si los rescates terminan en la muerte del secuestrado, como es el caso tan reciente y ejemplar de Diego Mejía Isaza.

La viuda de Diego Mejía Isaza, doña María Matilde Londoño Jaramillo, dio las gracias a las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por haber intentado esa liberación, el 12 de julio de 2007, donde, además, un militar, Edgar Fonseca Gómez, perdió la vida y otro, Baudilio Peña Castillo, resultó gravemente herido.

A pesar del drama inmenso que constituye para ella y para su familia la muerte de Diego Mejía, la viuda explicó en Manizales: “Diego no se pudo salvar porque Dios así lo dispuso. Los resultados no fueron los que hubiéramos querido, pero ante la disposición de Dios, no podemos hacer nada. El Ejército cumplió con su deber”, antes de agregar: “La vida de mi esposo se fue, pero las de otros que le hicieron mucho daño al país también se fueron. Espero que esto sirva para algo”. En efecto, en la operación de rescate cuatro de los secuestradores fueron abatidos, entre ellos alias 'Fabio', uno de los jefes del frente 47 de las Farc.

La actitud heróica de doña María Matilde Londoño Jaramillo debería hacer pensar a quienes aceptan pasivamente los excesos demagógicos contra el Estado y ayudan de hecho a crear un clima de confusión que está siendo explotado a niveles insoportables por extremistas sin escrúpulos cuyas metas nada tienen que ver con la liberación de los secuestrados.

El asunto de la actitud de las familias de los rehenes debe ser examinado de cerca pues otro episodio grave, de signo contrario, ocurrió en Cali el 5 de julio de 2007. Carolina Charry, la hija del diputado Carlos Alberto Charry, miembro del grupo de rehenes que fué asesinado el pasado 18 de junio, fué abucheada en esa capital por manifestantes, luego de que ella pronunciara un discurso insensato en el que acusó violentamente al gobierno de “complicidad” en la matanza de los once diputados.

Empujada por un grupo que se hace llamar “asamblea permanente de la sociedad civil por la paz”, Carolina Charry dijo que el presidente Uribe no había respetado “el compromiso” de “devolver con vida” [a los rehenes], y proclamó que la meta de las manifestaciones del 5 de julio era “rechazar las políticas del gobierno” que están, según ella, “manchadas con la sangre” de su padre.

Esa caracterización errada de la jornada nacional del 5 de julio y la acusación contra el gobierno, fueron vistas, con razón, como una provocación por cientos de manifestantes. Quienes empujaron a Carolina Charry a lanzar esas frases cargadas de odio habían obtenido lo que buscaban: poner en peligro la vida de la hija de un diputado muerto, exponerla a una agresión verbal o física precisamente durante la movilización en que los colombianos expresaban su repudio a las Farc y a los secuestros.

Las manifestaciones del 5 de julio de 2007 en Colombia, levantaron una consigna esencial, por encima de las otras: todos contra las Farc, todos contra el secuestro como arma terrorista.

Estamos pues ante una nueva intriga de gran irresponsabilidad concebida por individuos que se dicen partidarios de “la paz” y “solidarios” con las familias de los rehenes pero que no vacilan en embarcar a las familias víctimas de las Farc en aventuras peligrosas. Esa gente está montando incidentes para tratar de desacreditar las movilizaciones antisecuestros de los colombianos.

¿Cual será el próximo paso de esa curiosa Ong? Si incidentes como ocurrido a Carolina Charry no son examinados e investigados por las autoridades, los actores ocultos de ese tejemaneje intentarán ir más lejos y utilizarán de nuevo, como carne de cañón, a otros hijos, esposas y parientes de los secuestrados.

Todos debemos estar alertas no sólo contra los secuestros sino contra las tentativas de explotación miserable del dolor de las familias de rehenes.

La mejor arma contra los provocadores vestidos con piel de oveja es la claridad.

La prensa escrita y los medios de información deben abrir más los ojos y detectar a tiempo las imposturas que les ofrecen los manipuladores. Su responsabilidad es inmensa.

En el caso de los secuestrados hay que hacer valer los hechos, y sólo los hechos, atreverse a distinguir la verdad del rumor, a oponerse a las distorsiones y a la perversión de los espíritus.

Las Farc cometen secuestros y crímenes abominables y tratan de ocultar su responsabilidad, deslizándola a los demás, al Estado, a la sociedad civil. Pero su acción va más lejos: ellas tratan de impedir que los colombianos vean la realidad claramente.

La propuesta de las Farc de crear una “zona de encuentro” para realizar un “acuerdo humanitario” a condición de que el gobierno retire la fuerza pública de enormes espacios del territorio colombiano, se inscribe en ese plan. Su “acuerdo humanitario” no tiene nada de “humanitario”. Su motivación es militar.

Cuando el gobierno rechaza el “despeje” exigido por las Farc no lo hace por “indolencia” ante los secuestrados, como pretende la citada Ong, ni para impedir que éstos regresen a sus hogares, pues él propone un acuerdo equitable y sin despejes e incluso está dispuesto a liberar unilateralmente ex guerrilleros arrepentidos, sino porque es conciente de la amenaza global. El llamado “despeje” es una necesidad de las Farc, para paralizar las fuerzas militares, no un dictado de las víctimas de ésta. Pues los rehenes, como se sabe, no pueden expresarse libremente. En cambio, Diego Mejía Isaza había dicho a su esposa que él estaba a favor de ser objeto de una liberación por la via militar en el caso de llegar a ser secuestrado.

A la luz del incidente de Cali y de la masacre de los once diputados del Valle, se puede concluir que los terroristas están tratando de explotar no sólo la situación de los rehenes, para tratar de desmantelar la política de la Seguridad Democrática, sino que están tratando al mismo tiempo de convertir a las familias de los rehenes en arma arrojadiza contra el gobierno.

Lo peor que las familias podrían hacer, el peor insulto que éstas harían a los secuestrados, y a la memoria de sus parientes muertos, es respaldar la propaganda de quienes secuestraron y asesinaron a sus parientes.

La actitud asumida por doña María Matilde Londoño Jaramillo revela, sin embargo, los límites de esa estrategia. Su actitud es una muestra de desprendimiento y de generosidad sin precedentes. Ella constituye el honor de las familias de los rehenes. El suyo es un llamado a oponerse con entereza a la barbarie. María Matilde Londoño Jaramillo probó que los parientes de secuestrados son capaces de ir hasta lo indecible para liberarse del chantaje de los criminales.

El ejemplo dado por la viuda de Diego Mejía muestra que el dolor de las familias no le impide a éstas hacer uso de la razón y adoptar una postura moral decente y transcendente.

La responsabilidad de lo que ocurre a los secuestrados y rehenes debe ser atribuida únicamente a los captores de rehenes, a los torturadores y asesinos de rehenes, y no a quienes buscan, por todos los medios y con toda abnegación, su liberación.

“La condescendencia con los secuestradores es la ruina de la civilización misma. El rescate armado de los cautivos es un derecho de la sociedad y un deber de los hombres en armas. Si el secuestrador muere, el rescate no ha fallado. La sangre derramada del justo salva la de muchos, garantiza la paz y edifica el derecho.” Estas palabras del ex ministro de Justicia Fernando Londoño Hoyos, pariente del fallecido Diego Mejía Isaza, pronunciadas luego del dramático descenlace del 12 de julio pasado, no pueden ser más justas y admirables.

*	Periodista colombiano, autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme de combat". Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de 2005.